La deuda educativa de América Latina

La región logró que la mayoría de los niños accedan a la primaria, pero aún persisten grandes desafíos en los niveles inicial y medio

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Niños de tercer grado sentados en sus escritorios leyendo libros en una aula escolar iluminada.
Un niño de tercer grado en una escuela de Georgia muestra dificultad para leer durante la clase. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las últimas décadas, las políticas públicas latinoamericanas fueron logrando dos metas fundamentales: la universalización de la educación primaria y el acceso de los jóvenes a la secundaria. Sin embargo, todavía existe una deuda grande en garantizar la educación inicial, la finalización de la escuela media y el ingreso a estudios superiores.

Días pasados, se presentó la Estrategia de Educación 2030 presentada por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. En palabras de una de sus autoridades, el documento pretende ser una hoja de ruta clara para acompañar a los países en la construcción de sistemas educativos más justos, resilientes y preparados para los desafíos del siglo XXI. Este escrito sostiene que el gran desafío educativo ya no es únicamente garantizar el ingreso a la escolaridad, sino asegurar que quienes llegan a las aulas desarrollen los aprendizajes necesarios para participar plenamente en la sociedad y en el mundo del trabajo.

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En consonancia, las pruebas nacionales e internacionales son evidentes cuando muestran que, a pesar del aumento del acceso a la escolaridad, muchos estudiantes terminan la educación obligatoria sin alcanzar competencias básicas en lectura y matemática. Esta situación fue decayendo más a partir del 2015 y, profundizada, luego, por la pandemia, ampliando las brechas educativas y sociales que ya existían. El problema, entonces, no es solamente cuántos estudiantes llegan o permanecen en la escuela sino cómo aprenden.

Se sabe que la calidad educativa está vinculada con la buena infraestructura escolar, la disponibilidad de recursos, la gestión institucional y, especialmente, con la formación y el desarrollo profesional de los docentes; sin olvidar el financiamiento como factor clave para lograr lo anteriormente mencionado.

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En este sentido, el documento recupera una idea ampliamente respaldada por la evidencia internacional que plantea que ningún sistema educativo logra mejorar de manera sostenida sin fortalecer la profesión docente; esto es formar mejor a quienes enseñan, ofrecer capacitación en servicio y construir carreras profesionales atractivas. De este modo, deja de ser una política sectorial para convertirse en una condición indispensable del desarrollo.

La transformación tecnológica constituye otro de los ejes centrales para el crecimiento de la calidad educativa. Sin caer en un entusiasmo ingenuo o en el rechazo automático, el documento sostiene que la inteligencia artificial y las tecnologías digitales aparecen como herramientas con un enorme potencial para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero únicamente cuando forman parte de un proyecto amplio y coherente. Tal como he planteado más de una vez, el problema no es tecnológico sino pedagógico. De nada sirve la tecnología si no existen docentes preparados para integrarla en sus prácticas de enseñanza; es decir, es necesario y urgente capacitar los para formar ciudadanos digitales responsables.

A su vez, hay una gran distancia entre la formación docente y las competencias que demanda el mundo productivo. Jóvenes con bajo empleo, con la necesidad de fortalecer la educación técnico-profesional y el desarrollo de habilidades vinculadas con la innovación y el aprendizaje permanente son algunas de los ejes necesarios que debería fortalecer la enseñanza de la secundaria de hoy.

A su vez, es urgente acompañar a los adolescentes en desarrollar las capacidades que necesitarán para construir su proyecto de vida.

A ello se suma un desafío histórico de la región: la persistencia de profundas desigualdades territoriales y sociales ya que las oportunidades educativas continúan dependiendo, en gran medida, del lugar donde nacen los estudiantes, de los ingresos de sus familias o del contexto donde viven, urbano o rural. Reducir esas brechas exige políticas diferenciadas que garanticen condiciones reales de equidad. En este sentido, se necesitan programas focalizados e inversión con recursos que lleguen a quienes más lo necesitan.

Con casi 10 millones de niños, niñas y adolescentes latinoamericanos fuera del sistema educativo, el verdadero indicador de progreso será el ingreso, la permanencia y el egreso sumado a la capacidad de garantizar aprendizajes significativos, reducir las desigualdades y preparar a las nuevas generaciones para un mundo caracterizado por el cambio permanente. Ese es el desafío que la región tiene por delante, que estén dentro de la escuela, pero que aprendan. No solo escolarizar más, sino aprender mejor.