Estados Unidos respalda fallo sobre puertos en Panamá y el mercado reacciona a la anulación

La reacción del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de anular el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal se produjo este viernes a través de un mensaje publicado en redes sociales.

En su pronunciamiento, Rubio afirmó que Washington se siente “alentado” por el fallo judicial que declaró inconstitucionales las concesiones portuarias vinculadas a China, sin añadir mayores valoraciones sobre sus implicaciones políticas, comerciales o estratégicas.

El mensaje fue difundido pocas horas después de que el máximo tribunal panameño dejara sin efecto el contrato otorgado a Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings, que por más de dos décadas administró las principales terminales portuarias en ambas entradas del Canal.

La publicación de Rubio fue una de las primeras reacciones oficiales desde Washington tras conocerse el fallo.

En paralelo, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) emitió un comunicado en el que aseguró que el Estado activó un plan técnico de transición para garantizar la continuidad operativa en los puertos estratégicos.

Según el documento, las actividades en Balboa y Cristóbal continuarán desarrollándose con normalidad, sin interrupciones, y manteniendo niveles adecuados de productividad, eficiencia y calidad de servicio.

La AMP indicó que, durante el período de transición, se contará con el apoyo especializado de APM Terminals como administrador temporal, con el objetivo de preservar la estabilidad de la cadena logística y evitar afectaciones al comercio internacional.

Además, reiteró que Panamá, como propietario del sistema portuario, garantizará la continuidad del servicio y el cumplimiento de los compromisos con navieras y operadores.

El comunicado también subrayó la intención del Gobierno de avanzar hacia una transición ordenada y coordinada con PPC, destacando la importancia de mantener la cooperación durante esta etapa. En ese sentido, las autoridades insistieron en que el proceso se realizará dentro del marco legal, priorizando el interés nacional y la estabilidad del sistema portuario.

Las declaraciones de Rubio se producen en un contexto en el que Estados Unidos ha expresado, en reiteradas ocasiones, preocupaciones por la presencia de empresas chinas en puntos considerados estratégicos en torno al Canal de Panamá.

Estos cuestionamientos se intensificaron durante la administración del presidente Donald Trump, cuando altos funcionarios estadounidenses señalaron que la participación de conglomerados vinculados a China en puertos y proyectos de infraestructura podía representar riesgos geopolíticos para la región.

Durante ese período, Washington advirtió sobre un posible aumento de la influencia china en Centroamérica y el Caribe, en el marco de la competencia global entre ambas potencias.

En el caso panameño, la atención se centró particularmente en la operación de terminales ubicadas en las entradas del Canal, consideradas puntos neurálgicos para el comercio mundial.

Sin embargo, tanto el Gobierno de Panamá como la Autoridad del Canal y representantes de China rechazaron reiteradamente estas acusaciones.

Las autoridades panameñas sostuvieron que las concesiones fueron otorgadas bajo criterios técnicos, legales y comerciales, sin comprometer la soberanía, la neutralidad ni la seguridad de la vía interoceánica.

China, por su parte, negó que sus empresas operaran con fines políticos o estratégicos y defendió su participación como parte de inversiones privadas en el marco del comercio internacional.

La Autoridad del Canal de Panamá también insistió, en distintas ocasiones, en que las operaciones portuarias no interfieren con la administración ni con la neutralidad del Canal, y que el tránsito de buques se mantiene bajo control exclusivo del Estado panameño. Estas posturas fueron reiteradas frente a los señalamientos provenientes de sectores políticos en Estados Unidos.

Tras el fallo de la Corte Suprema, el Gobierno panameño ha buscado proyectar un mensaje de estabilidad y continuidad. En su comunicado, la AMP reafirmó su compromiso con la protección del interés nacional, la aplicación estricta del Estado de derecho y el fortalecimiento de la confianza de inversionistas y socios comerciales.

Además, destacó que Panamá seguirá siendo un socio confiable y estratégico para las cadenas logísticas globales.

Acciones a la baja

El impacto de la decisión judicial también se reflejó en los mercados financieros. Las acciones de CK Hutchison registraron una caída significativa en la Bolsa de Hong Kong tras conocerse la anulación del contrato.

En la jornada posterior al anuncio, los títulos del conglomerado retrocedieron entre 4% y 5%, reflejando la preocupación de los inversionistas por la pérdida de uno de sus activos más relevantes en América Latina.

En el ámbito local, especialistas en logística y comercio exterior advierten que uno de los principales retos para Panamá será garantizar una transición rápida, transparente y técnicamente sólida, que evite retrasos operativos, sobrecostos o pérdida de competitividad frente a otros centros portuarios de la región.

La integración entre el Canal, los puertos y las zonas logísticas es considerada una de las principales fortalezas del país.

La pregunta ahora es qué pasará con la venta de puertos que CK Hutchison Holdings tenía en marcha, porque las terminales panameñas eran una pieza sensible del paquete: la operación en Balboa y Cristóbal estaba incluida en una transacción global estimada en alrededor de $22,800 millones (también referida como cerca de $23,000 millones) y el fallo de la Corte en Panamá introduce incertidumbre jurídica sobre un activo que era estratégico por su ubicación en las entradas del Canal.

Según los términos reportados del acuerdo, la venta contemplaba el control de 43 puertos en 23 países (199 atraques) y tenía como principales compradores a un consorcio liderado por BlackRock junto a Global Infrastructure Partners y Terminal Investment Limited, vinculada a Mediterranean Shipping Company.

Con el contrato panameño ahora anulado, el mercado y la industria quedan a la espera de si la operación se congela, se renegocia excluyendo Panamá, o se reestructura “por partes”, un escenario que ya había sido explorado ante presiones regulatorias y políticas alrededor del paquete de puertos.