Capturan en Los Ángeles a un exfuncionario de Sonora acusado de desviar más de 65 millones de pesos

Juan Alán “N”, exfuncionario del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP), fue capturado en Los Ángeles, California, el pasado 10 de noviembre, tras una investigación conjunta entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) y autoridades estadounidenses. El hombre, de 30 años, enfrentaba dos órdenes de aprehensión y una ficha roja de búsqueda internacional por delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.

La detención fue confirmada por el fiscal general de Justicia del Estado de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez. El funcionario detalló que el exservidor público será puesto a disposición de un juez de migración en Estados Unidos mientras se gestionan los trámites para su entrega a México.

Las acusaciones y los montos investigados

Juan Alán se desempeñaba como auxiliar administrativo de CECOP. De acuerdo con la investigación ministerial, entre el 17 de enero y el 1 de abril de 2025 habría realizado 234 transferencias electrónicas por un total de 65 millones 626 mil 697 pesos, operaciones que sustentan la causa penal por peculado en perjuicio del patrimonio del Gobierno del Estado de Sonora.

El exfuncionario enfrenta además una segunda causa por enriquecimiento ilícito, calculada en más de 120 millones de pesos.

“El cual tiene en su contra orden de aprehensión por peculado por alrededor de sesenta y cinco millones de pesos y por enriquecimiento ilícito por más de ciento veinte millones de pesos, aproximadamente”, señaló Salas Chávez.

Ambas carpetas de investigación se tramitan ante un juez en Sonora, quien requiere la presencia de Juan Alán para que enfrente los cargos en su contra.

Operativo de inteligencia y colaboración binacional

El fiscal explicó que las labores de inteligencia, gabinete y campo desarrolladas por la AMIC permitieron establecer que el prófugo podría encontrarse oculto con familiares en la región de Los Ángeles. Esa información fue compartida con personal de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como HSI.

“Hemos trabajado con ellos tanto en la parte de labores de inteligencia, gabinete y de campo, que logró la localización, ubicación y captura de este individuo”, afirmó Salas Chávez.

Mediante esta coordinación, las autoridades estadounidenses lograron ubicar y detener a Juan Alán cuando se trasladaba a su lugar de trabajo, vinculado con la remodelación de departamentos para personal retirado.

El caso de su esposa, también procesada

La investigación por enriquecimiento ilícito involucra también a Andrea Fernanda “N”, esposa de Juan Alán. Ella ya fue detenida, vinculada a proceso y permanece recluida en un centro penitenciario de Sonora.

Salas Chávez se refirió a ella como la pareja sentimental del detenido y precisó que lleva ya un tiempo sujeta a proceso dentro de un reclusorio del estado. No ofreció detalles adicionales sobre el estado procesal de la mujer más allá de confirmar su reclusión.

Qué sigue: la extradición a México

Juan Alán permanece bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses y sujeto a los procedimientos legales de ese país. La FGJES realiza las gestiones necesarias para lograr su entrega a México y presentarlo ante el juez que lo requiere en Sonora.

Ante la pregunta de un periodista sobre cuándo podría ser trasladado a territorio mexicano, Salas Chávez respondió: “Vamos a ver los trámites que se realicen con las autoridades norteamericanas”. El fiscal aclaró que el proceso dependerá de las determinaciones de las autoridades de Estados Unidos y que, por el momento, no existe una fecha definida para su traslado.

“Ahora será sometido a los procesos jurídicos que las regulaciones norteamericanas establecen para poderlo traer al estado de Sonora y que enfrente los cargos que tiene en su contra”, agregó el fiscal general.

La FGJES mantiene abiertas las investigaciones por delitos que afectan el patrimonio público, con el propósito de que los servidores públicos que presuntamente hayan aprovechado sus funciones para obtener beneficios indebidos comparezcan ante la justicia, incluso cuando intenten evadirla fuera del territorio nacional.

Qué dice la ley mexicana sobre peculado y enriquecimiento ilícito

El Código Penal Federal tipifica el peculado en su artículo 223 como la conducta del servidor público que distrae en su beneficio o en el de un tercero dinero, valores u otros bienes del Estado que haya recibido por razón de su cargo. Cuando el monto distraído excede las 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la pena va de dos a catorce años de prisión, además de una multa de cien a ciento cincuenta días.

El enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo 224, se configura cuando el servidor público no logra acreditar el aumento legítimo de su patrimonio o el origen lícito de los bienes a su nombre, incluidos aquellos en posesión de su cónyuge o dependientes económicos. La ley contempla el decomiso de los bienes cuya procedencia no se compruebe, además de prisión de dos a catorce años cuando el monto supera las 5 mil veces el valor diario de la UMA.

Ambos delitos forman parte del catálogo de conductas asociadas a hechos de corrupción que contempla el Sistema Nacional Anticorrupción, cuyas sanciones pueden incluir también la destitución y la inhabilitación del servidor público para ocupar cargos o contratar con el Estado durante un plazo de uno a veinte años.