
El abogado mexicano Héctor Alejandro Páez García fue sentenciado a 41 meses de prisión el viernes 13 de noviembre de 2026 en un tribunal federal de San Diego, California, por lavar recursos para el Cártel de Sinaloa. La sentencia cerró una etapa del caso contra una red que canalizó decenas de millones de dólares provenientes del narcotráfico mediante empresas fachada, cuentas bancarias y criptomonedas.
La investigación, a cargo del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, identificó a Páez García como integrante de alto rango de una organización dedicada a mover ganancias del narco. Las autoridades estadounidenses sostuvieron que su función consistía en recibir, administrar y entregar los recursos a la estructura criminal.
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Desde la detención y extradición del abogado desde Panamá en 2023, la investigación derivó en cargos contra 51 acusados. Las acciones contra la red también incluyeron decomisos de droga y dinero, además de sanciones financieras contra operadores y compañías vinculadas con el esquema de lavado.
La organización enviaba mensajeros a distintos puntos de Estados Unidos para recoger efectivo de distribuidores afiliados al Cártel de Sinaloa. Después, los recursos eran depositados en cuentas de empresas ficticias, divididos entre varias sucursales y registros bancarios para ocultar su origen.

La red movió dinero mediante empresas ficticias y criptomonedas
Una vez que el efectivo ingresaba al sistema financiero estadounidense, era transferido a cuentas controladas desde México o convertido en criptomonedas. Páez-García se encargaba de que los recursos llegaran a la organización criminal, de acuerdo con los registros judiciales.
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Las autoridades estimaron que, entre 2020 y su captura en 2023, el abogado ayudó a lavar aproximadamente USD 52 millones procedentes del narcotráfico. Otros documentos judiciales calcularon que la red blanqueó USD 52.7 millones para el Cártel de Sinaloa.
Páez García, de 43 años y originario de Ciudad de México, se declaró culpable en 2025 de conspirar para transportar y transferir ganancias del narcotráfico. El delito de conspiración para lavar dinero, previsto en la sección 1956(h) del Título 18 del Código de Estados Unidos, contemplaba una pena máxima de 20 años de prisión.

La investigación del FBI también llevó al aseguramiento de 66 cuentas bancarias relacionadas con el grupo. Tras esos decomisos, el abogado recurrió al uso de criptomonedas, aunque la estructura fue desmantelada mediante arrestos, extradiciones y procesos penales contra sus integrantes.
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La Fiscalía de Estados Unidos señaló que las acciones posteriores a la captura de Páez-García permitieron presentar cargos contra decenas de personas vinculadas con la misma organización. El caso fue llevado por los fiscales federales adjuntos Paul Benjamin y Robert Miller.
Los decomisos incluyeron más de una tonelada de metanfetamina
Como resultado de la investigación, las autoridades incautaron 1,304 kilogramos de metanfetamina, 34 kilogramos de heroína, 11 kilogramos de cocaína y 14 kilogramos de fentanilo. También aseguraron más de USD 4.1 millones.

El fiscal federal Adam Gordon afirmó que las autoridades perseguirían a quienes realizaran operaciones para los cárteles: “Cuando uno hace negocios para el cártel, se convierte en nuestro negocio”.
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Mark Remily, agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Diego, sostuvo que el lavado de dinero permitía a las organizaciones criminales conservar y ampliar sus operaciones. “Héctor Páez-García ayudó a canalizar decenas de millones de dólares provenientes del narcotráfico para el Cártel de Sinaloa, lo que permitió a la organización mantener y expandir su actividad delictiva”, declaró.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó en 2025 a Alberto David Benguiat Jiménez, identificado como líder de la organización, así como a empresas fachada operadas por Páez García. Benguiat Jiménez permanecía prófugo y residía en Ciudad de México, donde presuntamente lavaba dinero para el Cártel de Sinaloa y para José Ángel Rivera Zazueta, uno de sus operadores en la capital.
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Las fuerzas del orden de Estados Unidos identificaron entre las compañías señaladas a Scatman y Hatman Corp SAPI de CV, Personas Unidas Hoas SAPI de CV, Grupo Zipfel de México SA, Grupo Unter Empresarial SA de CV, Productions Pipo S. de RL de CV y Grupo Vindende SA de CV. Las sanciones también alcanzaron a Miguel Ángel Encinas Gómez, Hugo Andrés Velásquez Pantza, James Harmon Yarbrough, Victoria Johana López y Jonathan Suárez Flores, señalados como integrantes de la red de lavado.
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