Este jueves, el Pleno del Congreso definirá el rumbo de la denuncia constitucional por los presuntos delitos de rebelión y conspiración contra la exprimera ministra Betssy Chávez. En la denuncia también se encuentran involucrados los exministros Roberto Sánchez y Willy Huerta, extitulares de la cartera de Comercio Exterior y Turismo e Interior respectivamente. El informe los acusa de participar del golpe de Estado realizado por Pedro Castillo.
El documento está basado en la denuncia constitucional interpuesta ante el Congreso de la República por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En el informe que presentará la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones, concluye que Betssy Chávez tenía conocimiento del mensaje que daría Castillo Terrones el pasado 12 de diciembre.
Por otro lado, el acta asegura que Roberto Sánchez no ha brindado más detalle sobre las reuniones donde participó en el despacho presidencial en el mes de noviembre y diciembre de 2022. No obstante, recalca que sí se pronunció sobre el encuentro que tuvo el pasado 6 de diciembre. De acuerdo a su descargo, conversaron acerca de la estrategia que seguirían en el caso de aprobarse una moción de vacancia en el Parlamento.
En el caso de la participación de Willy Huerta, al extitular del Mininter se le acusa de sostener hasta cinco reuniones en el despacho presidencial a inicios del mes de diciembre. De acuerdo al oficio, el exministro no ha brindado mayor explicación sobre los temas que se discutieron en estos espacios.
El informe a debatir también indica que Huerta coordinó con Manuel Loayza, general PNP y jefe de la VII Región Policial, ciertas medidas que habrían sido solicitadas por la entonces primera ministra. Entre estas se encontraban la apertura de rejas de seguridad de Palacio de Gobierno para recibir a manifestantes a favor de Pedro Castillo.
El Pleno del Congreso también definirá hoy si Betssy Chávez y Roberto Sánchez continuarán ejerciendo su labor como legisladores o se suspenderán sus funciones mientras dure el proceso de investigación del Ministerio Público.
El delegado del caso contra la actual parlamentaria es Wilson Soto, de Acción Popular, quien sustentará, junto a Camones, esta tarde el informe ante el Poder Legislativo.
A favor de la investigación
Betssy Chávez envió un oficio al presidente del Congreso, José Williams, para solicitarle que se apruebe la denuncia constitucional en su contra. En el documento precisa que se allana a la investigación abierta en su contra donde se le señala como coautora del golpe de Estado del exmandatario Castillo Terrones.
“Quiero expresar mi total predisposición de coadyuvar con el esclarecimiento de los hechos y de no impedir el trámite procesal sobre la base de un privilegio (antejuicio) que, aunque constitucional y legítimo, no abona a dichos fines”, señala en la carta enviada por la legisladora de Perú Democrático.
“Existen múltiples irregularidades -por ejemplo, la imputación de un hecho alternativo y no de una calificación jurídica alternativa, o el requerimiento de medidas limitativas sin justificación sin justificación y elementos objetivos que la sustenten que incluso han sido declarado inadmisible”, afirma la abogada.
Chávez Chino también asegura que aceptará las medidas que el Ministerio Público dicte en su contra como parte de la formalización de la investigación preparatoria por el presunto delito de rebelión y conspiración.
En el caso de que la representación nacional apruebe que la exprimera ministra junto a Huertas y Sánchez cometieron los supuestos delitos que se les acusa, la Fiscal de la Nación podría solicitar la medida de prisión preventiva en contra de los presuntos involucrados.
Cabe recalcar que tanto Sánchez como Huertas ya cuentan con medidas restrictivas como el impedimento de salida del país de parte de la Superintendencia Nacional de Migraciones. En el caso de Chávez, la Comisión Permanente envió un oficio dirigido al Poder Judicial para que esta también sea efectiva en contra de Chávez Chino, pero el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria lo rechazó por no incluir “elementos de convicción”.
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