Capturan a Pablo “N”, exservidor de la FGR que perdió una pistola, un cargador y cartuchos de una investigación

En caso de ser procesado y posteriormente sentenciado, Pablo “N” podría enfrentar hasta siete años de prisión

Pablo "N", detenido por perder un arma de fuego vinculada con una investigación. Crédito: FGR
Pablo "N", detenido por perder un arma de fuego vinculada con una investigación. Crédito: FGR
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Agentes de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI) capturaron a Pablo “N”, exservidor público de la Fiscalía General de la República (FGR), quien contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en el delito contra la administración de justicia, relacionado con la pérdida de indicios integrados a una investigación.

La FGR reveló la detención este 18 de noviembre, acompañada de una fotografía del sujeto. En el documento, la dependencia señaló que Pablo “N” tampoco entregó su arma de cargo ni otros bienes institucionales tras concluir su relación laboral con la Fiscalía en 2021.

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Tampoco entregó su arma de cargo al termino de su relación laboral con la FGR

De acuerdo con el comunicado de la FGR, Pablo “N” tuvo bajo su resguardo, por razón de su encargo como servidor público, un arma de fuego corta, un cargador de plástico color negro y quince cartuchos vinculados a una investigación en curso. Esos bienes se extraviaron en noviembre de 2019 dentro de instalaciones federales de la colonia Santa María Insurgentes.

Dos años después, en 2021, la relación laboral de Pablo “N” con la FGR terminó por baja mediante liquidación. Esa salida lo dejó obligado a devolver los bienes institucionales que tuvo bajo resguardo durante su encargo: un arma de fuego calibre 9x19 milímetros, dos cargadores, una credencial laboral, cincuenta cartuchos y un chaleco balístico.

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Hombre de espaldas con camiseta de manga larga y las manos esposadas detrás de la espalda, en un cuarto con una mesa.
La FGR confirmó este 18 de noviembre que Pablo "N" fue detenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pablo “N” incumplió esa obligación y omitió restituir los bienes señalados, de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía. Ese incumplimiento, sumado al extravío documentado en 2019, integró los elementos que permitieron a la autoridad judicial girar la orden de aprehensión que la FEAI cumplimentó.

El hombre ya fue puesto a disposición ante un juez de control, sin embargo, hará falta conocer la resolución judicial para determinar si Pablo “N” es procesado por el delito contra la administración de justicia que se le atribuye y posteriormente se acredita su culpabilidad.

El artículo 225 del Código Penal Federal castiga la pérdida de indicios con hasta siete años de prisión

El Código Penal Federal contempla la conducta atribuida a Pablo “N” en el artículo 225, ubicado en el Título Décimo Primero, “Delitos cometidos contra la administración de justicia”, dentro del capítulo que regula los delitos cometidos por servidores públicos.

La fracción XXXI de ese artículo tipifica como delito “alterar, modificar, ocultar, destruir, perder o perturbar el lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos relacionados con un hecho delictivo o el procedimiento de cadena de custodia”.

Esa fracción fue adicionada mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2009 y reformada posteriormente el 14 de junio de 2012 y el 17 de junio de 2016. El mismo artículo contempla, en su fracción VI, una conducta relacionada: la del servidor público que, teniendo obligación de custodiar, vigilar o proteger objetos por razón de su empleo, propició con su incumplimiento la pérdida o sustracción de esos bienes.

Para los supuestos de las fracciones III a VI del artículo 225, el Código Penal Federal prevé una pena de dos a siete años de prisión y de 30 a 150 días multa. La ley federal establece además, de forma adicional a la pena de prisión, la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar empleos públicos, consecuencias que recaen sobre los servidores sentenciados por este tipo de delitos.

Un juez de Morelia sentenció a dos años de prisión a una exagente ministerial

El fuero federal no fue el único ámbito donde se documentaron procesos recientes por delitos contra la administración de justicia cometidos por personal ministerial. Un juez de Morelia sentenció a dos años de prisión a Cynthia “N”, exagente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Medio Ambiente y la Fauna de Michoacán, por retener a un detenido nueve horas más del plazo que marca la Constitución.

El caso michoacano se originó el 14 de mayo, cuando un hombre fue detenido por no acreditar la procedencia legal de material no maderable que transportaba. El Código Penal de Michoacán, en su artículo 260, tipificó como delito contra la administración de justicia “detener a un individuo fuera de los casos señalados por la ley, o retenerlo por más tiempo del señalado en la Constitución”, con una pena prevista de tres a diez años de prisión.

La sentencia contra Cynthia “N” se obtuvo mediante un procedimiento abreviado, mecanismo que permitió a la exfuncionaria reconocer su responsabilidad a cambio de una reducción en la sanción.

Esa condena quedó por debajo del mínimo legal establecido en el Código Penal estatal, a diferencia del proceso que ahora enfrenta Pablo “N” en el fuero federal, donde la autoridad judicial determinará su situación jurídica tras la audiencia correspondiente.

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