
El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece hasta 10 millones de dólares a quien entregue información sobre las redes de lavado de dinero operadas por cárteles mexicanos, en una nueva fase de la ofensiva financiera que Washington mantiene contra el crimen organizado desde 2025.
El anuncio, difundido a través del programa “Recompensas por la Justicia”, busca golpear los mecanismos que permiten a estas organizaciones ocultar las ganancias del narcotráfico, el robo de combustible y el secuestro.
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La recompensa llega después de que Estados Unidos ejecutara, solo en 2026, más de una decena de acciones contra estructuras financieras de cárteles mexicanos, con un saldo acumulado de más de 600 sancionados vinculados al Cártel de Sinaloa y más de 250 al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desde el inicio de 2025, de acuerdo con cifras de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

El Consulado de Estados Unidos en Tijuana, entre otras instituciones, difundió el cartel oficial del programa este 17 de noviembre, con un número de contacto y un enlace de la red Tor para que los informantes puedan comunicarse de forma anónima y segura.
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El mensaje es directo: “Los cárteles ocultan ingresos ilegales a través de diversos esquemas de lavado de dinero. Ayúdenos a interrumpir sus prácticas financieras ilícitas”.
Ocho líneas de investigación concentran la recompensa
El programa detalla ocho mecanismos específicos que busca exponer:
- Contribuciones financieras de donantes y facilitadores
- Transacciones significativas de instituciones financieras y casas de cambio
- Robo de combustible
- Empresas o inversiones controladas por los cárteles
- Empresas fachada
- Esquemas que benefician económicamente a miembros de la organización
- Vínculos entre instituciones financieras formales y los cárteles
- Transferencias de fondos hacia sus operativos

El Departamento de Estado precisa que estas organizaciones “han cometido actos de violencia y terror” y están involucradas en esquemas de generación de ingresos a gran escala. El texto oficial agrega que sus actividades “han conducido a una afluencia de drogas mortíferas, criminales violentos y pandillas virulentas” a territorio estadounidense.
La base legal de la recompensa se remonta al 20 de febrero de 2025, cuando el Departamento de Estado designó a los primeros cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) y como Terroristas Globales Especialmente Designados (TGED), bajo el amparo de la Orden Ejecutiva 14157, emitida un mes antes. Esa orden declaró que estos grupos representan una amenaza “que se extiende más allá del alcance del crimen organizado tradicional”.
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Los golpes a los cárteles en el último año
Las autoridades han dado duros golpes a las finanzas de diversos cárteles en los últimos meses. En abril, la ofensiva alcanzó simultáneamente a dos organizaciones. Washington sancionó los casinos Casino Centenario, en Nuevo Laredo, y Diamante Casino, en Tampico, señalados de lavar dinero para el Cártel del Noreste, mientras la OFAC golpeaba a La Nueva Familia Michoacana con sanciones contra Ubaldo y Adita Hurtado Olascoaga, hermanos de los líderes del cártel.

Adita, conocida como “La Venadita”, es señalada como la operadora financiera que lavaba dinero del narcotráfico mediante tiendas de ropa usada instaladas en el Valle del Río Grande, Texas. El esquema consistía en comprar ropa usada en Estados Unidos y revenderla en México, donde el cártel recibía el dinero ya blanqueado.
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El golpe contra La Nueva Familia Michoacana se extendió ese mismo mes a una red conjunta con el Cártel del Pacífico. La UIF de México y la OFAC desmantelaron una estructura dedicada a insumos químicos para drogas sintéticas, con 23 personas detenidas y cuentas bancarias con indicios de fraude fiscal.
Dos meses después, la mira se trasladó al CJNG. El 30 de junio, el Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) sancionaron a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas por contrabandear combustible robado, conocido como huachicol, en beneficio de esa organización.

El 23 de julio llegó el golpe más amplio de la historia del Tesoro contra un solo cártel. La OFAC sancionó a 55 personas y entidades del CJNG, incluido su nuevo líder, Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón”, sucesor de “El Mencho” tras su muerte.
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Dos meses más tarde, el golpe se trasladó al Cártel de Sinaloa. En septiembre, el Departamento del Tesoro sancionó a casi 50 objetivos vinculados a esa organización, entre ellos Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, y una red de jefes de plaza en Tijuana que operaban a través de la casa de cambio Magic Casa de Cambio para lavar efectivo procedente de Estados Unidos.
El Cártel del Noreste volvió a quedar en la mira un mes después. El 13 de octubre, la OFAC y la UIF ejecutaron una acción conjunta contra 11 empresas y cuatro personas que usaban negocios de construcción, transporte de carga, combustibles y carreras de caballos para lavar recursos de esa organización, entre ellos Gamaliel Garza García.
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El Cártel de Sinaloa recibió un nuevo golpe quince días después, cuando el Departamento de Justicia imputó a 24 personas por operar “La Oficina”, una red de tráfico de fentanilo y cocaína en Tennessee que también lavaba dinero mediante contrabando de efectivo hacia México. Dos de los presuntos líderes dirigían las operaciones desde centros penitenciarios estadounidenses.
El expediente de esa red conecta con un caso judicial resuelto semanas después. El 15 de noviembre, un tribunal federal de San Diego sentenció a 41 meses de prisión a Héctor Páez García por participar en una estructura que lavó aproximadamente 52 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa mediante empresas ficticias y criptomonedas. El caso forma parte de una investigación con 51 acusados, entre ellos los operadores de “La Oficina”.
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