CK Hutchison Holdings elevó el tono en su disputa por los puertos en Panamá, tras el fallo judicial que anuló la concesión de las terminales de Balboa y Cristóbal.
La controversia también ha escalado a nivel diplomático, luego de que autoridades de Hong Kong criticaran la decisión y advirtieran a Panamá sobre posibles efectos en la confianza de los inversionistas.
El conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings anunció en un comunicado que emprenderá medidas legales contra la filial de Maersk, APM Terminals, si esta asume el control de los terminales portuarios de Balboa y Cristóbal en Panamá sin su consentimiento, en medio de una aguda disputa por la administración de estas infraestructuras estratégicas.
La advertencia se produce después de que el grupo danés A.P. Moller-Maersk manifestara su disposición a hacerse cargo temporalmente de la operación de los puertos para evitar posibles interrupciones en el flujo de comercio regional y mundial, ante la incertidumbre generada por una reciente decisión judicial panameña.
La polémica tiene su origen directo en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que a finales de enero declaró inconstitucional la concesión que permitía a Panama Ports Company (PPC) —filial de CK Hutchison— operar los terminales de contenedores en la entrada del Canal de Panamá, tanto en Balboa, en el Pacífico, como en Cristóbal, en el Atlántico.
Esta sentencia —basada en que los contratos y las leyes que sustentaban la concesión violaban la Constitución— anuló décadas de acuerdos que databan de 1997, generando una crisis legal y administrativa sin precedentes.
Frente a ese panorama, CK Hutchison ha insistido en que cualquier intento de transición de la operación a terceros sin su acuerdo causará daños y dará lugar a recursos legales.
La compañía ha notificado formalmente al Estado panameño y a A.P. Moller-Maersk que la asunción de la administración por parte de APM Terminals, la subsidiaria logística del grupo danés, conllevará acciones legales por el perjuicio que ello podría causar a CK Hutchison, su filial Hutchison Port Holdings (HPH) y PPC, tal como estableció en su comunicado oficial.
“El 10 de febrero de 2026, Hutchison Port Holdings Limited (“HPH”) notificó a A.P. Moller–Maersk A/S que cualquier paso de APMT o de sus afiliadas para asumir la administración u operación de los puertos de PPC en Balboa o Cristóbal, en cualquier modalidad o por cualquier período, sin el acuerdo de CKHH, causará daños a CKHH, HPH y PPC, y dará lugar a acciones legales contra APMT y/o sus afiliadas involucradas”, indica la empresa en su comunicado.
La decisión judicial y las señales de Maersk de entrar temporalmente en la gestión de los puertos han provocado un escenario donde los principales actores están en tensión jurídica y política, con el gobierno panameño defendiendo la soberanía de sus decisiones y las empresas extranjeras reclamando protección de inversiones y cumplimiento contractual.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha afirmado que el país no cederá ante presiones extranjeras y que no emitirá un contrato único para la operación de ambos puertos en el futuro, en línea con la sentencia de la Corte.
En respuesta al fallo, CK Hutchison no solo ha advertido sobre posibles acciones legales contra Maersk, sino que Panama Ports Company (PPC activó un arbitraje internacional contra el Estado panameño, basándose en el contrato de concesión que operó por casi tres décadas.
La empresa argumenta que las medidas estatales han generado “perjuicios significativos” y daños adicionales, por lo que reclama una compensación económica en el marco de mecanismos internacionales como el arbitraje bajo la Cámara de Comercio Internacional.
Este arbitraje es central en la disputa, dado que PPC considera que el procedimiento judicial y las actuaciones del Estado han sido parte de una campaña dirigida contra su contrato de concesión, dificultando el diálogo y evitando soluciones consensuadas.
La firma asegura, además, que en el último año intentó en varias ocasiones comunicarse con autoridades panameñas para resolver el diferendo antes de llegar a esta instancia, pero que sus esfuerzos no recibieron respuestas efectivas.
La controversia pone en juego más que la administración de terminales portuarios: también complica un acuerdo global de venta de activos portuarios de CK Hutchison valorado en 23,000 millones de dólares, liderado por un consorcio internacional encabezado por BlackRock.
La anulación de los contratos en Panamá y la incertidumbre sobre los derechos operativos han generado dudas sobre la viabilidad de ese acuerdo y han añadido un componente geo-estratégico, considerando la importancia del Canal de Panamá en el comercio global y las tensiones entre potencias como Estados Unidos y China.
Las implicaciones de este conflicto han trascendido el ámbito empresarial y entrado en la esfera diplomática, con autoridades de Hong Kong citando al cónsul panameño en respuesta al fallo, criticando la anulación del contrato y advirtiendo sobre el impacto negativo que podría tener en la credibilidad de Panamá como destino de inversiones extranjeras.
Estas acciones reflejan la sensibilidad internacional que ha adquirido el caso, en el que se mezclan intereses económicos, jurídicos y políticos.
Entretanto, el Gobierno panameño ha reiterado que las decisiones judiciales son un reflejo de la independencia del Poder Judicial y que la estrategia de transición hacia un modelo de concesión más transparente y competitivo seguirá su curso.
El plan contempla, de momento, que APM Terminals asuma de forma temporal la administración de los puertos para evitar desabastecimientos o interrupciones en la cadena logística regional, mientras el Estado prepara nuevas licitaciones que podrían fraccionar la gestión de Balboa y Cristóbal en contratos individuales.
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