La falacia celeste y la educación sexual integral

El año 2018 fue un hito en la historia política argentina. Las calles fueron tomadas por posiciones antagónicas en el marco del fervor por el debate legislativo vinculado a la interrupción voluntaria del embarazo. De un lado, quienes apoyaban los derechos de las personas gestantes; del otro, quienes en sus palabras “defendían las dos vidas”. La polarización encontraba una única coincidencia: todos los grupos sostenían la importancia de la educación sexual.

El 8 de agosto el Senado se inclinó por negar los derechos de las personas gestantes y los grupos que se habían opuesto a la sanción de la ley demostraron que la coincidencia era tan sólo discursiva. Así, emprendieron una nueva batalla contra todos los proyectos de ley y políticas públicas que pretendían reforzar la educación sexual integral.

El argumento a favor de la ESI se volvió a presentar durante la maratónica sesión de este año. Quienes flameaban banderas celestes enarbolaban la educación sexual como escudo preventivo al aborto. Sin embargo, los datos dan cuenta de que la educación está lejos de ser una prioridad para las provincias. Bajo las consignas “con mis hijos no te metas” o “ideología de género”, han negado sistemáticamente durante los últimos años la implementación de una ley que reviste carácter de orden público, cuyos contenidos mínimos deben aplicarse en todo el territorio argentino.

A nivel nacional existe una amplia gama de realidades legales: 13 provincias sancionaron algún tipo de norma local específica sobre la temática, (Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Misiones, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego); 7 incluyeron la educación sexual dentro de otra ley general, como educación o salud sexual y reproductiva (Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Neuquén, Salta y Tucumán); 3 no dictaron leyes locales pero basaron sus programas en resoluciones o decretos de los gobiernos provinciales (San Luis, Mendoza y Formosa); y 1 no posee ley ni ninguna otra norma o, debido a la falta de información pública, no se tuvo conocimiento (Santiago del Estero).

Una aclaración: la sola existencia de normas sobre ESI no se traduce en un pleno ejercicio de esos derechos. Por ejemplo, sólo 17 provincias cuentan con programas estatales específicos para su implementación, que a su vez conviven con una militancia de obstrucción enquistada en las instituciones locales.

En un informe del 2018, el plan Aprender demostró que a nivel nacional sólo 4 de 10 estudiantes reconoció que sus docentes habían abordadon los temas de cómo evitar el abuso sexual y los métodos de prevención del embarazo y enfermedades de transmisión sexual; sólo 3 de cada 10 docentes, además, mencionó que habían trabajado contenidos como el embarazo o la prevención de enfermedades.

Las consecuencias de la falta de educación sexual también se puede observar en el informe 2017-2019 del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. El documento indica que 91.600 adolescentes y 2.500 niñas menores de 15 años tuvieron un hijo o una hija en 2016, lo cual representa el 13,4% de los nacimientos anuales.

Es tiempo de que se deje de lado la hipocresía del grupo que utiliza el argumento de educación como bastión para la negación de derechos. Sabemos que aquellas provincias cuyos representantes esgrimen este tipo de razones son las mismas que luego obstaculizan la implementación de la ley de educación sexual integral en sus territorios.

En pocos días el Senado tendrá la oportunidad de decidir si vivimos en un país más justo con personas más libres o si seguiremos condenando a ciertas personas a ser ciudadanas de segunda. Lo único que les pedimos es que no usen la educación sexual como bandera, que no la enarbolen para luego quemarla. Lo local importa y en las localidades la educación sexual aún sigue siendo una deuda.

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