Tribunales validan acuerdos y condenan a 16 personas en dos procesos por drogas en Panamás

En menos de 24 horas después de su captura, 15 personas aceptaron responsabilidad penal y fueron condenadas a penas que van de 60 a 108 meses de prisión, como resultado de la operación antidrogas “Azuero”, desarrollada en las provincias de Herrera y Los Santos.

Las sentencias fueron impuestas tras audiencias de solicitudes múltiples celebradas en el Sistema Penal Acusatorio del Cuarto Distrito Judicial.

El caso gira en torno al delito de microtráfico, que en términos legales se refiere a la venta, distribución o posesión de drogas en pequeñas cantidades destinadas al consumo local, generalmente operando en barrios o comunidades específicas, a diferencia de las estructuras de gran escala dedicadas al tráfico internacional.

En esta causa, 20 personas fueron imputadas por delitos contra la seguridad colectiva en la modalidad de delitos relacionados con drogas, y 16 de ellas fueron declaradas penalmente responsables tras acuerdos de pena consensuados entre el Ministerio Público y las defensas.

En la provincia de Los Santos, el Sistema Penal Acusatorio de Las Tablas condenó a seis ciudadanos a 84 meses de prisión, además de imponerles una multa de $500 pagadera al Tesoro Nacional en el término de un año, una vez cumplida la pena principal. Otro de los vinculados recibió 92 meses de prisión, junto con una pena accesoria de 46 meses de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.

Dentro de la misma investigación, un ciudadano fue condenado a 60 meses de prisión, pena que fue reemplazada por trabajo comunitario no remunerado. A otro implicado se le impuso una multa equivalente a 100 días, a razón de $6 diarios, por el delito de posesión simple de drogas.

Tras valorar los argumentos de las partes, los jueces decretaron además dos detenciones provisionales al considerar que eran necesarias y proporcionales a la gravedad de los hechos.

En Herrera, específicamente en el SPA de Chitré, el tribunal de garantías declaró penalmente responsables a siete ciudadanos, imponiéndoles penas de 60, 78, 88, 94 y hasta 108 meses de prisión. También se fijaron multas accesorias que oscilan entre $250 y $500, pagaderas al Tesoro Nacional una vez cumplida la pena principal.

En esta jurisdicción se aplicó igualmente la medida cautelar personal de detención provisional a dos ciudadanos.

La operación “Azuero” se extendió por aproximadamente cuatro meses y permitió la aprehensión de 20 personas, de las cuales 18 son panameños y dos extranjeros.

El operativo incluyó 18 diligencias realizadas por la presunta comisión del delito de microtráfico, ejecutadas de manera conjunta por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas y la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional.

Durante las acciones se decomisaron presuntas sustancias ilícitas, teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que formaron parte de los indicios presentados en las audiencias. Los aprehendidos fueron llevados ante jueces de garantías para continuar con los trámites correspondientes, que culminaron con la validación de los acuerdos de pena en un proceso acelerado.

El Ministerio Público indicó que, en lo que va del año, junto a sus brazos auxiliares ha logrado el decomiso considerable de sustancias ilícitas tanto en la ciudad capital como en el interior del país, como parte de la estrategia para mitigar el tráfico de drogas y ejercer la acción penal mediante la aplicación de las leyes nacionales. A través de la Fiscalía de Drogas, la Procuraduría General de la Nación reafirmó su rol en la erradicación del microtráfico y conductas delictivas conexas.

La región de Azuero, donde se ubican las provincias de Herrera y Los Santos, en la parte central del país, ha registrado en los últimos años un incremento en casos vinculados al tráfico y microtráfico de drogas, en parte asociado al uso de rutas empleadas por estructuras criminales procedentes de Colombia.

Estas organizaciones aprovechan sectores costeros y áreas rurales poco pobladas para movilizar sustancias ilícitas y luego fragmentarlas para su distribución interna, lo que ha generado una mayor presión operativa y judicial en esta zona del país.

En paralelo, otra causa vinculada a delitos relacionados con drogas concluyó también con un acuerdo de pena. La juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Kerine Jaén, validó mediante sentencia n.º 347 del 27 de febrero de 2026 la responsabilidad penal de un ciudadano de 50 años por el delito de conspiración y reunión para cometer delitos relacionados con drogas, imponiéndole 72 meses de prisión.

En ese proceso, el tribunal estableció además una multa de $1,000 pagadera al Tesoro Nacional en un plazo de 12 meses. Durante la audiencia se admitió el sobreseimiento que absolvió al imputado de los cargos por delitos contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales y por liderato relacionado con drogas. También se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares reales sobre un vehículo perteneciente a un tercero y su devolución, así como la restitución de artículos y dinero propiedad del sentenciado.

La investigación, denominada “Operación Alpes”, tuvo su origen el 8 de abril de 2022, cuando se detectó que un grupo utilizaba reuniones y llamadas telefónicas para coordinar el traslado marítimo de sustancias ilícitas desde Colombia hacia Panamá. Ambos procesos reflejan el uso de acuerdos de pena como herramienta para cerrar investigaciones relacionadas con drogas en distintas jurisdicciones del país.