Impuesto a los autos: los esfuerzos del Gobierno para rebajar impuestos se diluyen por nuevas cargas fiscales de algunas provincias

El 2025 comenzó con buenas noticias en lo referido al precio de los automotores 0 Km. Por un lado, el Gobierno decidió no prorrogar el Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), que dejó de percibirse el 23 de diciembre de 2024. Por otro lado, se dispuso la eliminación transitoria de la primera escala del Impuesto Interno a los automotores que aplicaba para aquellos vehículos cuyo valor es mayor a $41.000.000 y menos a $75.000.000, y se redujo asimismo del 35 % al 18 % la segunda escala aplicable para los que tienen un valor superior a este último importe. Todo ello sin duda contribuyó a una reducción importante del precio de venta de varios modelos.

Lamentablemente, estas medidas están siendo empañadas por el “facilismo” con el que se manejan las jurisdicciones provinciales en lo que refiere a la recaudación de tributos locales, como ocurre con el Impuesto de Sellos que corresponde tributar por la compraventa de automotores.

Este tributo es un impuesto arcaico y obsoleto que grava la instrumentación de operaciones. En plena era de la digitalización, claramente es un impuesto que debería dejar de existir, por su carácter distorsivo en relación con el valor de bienes y el precio de los automotores.

El Ministerio de Justicia, en el marco de las modificaciones implementadas al Régimen Jurídico Automotor que permitan hacer que los trámites puedan hacerse integralmente de manera digital, agilizando procesos y eliminando etapas innecesarias, concluyó que resultaba necesario simplificar los trámites que los usuarios realizan en los Registros Seccionales y que las tareas que estos desarrollan deben ser exclusivamente registrales.

En ese entendimiento, denunció todos los convenios vigentes de Complementación de Servicios suscriptos con las municipalidades, provincias y CABA, en el marco de los cuales los distintos Registros Seccionales percibían hasta ese momento los impuestos y/o tasas relativos a la radicación de los automotores y de sellos, y las multas por infracciones de tránsito cometidas en jurisdicción provincial o municipal.

Ante este escenario, y a los fines de asegurarse el cobro del Impuesto de Sellos que grava las operaciones de compraventa de automotores, son varias las jurisdicciones –como por ejemplo, Misiones y Formosa– que han modificado sus legislaciones a efectos designar a las terminales automotrices y a las concesionarias como agentes de recaudación de dicho tributo. Y, dando un paso más profundo, de dudosa legalidad, están aquellas como Córdoba y Tucumán, que los han designado como responsables sustitutos, es decir, colocando a la terminal automotriz o concesionaria en reemplazo del contribuyente, debiendo aquellas directamente asumir la obligación tributaria en su lugar.

Todo ello implica una mayor responsabilidad, carga fiscal y costos administrativos que probablemente sean trasladados al precio de venta de los vehículos, lo que a su vez provocará que los consumidores deban abonar un importe mayor por aquellos conceptos que se determinan en función de aquel, como es el caso del seguro automotor.

En síntesis, los esfuerzos que hizo el Gobierno Nacional resignando recursos fiscales (Impuesto PAIS e Impuesto Interno Automotores), con la finalidad de estimular el consumo interno y lograr una reducción sustancial del valor de mercado de los automotores 0 km, estarían en parte siendo diluidos por la impericia y el “facilismo” de algunas jurisdicciones provinciales.

Estas últimas, con fines meramente recaudatorios, buscan asegurarse el cobro del Impuesto de Sellos que debe pagarse por la compraventa de un automotor, designando a las terminales automotrices y a las concesionarias como agentes de recaudación y, en algunos casos, como responsables sustitutos.

Mientras la Nación elimina impuestos y simplifica las operaciones, reduciendo las tareas de los Registros Seccionales Automotores a trámites exclusivamente registrales, algunas provincias aumentas las cargas fiscales y generan mayores costos que se terminan trasladando al precio de los automotores.

Litvin es socio y CEO de Lisicki Litvin & Abelovich; Cossio es gerente del Departamento Contencioso Tributario del mismo estudio