
El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) oficializó la expulsión definitiva de Nancy Nápoles Pacheco, presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, luego de que la edil fuera vinculada a proceso penal el pasado 9 de julio por presuntamente haber simulado su propio secuestro con el objetivo de encubrir y justificar un desfalco al erario público por un monto estimado en 40 millones de pesos.
La resolución fue emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del instituto político, instancia que meses atrás ya le había suspendido sus derechos partidarios de manera cautelar mientras avanzaban las indagatorias judiciales y los procedimientos internos derivados de las graves acusaciones en su contra.
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La determinación de la CNHJ no se limitó al caso de la funcionaria mexiquense, ya que el órgano jurisdiccional interno del partido guinda también resolvió expulsar a otras dos representantes populares en el sureste del país. Se trata de Blanca Yaneth Chiu López, expresidenta municipal de Jiquipilas, Chiapas, y de Olivia Espinosa, regidora del municipio de Ocozocoautla, en la misma entidad, quienes enfrentan señalamientos por su presunta participación en delitos de abuso de autoridad y extorsión agravada. Con estas resoluciones, la dirigencia nacional busca marcar distancia frente a funcionarios involucrados en escándalos de corrupción o conductas ilícitas.

Las auditorías del OSFEM revelan 163 observaciones financieras
El detonante de esta nueva oleada de protestas radica en los resultados de las auditorías practicadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) a la Cuenta Pública 2025 del Ayuntamiento de Tenancingo. De acuerdo con los informes técnicos del ente fiscalizador, la revisión de cumplimiento financiero arrojó un total de 163 observaciones que evidencian un manejo opaco y desordenado del presupuesto municipal.
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Entre las principales anomalías documentadas por los auditores destacan los pagos realizados a supuestos trabajadores que ni siquiera figuraban dentro de la plantilla laboral autorizada, el otorgamiento de remuneraciones salariales muy por encima de los tabuladores oficiales establecidos y diversas inconsistencias contables en el ejercicio del gasto público. Para los integrantes del Colectivo Tenancingo, estos hallazgos constituyen pruebas contundentes y suficientes para que el Congreso estatal proceda a la remoción del cargo de Nancy Nápoles y audite a todo su círculo cercano de colaboradores.

Cuestionamientos por contratos y obras públicas bajo lupa
Los señalamientos de presunta corrupción no se circunscriben únicamente al manejo irregular de la nómina municipal. El informe del OSFEM también puso bajo escrutinio el apartado de adquisiciones y contrataciones públicas. Tras analizar una muestra de 27 contratos celebrados por el Ayuntamiento, el organismo fiscalizador emitió cuatro resultados finales, diez recomendaciones y dos pliegos de observaciones, ordenando que los expedientes continúen en etapa de seguimiento para que la autoridad municipal intente solventar y comprobar documentalmente el destino de dichos fondos.
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Al respecto, Javier Calzada advirtió que existen serias dudas sobre la ejecución real de diversas obras públicas, los procesos de adjudicación directa y la identidad de las empresas beneficiadas con contratos millonarios. Por ello, los ciudadanos reiteraron su exigencia de máxima transparencia para conocer con exactitud quiénes recibieron el dinero público, qué trabajos se realizaron efectivamente en las comunidades y que se aplique todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables del quebranto patrimonial en Tenancingo.

Exigen su destitución ante el Congreso mexiquense
Paralelamente al revés partidista, el rechazo social contra la gestión de Nancy Nápoles Pacheco continúa escalando en el Estado de México. Integrantes de la agrupación ciudadana Colectivo Tenancingo realizaron una movilización frente a las instalaciones del Congreso del Estado de México, en la ciudad de Toluca, para demandar formalmente la destitución inmediata de la alcaldesa, así como la apertura de una investigación profunda y exhaustiva sobre las presuntas irregularidades financieras, operativas y administrativas cometidas durante su administración.
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Encabezados por Javier Calzada, representante del colectivo, los manifestantes solicitaron la intervención directa tanto de los diputados locales de la Legislatura mexiquense como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), a fin de esclarecer el destino de los recursos municipales y fincar las responsabilidades penales y administrativas correspondientes.
Calzada explicó que, si bien la agrupación está conformada formalmente por más de un centenar de personas, sus reclamos reflejan el hartazgo y el descontento generalizado de miles de habitantes de Tenancingo. Asimismo, denunció que numerosos ciudadanos prefieren no acudir a las protestas públicas por temor a sufrir represalias, intimidaciones o amenazas, situación que —aseguró— ya han padecido quienes se han atrevido a cuestionar abiertamente el actuar de la presidenta municipal.
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“No estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo que hagan su trabajo. Su trabajo es rendir cuentas y esclarecer lo que está sucediendo”, sentenció el vocero de los inconformes al reclamar celeridad y compromiso por parte de los representantes populares en el Poder Legislativo estatal.
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