El plan “Hay patria” avanza en Nicaragua entre actos oficiales y denuncias de presión para asistir

Antes de la votación prevista para enero de 2027, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo prevé llevar el plan “Hay patria” a, al menos, 90 municipios de Nicaragua. La campaña acompaña una reforma constitucional que extendería a siete años el mandato y modificaría las condiciones de participación política de la oposición.

La segunda etapa ya abarcó más de 50 municipios. El oficialismo presenta los encuentros como consultas ciudadanas, mientras testimonios recogidos por Confidencial.digital describen convocatorias a trabajadores estatales, estudiantes y personas vinculadas al sandinismo para asegurar asistencia.

Las actividades se realizan entre dos y cuatro veces por departamento y reúnen a habitantes de varios municipios. La propaganda oficial divulga fotografías y videos con jóvenes, emprendedores, campesinos, deportistas, religiosos y transportistas.

Rosario Murillo afirmó que las reuniones forman parte de una consulta que “patentiza, ratifica y potencia nuestra democracia”. Según la dirigente, esos espacios permiten que la población opine y exprese su voluntad.

Los testimonios publicados por Confidencia.digital presentan otra descripción de la dinámica. Las fuentes consultadas señalaron que, en algunos casos, los asistentes fueron convocados mediante estructuras estatales, partidarias o educativas, y que las intervenciones se organizan antes de cada acto.

Los testimonios describen intervenciones definidas antes de los actos

Joel, trabajador público de un municipio del norte del país, afirmó que los eventos buscan proyectar una imagen de respaldo. Según su relato, empleados y otros convocados ocupan los espacios preparados para las concentraciones.

“Esta gran farsa de supuesta consulta es un circo”, dijo Joel a Confidencial.digital. El trabajador sostuvo que los asistentes son llevados para aplaudir y llenar los lugares de reunión.

El empleado afirmó que las personas autorizadas a tomar la palabra son seleccionadas con anticipación. También indicó que los discursos se preparan antes de las reuniones.

Joel señaló ante la publicación que los organizadores buscan “aparentar un supuesto debate y consulta”. Según su versión, las intervenciones corresponden a personas elegidas previamente y con mensajes aprendidos.

El trabajador indicó que las alcaldías cubren parte de la logística de las actividades. Entre los recursos mencionó carteles de gran tamaño, autobuses, alimentación, equipos de sonido, tarimas y el traslado desde Managua de diputados, periodistas oficialistas y equipos de propaganda.

Javier, trabajador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, relató que recibió la instrucción de reunir a 3,000 personas. La concentración debía hacerse en una calle que permitiera mostrar una asistencia amplia.

Según Javier, alcanzar esa meta resultó difícil porque algunas personas no querían participar. El trabajador se refirió a una actividad que reunió a habitantes de tres municipios.

“Nos ha costado mucho llenar esas calles”, afirmó Javier. Según dijo, parte de los convocados está cansada de participar en actos donde, a su juicio, solo se espera que expresen respaldo.

El entrevistado participó en la selección de los oradores. De acuerdo con su versión, se priorizó a personas afines al partido y al mensaje que debía transmitirse.

Javier explicó que “el debate fue sobre quiénes podían tomar la palabra”. También señaló que existía poco margen para intervenciones fuera de lo previsto.

Estudiantes y empleados estatales relataron condicionamientos

Karla, estudiante de secundaria de un municipio del sur, contó que permaneció varias horas en una actividad que terminó al anochecer. La joven sostuvo que los estudiantes fueron convocados para ocupar tres cuadras previstas para el evento.

Según su testimonio, la asistencia estuvo vinculada al bono de bachiller que espera recibir al finalizar sus estudios. La estudiante expresó preocupación por la posibilidad de que estas convocatorias continúen si ingresa a una universidad pública.

“Nadie debate nada, simplemente llegan a levantar la mano y aplaudir”, expresó Karla. La joven calificó la consulta como una actividad sin espacio para discutir el contenido de la iniciativa.

Martín, empleado del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, indicó que un grupo de trabajadores públicos fue seleccionado para asistir a una actividad en un municipio del occidente. Según relató, las intervenciones quedaron reservadas para personas definidas por el partido.

El trabajador señaló que los asistentes recibieron instrucciones de vestir camisetas partidarias o ropa de civil. La indicación incluía no utilizar uniformes de instituciones estatales.

“La mayoría de los que estaban en cada uno de esos actos son gente acarreada y obligada”, afirmó Martín. El empleado consideró que las consultas no modificarán el contenido de las reformas.

Una comerciante dijo que asistió para evitar posibles consecuencias

Petrona, comerciante de un municipio que prefirió no identificar, explicó que antes apoyaba al sandinismo, aunque ahora se concentra en su negocio. Aun así, afirmó que continúa recibiendo invitaciones de miembros del partido para participar en actividades políticas.

La mujer indicó que no recibió amenazas directas. No obstante, dijo que decidió acudir para evitar posibles dificultades.

“Me obligaron a participar en estas consultas donde no nos consultaron nada”, relató Petrona. La comerciante explicó que hizo acto de presencia pese a no ser trabajadora pública ni recibir pago por asistir.

Según la comerciante, los organizadores registran a quienes concurren a las convocatorias. En su opinión, asistir le permite mantener una tranquilidad temporal.

Celeste, empleada estatal desde hace más de 15 años, sostuvo que los asistentes no pueden pedir la palabra por iniciativa propia. También afirmó que las intervenciones siguen un guion establecido.

“Los únicos que mandan son Rosario Murillo y Daniel Ortega”, dijo Celeste. La trabajadora vinculó los actos y la reforma con lo que, a su juicio, es la postura del régimen frente a una eventual convocatoria de elecciones.