
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó disposiciones de la Ley Electoral de San Luis Potosí que fijaban 20 días para las precampañas de gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, además de reducir los plazos para reunir apoyo ciudadano para candidaturas independientes. La decisión se tomó en sesión del Pleno de este 18 de noviembre.
Según la SCJN en un comunicado, las reglas anteriores deben mantenerse vigentes para evitar un vacío normativo que afecte el desarrollo del proceso electoral. Esta determinación del Máximo Tribunal se tomó al resolver las acciones de inconstitucionalidad 113 y 114, ambas de 2026.
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El Pleno consideró que las legislaturas estatales pueden establecer la duración de las precampañas, pero deben justificarla de manera razonable y tomar en cuenta las diferencias territoriales y organizativas de cada cargo.
También determinó que reducir de 40 a 20 días el plazo para recabar apoyo ciudadano para la gubernatura, y de 25 a 20 días para diputaciones y ayuntamientos, sin disminuir el porcentaje requerido, dificulta el cumplimiento de los requisitos y restringe el derecho a ser votado.
Invalida la Suprema Corte la alternancia obligatoria de género en gubernaturas de Durango y San Luis Potosí

La SCJN invalidó el pasado 28 de septiembre la alternancia obligatoria de género para las candidaturas a gubernaturas en Durango y San Luis Potosí, al determinar que imponer permanentemente quién puede competir según su sexo restringe de forma desproporcionada el derecho de la ciudadanía a ser votada y la autodeterminación de los partidos políticos.
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El Tribunal Pleno anuló disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Durango, así como de la Constitución y la Ley Electoral de San Luis Potosí. Las normas ordenaban postular en cada elección a una persona de un género distinto al de la candidatura registrada en los comicios inmediatos anteriores.
En Durango, la regla debía comenzar a operar durante el proceso electoral local 2027-2028. En San Luis Potosí, su aplicación estaba prevista para los comicios de 2032-2033.
Paridad no obliga a una alternancia automática

La Suprema Corte distinguió entre la paridad de género, que constituye un mandato constitucional para garantizar la igualdad sustantiva en el acceso a cargos públicos, y la alternancia, que puede funcionar como una técnica para alcanzar ese objetivo en casos determinados.
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El Pleno concluyó que transformar esa técnica en una obligación secuencial y permanente para renovar gubernaturas crea una condición de acceso que la Constitución no contempla. Una gubernatura es un cargo ejecutivo unipersonal, por lo que la disposición excluía anticipadamente a las personas de uno de los géneros en cada proceso electoral.
La decisión estableció que los congresos de Durango y San Luis Potosí excedieron su libertad de configuración legislativa al fijar desde la ley el género de las candidaturas. La Constitución exige paridad, pero no ordena una alternancia automática en las titularidades de los poderes ejecutivos estatales.
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Esta invalidez no limita la vigencia del principio de paridad ni impide que se adopten acciones afirmativas para fortalecer la participación política de las mujeres. Esas medidas deben armonizarse con el derecho a ser votado, la autodeterminación partidista, el pluralismo democrático y la obligación de que las leyes sean generales, abstractas e impersonales.
Reforma potosina fue llamada Ley Esposa

La disposición de San Luis Potosí recibió popularmente el nombre de “Ley Esposa”. La reforma electoral, aprobada a finales de 2025, obligaba a los partidos políticos a postular únicamente mujeres para la gubernatura en 2027.
Esta medida recibió críticas debido a que fue interpretada como una vía para favorecer a Ruth González Silva, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo. El argumento para la norma era la alternancia de género y la paridad.
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El proceso legislativo incluyó un veto del gobernador, la derogación posterior de la parte más restrictiva por el Congreso local y la presentación de acciones de inconstitucionalidad.
En el caso de Durango, la SCJN validó la norma que permite a los partidos participantes en una candidatura común acordar previamente cómo distribuirán los votos obtenidos mediante un emblema conjunto. El convenio debe contar con la aprobación de la autoridad electoral y publicarse para conocimiento de la ciudadanía.
El Pleno consideró que este mecanismo protege la autenticidad del sufragio, pues la distribución de la votación queda definida antes de la elección. La resolución correspondió a las acciones de inconstitucionalidad 66 y sus acumuladas 82, 85 y 87, así como 81 y su acumulada 86, todas de 2026.
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Además, en un fallo similar, la SCJN ordenó el pasado 29 de septiembre al Congreso de Chihuahua incorporar la injerencia extranjera como causal de nulidad de una elección y armonizar su legislación con la Constitución federal en materia de nepotismo electoral. El Pleno también validó que los comicios puedan anularse cuando la delincuencia permanente o sistemática influya de forma determinante en el resultado.
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