
El mercado de las apuestas online viene creciendo de manera sostenida, tanto en Argentina como en la región. Los usuarios pueden apostar desde la comodidad de sus casas en la variada oferta que las empresas suben a sus plataformas. Juegos de azar y apuestas deportivas están al frente de las preferencias de los apostadores. Sin embargo, este negocio que está absolutamente regulado por el Estado enfrenta una situación que requiere intervención inmediata: el 80% de los sitios de apuestas en Argentina son ilegales.
Esto significa que estas plataformas no sólo no siguen los protocolos obligatorios para prevenir la ludopatía, sino que tampoco pagan impuestos por la actividad que desarrollan. A esto se suma algo sumamente preocupante y que puede generar un daño grave en los jóvenes. Los sitios ilegales permiten el ingreso de menores de edad, algo que está terminante prohibido en sitios registrados.
Combatir estos negocios ilegales no resulta sencillo, dado que no existe una ley que opere a nivel nacional. Cada provincia cuenta con su propia regulación al respecto. Además, al tratarse de sitios virtuales, algunas casas de apuestas están radicadas en otros países y operan sin licencia en Argentina. Una manera que puede utilizar el apostador para asegurarse de que está entrando en un sitio legal es chequear que el dominio finalice en bet.ar. De este modo, el usuario evitará caer en estafas virtuales, jugar en un ambiente protegido y estar seguro de que cobrará sus premios.
La proliferación de este tipo de plataformas no registradas está impulsada por una sólida campaña de publicidad que incluye a varios influencers y tiktokers. No existe ninguna ley que regule a quienes promocionan de manera irresponsable cualquier producto sin medir las consecuencias que su influencia puede generar.
Estos influencers apuntan directamente a los jóvenes, que son quienes más consumen su contenido. El número de menores de edad que apuestan en estos sitios ha venido aumentando exponencialmente desde la pandemia y creció durante el Mundial de Fútbol. La tentación de ganar dinero con un par de clicks puede generar efectos negativos en la salud física y mental de niños y adolescentes que todavía no están preparados para este tipo de actividades.
Las plataformas legales son prácticamente infranqueables para los menores, el proceso de alta en el sistema es muy riguroso en cuanto a ese particular. Como primera medida, cuando el usuario se registra, el sistema inmediatamente entrecruza los datos con el RENAPER para corroborar que los datos son reales y efectivamente corresponden a un mayor de edad.
Posterior a esto, la cuenta queda en verificación y se le pide a la persona que envíe foto de DNI de frente y dorso, segundo escollo para los menores. Y si en el caso que algún joven le haya sustraído el documento de edad a sus padres o a algún mayor, finalmente para retirar el premio y seguir apostando, se solicita nuevamente la imagen de la identificación nacional y posteriormente una foto estilo “selfie”, a modo de realizar un reconocimiento facial. Evidentemente, en las plataformas legales no puede haber menores sin una anuencia de algún mayor de edad.
Los primeros que advirtieron sobre está situación fueron los docentes, que veían con alarma cómo los alumnos apostaban mientras se encontraban en clase. Algunos menores de edad hasta se han convertido en “cajeros” de sus propios compañeros de escuela. Los cajeros son la versión digital de los antiguos levantadores de quiniela. La tarea consiste en tomar el dinero de los apostadores y destinarlo a los sitios de apuestas a cambio de una comisión.
Los maestros comenzaron a notar cambios de humor repentinos en sus alumnos. Los golpes en el pupitre y los estallidos de furia sin causa aparente en estudiantes habitualmente tranquilos eran producto de haber perdido una suma de dinero importante en un sitio ilegal.
La ludopatía infantil es un peligro que como sociedad debemos combatir con todas las herramientas a nuestro alcance. No solo cada familia debe hablar del tema y estar informada sobre el riesgo que representa que un menor se convierta en apostador, sino que el Estado tiene que fortalecer los controles para que este tipo de ilícitos cesen lo antes posible.
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