
La planilla estatal de Panamá acumuló $4,786 millones en salarios entre enero y noviembre, una cifra que vuelve a colocar el gasto en personal en el centro del debate fiscal.
No es solo un dato contable: es una señal clara de cómo el peso estructural del Estado sigue creciendo, incluso en un contexto donde el país enfrenta presiones por déficit, deuda y menor margen presupuestario.
En términos interanuales, el desembolso en salarios aumentó $57.9 millones, lo que representa un crecimiento de 1.2% frente al mismo período del año anterior.
Aunque el porcentaje parece moderado, el incremento en valores absolutos refleja que la masa salarial continúa expandiéndose en una economía que no crece al mismo ritmo. La planilla no solo absorbe una proporción relevante del presupuesto, sino que consolida un gasto rígido difícil de reducir sin reformas profundas.
El número de funcionarios también marcó un nuevo nivel. Al cierre de noviembre, el sector público registró 270,998 servidores, es decir, 7,143 funcionarios más que un año antes, un incremento de 2.7%.

Solo entre octubre y noviembre se sumaron 4,412 nuevos empleados, lo que evidencia que el crecimiento no se detuvo hacia el final del año. La mayoría de estas incorporaciones corresponde a personal permanente, lo que implica compromisos salariales de largo plazo.
Cuando se observa el acumulado de los once primeros meses —$4,786 millones en salarios— la comparación con otras fuentes de ingreso del Estado es inevitable.
El monto supera ampliamente los aportes anuales que el Canal de Panamá transfirió al Tesoro el año pasado, que sumaron 2,965 millones de dólares.
Igualmente, supera el costo de la Línea 3 del Metro de Panamá, un proyecto de 25 kilómetros que incluye un túnel por debajo del Canal de Panamá, obra que alcanza los 4,400 millones de dólares.
El crecimiento no fue uniforme entre instituciones. Las mayores variaciones en número de funcionarios se concentraron en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad Pública, la Asamblea Nacional y el Órgano Judicial.

Estas entidades explican buena parte del aumento en personal y masa salarial, consolidando una tendencia en la que las áreas sociales y de seguridad concentran la expansión del empleo público.
Este comportamiento no es aislado. Durante la administración de Laurentino Cortizo, la planilla estatal experimentó uno de los incrementos más pronunciados de las últimas décadas, tanto en cantidad de funcionarios como en monto total pagado.
El crecimiento acumulado en ese quinquenio dejó una estructura más pesada, con mayor gasto recurrente y menos flexibilidad presupuestaria. De acuerdo con la Contraloría General, entre julio de 2019 y junio de 2024 el empleo público registró un aumento neto de 24,082 personas, al pasar de 238,248 funcionarios cuando inició el mandato de Cortizo a 262,330 al cierre de junio de 2024.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el presidente José Raúl Mulino han reconocido que reducir el gasto en salarios es particularmente complejo, en parte por la existencia de leyes especiales que establecen incrementos obligatorios para educadores, estamentos de seguridad, médicos y otros profesionales del sector público.

Esa rigidez, han señalado, dificulta ajustes rápidos del gasto corriente y obliga a que cualquier estrategia de contención se apoye en reformas de mayor alcance, mejoras de eficiencia y revisiones de estructuras salariales y de contratación.
Las calificadoras de riesgo también han puesto el foco en este punto. En sus análisis han advertido que el aumento del gasto corriente, particularmente en salarios, complica la consolidación fiscal.
Para los mercados internacionales, el crecimiento sostenido de la planilla sin un aumento equivalente en productividad o ingresos tributarios es una señal de vulnerabilidad. La presión sobre la deuda y el déficit se intensifica cuando el gasto estructural no se ajusta.
Entidades con más funcionarios
Al cierre de noviembre de 2025, las instituciones con mayor cantidad de funcionarios en el sector público estuvieron encabezadas por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Salud y el Órgano Judicial.
El Ministerio de Educación registró 116,307 funcionarios en noviembre, con una planilla mensual de $114,096,000 aproximadamente, mientras que en enero del mismo año tenía 103,607 servidores, lo que implica un aumento de 12,700 funcionarios en once meses.

El Ministerio de Seguridad Pública reportó 45,100 funcionarios en noviembre, con un monto mensual en salarios cercano a $43,705,000. En enero contaba con 44,659 funcionarios, por lo que el incremento fue de 441 plazas. En el caso del Ministerio de Salud, la cifra ascendió a 42,266 funcionarios en noviembre, con una masa salarial mensual aproximada de $42,266,000, frente a 41,727 en enero, lo que representa un aumento de 539 funcionarios durante el período analizado.
Por su parte, el Órgano Judicial cerró noviembre con 13,764 funcionarios y un salario mensual estimado en $13,764,000, manteniéndose prácticamente sin variación respecto a enero, cuando también registraba 13,764 colaboradores.

Estas cifras confirman que Educación, Seguridad y Salud concentran no solo el mayor número de servidores públicos, sino también los montos más elevados en la planilla mensual, además de reflejar los principales incrementos en personal entre enero y noviembre de 2025.
Por su parte, la Asamblea Nacional, una de las entidades más cuestionadas por el manejo de su planilla, cerró noviembre de 2025 con 4,022 funcionarios, lo que representa un aumento frente a los 3,781 registrados en enero del mismo año, es decir, 241 nuevos colaboradores en once meses.
En términos salariales, el monto mensual ascendió a aproximadamente $7,6 millones en noviembre, comparado con cerca de $7,1 millones en enero, lo que refleja un incremento de alrededor de $500,000 mensuales en el período analizado.
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