Hablemos de auditorías en serio

Este gobierno abusa de los DNU tanto como de las palabras “auditoría” y “control”.

Hace un uso excesivo de los decretos de necesidad y urgencia, tanto como de su supuesto interés por controlar y auditar.

El control de la calidad en la gestión pública es un tema delicado, pero nunca ha tenido mucho impacto en la sociedad, salvo en casos tremendos como las tragedias de Once o Cromañón.

Cuando sucede una tragedia como esas, los titulares se llenan de temas vinculados a la falta de control, a los informes desoídos y a las responsabilidades olvidadas e incumplidas.

El Gobierno puso otra vez el tema en la agenda y es bienvenido. Pero lo hace desde el desconocimiento y con un interés en particular de generar una catarata de títulos, relatos y supuestos que solo generan confusión.

El control es necesario. Es una parte fundamental para contar con gestiones transparentes y fortalecer a la democracia y al Estado. Y tiene que quedar muy en claro que auditar no es controlar opiniones y mucho menos perseguir. Si no se comprende esa diferencia, estamos en serios problemas.

De hecho, si en lugar de gritar acá y allá, levantando el dedo acusador, este gobierno se dedicara a trabajar para fortalecer el control externo de la gestión, se ahorraría mucho tiempo y evitaría discusiones que caen en saco roto.

Claro que hay que tener en cuenta que el control también debería auditar esta gestión. Quizá es eso lo que los frena. Es tema de otra nota, pero abundan los casos de conflicto de intereses, funcionarios que sin ser asignados actúan como tales, pero no rinden cuentas.

En fin, para fortalecer el control externo de nuestro país hace falta reglamentar el artículo 85 de la Constitución Nacional. Desde la reforma de 1994 esperamos que se reglamente para darle a la Auditoría General de la Nación la importancia que le corresponde según lo establecido en nuestra Carta Magna, pero eso no sucede.

Lo que permitiría esa reglamentación es contar con auditorías previas y concomitantes en casos que por relevancia presupuestaria e impacto social lo requieran; evitar la superposición de funciones con el control interno (como ahora con las universidades y controles de SIGEN y AGN); coordinación efectiva y fluida con la Comisión Mixta Revisora de Cuentas (que recién se conformó hace semanas); definición de plazos para aprobación de informes, elevación y aprobación por parte de la CMRC.

También podríamos analizar la incorporación de herramientas Tics e IA para los procesos de auditoría. Permitirían trazabilidad para los procesos o etapas de ejecución pública y aumentaría la transparencia de las gestiones.

Y podríamos detallar muchas más, pero quiero detenerme en la necesidad de dotar a la AGN de la capacidad sancionatoria ante la falta de cumplimiento por parte de los auditados, ya sea por denegación de entrega de documentación, retraso u obstaculización de tareas. Eso permitiría la determinación de responsabilidad de los funcionarios.

Y en cuanto a la composición del colegio de auditores, un dato no menor es que habría que incorporar el cupo femenino y tener en cuenta las posibles incompatibilidades y conflictos de intereses de quienes ocupen esos cargos.

Si de verdad queremos garantizar el control público, esas son algunas de las cuestiones que deberíamos estar debatiendo con seriedad. Todo lo demás no es más que una simulación para entretener que solo genera confusión.