
La Arquidiócesis de San Luis Potosí investiga denuncias por presunto abuso sexual contra menores atribuido a un laico que se desempeñaba como sacristán de la capilla de San Pedro y Santa María de Guadalupe, en la colonia Prados Segunda Sección de Villa de Pozos. Las madres de las víctimas ya presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía, mientras la institución religiosa ofrece acompañamiento jurídico, psicológico y espiritual.
La Comisión Diocesana de Protección a Menores y Personas Vulnerables recibió a dos madres de familia, quienes señalaron que podría haber más menores afectados. La información conocida hasta ahora apunta a al menos ocho víctimas de entre cinco y 13 años.
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Lucila Olguín Segura, encargada de la Oficina de Recepción de Denuncias de la Comisión, evitó dar detalles para no revictimizar a los menores, pero sostuvo que los señalamientos corresponden a hechos que podrían constituir delitos. “Son hechos graves y constitutivos de delito”, expresó.
El sacristán dejó el cargo tras los señalamientos

Los actos denunciados se atribuyen al entonces sacristán de la capilla ubicada en Plaza de las Águilas, en Prados Segunda Sección. El señalado presentó su renuncia el viernes previo a que las madres acudieran al Arzobispado, de acuerdo con Olguín Segura.
Las denunciantes también habrían referido una posible participación de la esposa del sacristán y de un sacerdote. La Comisión no dio más información sobre esos señalamientos ni sobre las circunstancias de las agresiones denunciadas.
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La representante diocesana explicó que el protocolo eclesial establece que una persona vinculada con la Iglesia no puede mantenerse en funciones cuando enfrenta acusaciones de esta naturaleza, debido al riesgo para otras personas. En el caso de sacerdotes, pueden imponerse medidas preventivas como la suspensión; cuando se trata de trabajadores, pueden renunciar o ser finiquitados conforme a la legislación laboral y la ley de asociaciones religiosas.
La Arquidiócesis debe recabar información sobre los hechos y elaborar un informe para la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales. La Iglesia no puede presentar una denuncia penal por carecer de personalidad jurídica para ello, pero entrega a las víctimas un documento sobre los hechos que habrían ocurrido dentro de un espacio religioso y colabora con las autoridades durante la investigación.
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Esa colaboración puede incluir la apertura del templo para una eventual reconstrucción de los hechos. A partir del aviso y de la denuncia de las madres, la Fiscalía abre la carpeta de investigación correspondiente.
La Iglesia aplica un protocolo creado en 2019
La Comisión Diocesana fue creada en 2019 como parte de la política de tolerancia cero contra el abuso sexual decretada por el papa Francisco. El protocolo contempla creer inicialmente a las víctimas, en especial cuando son menores de edad, y separar de manera inmediata de sus funciones a la persona señalada como presunta responsable.
Olguín Segura agradeció que las madres acudieran a denunciar y reiteró que la Arquidiócesis brindará atención a los menores y a sus familias. Las personas que conozcan un caso pueden acudir a las oficinas de la Comisión, ubicadas en el Arzobispado de la calle Madero, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.
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También pueden comunicarse al teléfono 4448124164, al WhatsApp 4444317305 o al correo proteccionalmenorslp@gmail.com.
La funcionaria descartó que el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe se hubiera negado a recibir a las denunciantes. Explicó que el jerarca católico estaba fuera de la ciudad cuando se enteró del caso y tenía previsto buscar un encuentro con ellas.
Para el derecho canónico, los tocamientos, abrazos inadecuados, besos sin consentimiento, acoso verbal y miradas pueden considerarse abuso sexual. Los delitos graves contra menores cometidos dentro de la Iglesia por sacerdotes, integrantes de la vida consagrada o laicos con algún cargo son atendidos directamente por el Dicasterio en Roma.
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