En una reunión con la presidenta Dina Boluarte, la bancada de Avanza País propuso este jueves otorgar la amnistía a efectivos de la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en medio de las protestas antigubernamentales, cuyas víctimas mortales ascienden a 70.
La iniciativa fue compartida por el presidente del partido, Aldo Borrero, quien estuvo en la cita junto con el congresista Alejandro Cavero, así como el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, y la canciller Ana Cecilia Gervasi.
“Hemos propuesto a la presidenta una amnistía para todos los policías y militares en este rango de tiempo que ha habido esta clase de manifestaciones porque no podemos abandonarlos, teniendo en cuenta que ellos, cuando el Perú más los necesitó, salieron al frente y defendieron nuestra democracia”, continuó.
El presidente de la agrupación refirió que uno de los temas más importantes que conversaron con la jefa de Estado es la situación de los policías y los militares, a quienes definió como “pilares de la democracia”.
“Sabemos que ellos, posteriormente, pueden tener persecuciones judiciales, lo cual nosotros no queremos y queremos darles la seguridad de que ellos van a poder continuar teniendo una carrera ejemplar como la han tenido hasta el momento”, enfatizó.
Una de las primeras voces en criticar la iniciativa fue la legisladora Ruth Luque, quien señaló que los “delitos que constituyen violación de derechos humanos deben investigarse y sancionarse con debidas garantías en sistema de justicia ordinario”.
La “amnistía o similar significaría obstaculizar acceso a la justicia e impedir que la verdad salga. En nuestra historia sabemos como acabaron”, tuiteó. Para el criminólogo Nicolas Zevallos, se trata de una “admisión velada de responsabilidad” y “una manifestación expresa de gusto por la impunidad”.
“Inaceptable. Que se haga justicia es mejor para el Estado, las instituciones y la ciudadanía”, señaló el experto. Por su parte, el politólogo José Alejandro Godoy ―quien contó la historia de la Ley de Amnistía de 1995 en su libro El último dictador (Debate, 2021)― indicó que “estas normas finalmente caen y no hacen bien a sus supuestos beneficiarios”.
“Ataques generalizados”
La propuesta de Avanza País llega el mismo día en que Amnistía Internacional (AI) denunció que hubo “ataques generalizados” hacia la población por parte de las fuerzas del orden y que la “grave crisis de derechos humanos” ha sido alimentada por el racismo y la criminalización contra comunidades indígenas y campesinas.
Guevara insistió en que el “uso excesivo y desproporcionado de la fuerza” por parte de las fuerzas del orden, que incluyó “uso ilegítimo de armas letales y armas menos letales de manera indiscriminada”, ha dejado un saldo “fatal y trágico”, que “profundiza el racismo sistémico que existe en las autoridades del Estado”.
“Las autoridades peruanas han permitido que, durante más de dos meses, el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del Gobierno ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos”, aseveró.
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