Testimonio ante Fiscalía señala presunta fabricación de pruebas por parte de Maha Schekaibán

Un excolaborador del despacho de Schekaibán declaró sobre una presunta estrategia para obtener una mayor compensación económica, que habría incluido el pago de 80 mil pesos para alterar una evaluación psicológica utilizada en el conflicto judicial.

El litigio derivado del divorcio entre Maha Schekaibán y Bernardo Vogel, acompañado de diversas acusaciones de violencia e investigaciones judiciales, enfrenta nuevos cuestionamientos tras la presentación de un testimonio que señala una presunta fabricación de pruebas y posibles pagos a servidores públicos para favorecer a Schekaibán.

El documento, recibido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el 30 de junio de 2026 y ofrecido por Vogel, contiene la declaración ratificada ante notario de un abogado que trabajó en el despacho de Schekaibán.

Según el testimonio, presuntamente se habría construido una historia de violencia para obtener una compensación económica superior a la permitida por la ley, mediante la fabricación de pruebas y posibles pagos a funcionarios.

Entre los señalamientos destaca el presunto pago de 80 mil pesos para que una evaluación psicológica del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI), de la Fiscalía capitalina, concluyera que Schekaibán presentaba afectación psicológica.

La declaración también hace referencia a notas de voz en las que un abogado del despacho habría anticipado, nueve días antes de la valoración, que el dictamen presentaría a Schekaibán como víctima de violencia y establecería que no era generadora de violencia.

En otra grabación, el abogado señaló que el documento podría utilizarse en investigaciones relacionadas con niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con la declaración, para julio de 2024 existían al menos cinco carpetas relacionadas con el caso y una adicional presentada ese mismo mes contra Vogel.

La declaración notarial fue incorporada a la carpeta de investigación CI-FIDVF/75/UI-7 S/D/0369/01-2024. Hasta el momento, la Fiscalía capitalina no se ha pronunciado públicamente sobre estos señalamientos, de acuerdo con la información disponible.

Cuestionamientos públicos a las autoridades

El litigio también ha estado acompañado de señalamientos contra funcionarios judiciales. Desde 2024, al menos nueve servidores públicos de la Fiscalía capitalina y de los juzgados familiares han sido cuestionados por nombre y apellido en redes sociales y espacios de comunicación afines a Schekaibán.

En abril de 2025, Schekaibán declaró a La Jornada que la Fiscalía representaba una “luz de esperanza” y expresó confianza en su titular. Sin embargo, en julio de ese año acusó a funcionarias de la institución y, en octubre de 2026, exigió la destitución de una jueza familiar, mientras reconocía como válidos informes del propio Tribunal.

Estos antecedentes plantean interrogantes sobre la presión pública que pueden enfrentar las autoridades encargadas de valorar las pruebas y resolver el litigio.

El caso abre una discusión sobre la independencia judicial y la necesidad de que las resoluciones respondan a las pruebas contenidas en los expedientes, y no a las presiones ejercidas desde las redes sociales.

También pone de relieve la importancia de preservar la certeza jurídica y la confianza en las instituciones, elementos fundamentales para el Estado de derecho y el entorno de inversión en México.