Suprema Corte ordena perspectiva de género al separar a niños de sus progenitores

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las autoridades deben aplicar un análisis reforzado con perspectiva de género al separar provisionalmente a niñas, niños y adolescentes de alguno de sus progenitores, y al definir la responsabilidad penal de mujeres acusadas junto con su pareja.

El Pleno de la SCJN resolvió ambos asuntos este 9 de noviembre y ordenó revisar las pruebas y circunstancias particulares antes de modificar una custodia o confirmar una condena.

En el primer caso, la SCJN dejó sin efectos la medida que separó a un niño de su madre y lo puso provisionalmente bajo el cuidado de su padre. La decisión se tomó porque la carpeta de investigación presentada por el progenitor no contenía elementos objetivos suficientes para acreditar un riesgo real atribuible a la mamá.

El regreso del niño al domicilio materno no será inmediato. Debido al tiempo que ha transcurrido desde la separación, una persona perita del Centro de Convivencia Familiar Supervisada deberá elaborar un plan de reintegración gradual, seguro y con acompañamiento especializado para proteger su estabilidad emocional y psicológica.

Denuncia por violencia no acredita por sí sola un riesgo para la niñez

La resolución deriva de una controversia familiar entre dos progenitores que habían pactado una guarda y custodia compartida. El niño residía habitualmente con su madre, mientras el padre tenía un régimen de convivencias.

Después surgieron desacuerdos sobre el cuidado del menor y ambos presentaron denuncias por posibles hechos de violencia familiar. A partir de la denuncia del padre, una persona juzgadora ordenó provisionalmente que el niño permaneciera bajo su cuidado.

La madre impugnó esa decisión al argumentar que no existían pruebas suficientes para sostener que representaba un riesgo para su hijo. El Pleno concluyó que las autoridades familiares deben contar con elementos objetivos, suficientes y debidamente valorados antes de alterar el régimen de guarda y custodia.

De acuerdo con la SCJN, la existencia de una carpeta de investigación o de medidas de protección dictadas por el Ministerio Público puede ser relevante para el análisis, pero no comprueba automáticamente los hechos denunciados. Tampoco sustituye la obligación de la autoridad jurisdiccional de realizar una evaluación independiente, exhaustiva y contextual sobre los riesgos identificados.

SCJN ordena una reintegración gradual del niño al hogar materno con apoyo especializado

La Suprema Corte señaló que una medida que separe a una niña, niño o adolescente de alguno de sus progenitores debe superar un escrutinio estricto de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Antes de ordenar una restricción de esta naturaleza, las autoridades deben valorar alternativas menos restrictivas que preserven los vínculos familiares.

El análisis debe incorporar de forma conjunta las perspectivas de infancia y género. Esto implica revisar posibles relaciones asimétricas de poder, hechos de violencia y desigualdades en la distribución de las labores de cuidado, sin recurrir a estereotipos ni establecer preferencias automáticas en favor de la madre o del padre.

En este caso, las autoridades tampoco valoraron integralmente el contexto familiar ni las afectaciones emocionales que la separación produjo en el niño. La SCJN ordenó restablecer el convenio de guarda y custodia compartida, bajo el cual el menor residía con su madre.

La Corte también realizará una versión de la sentencia en lectura fácil para que el niño comprenda plenamente la decisión. El asunto correspondió al amparo en revisión 85/2026.

SCJN ordena revisar una condena por robo agravado en el Estado de México

En una segunda resolución, el Pleno determinó que las autoridades judiciales deben aplicar una metodología con perspectiva de género e interseccionalidad cuando una mujer sea investigada, acusada o sentenciada por un delito cometido presuntamente con su pareja.

El caso se originó en el Estado de México, donde una mujer fue condenada a 20 años y seis meses de prisión por robo agravado cometido en transporte público. Las autoridades consideraron que participó en los hechos junto con su pareja sentimental.

La mujer promovió un juicio de amparo al sostener que no se valoraron adecuadamente sus circunstancias personales. Entre ellas señaló que cursaba un embarazo de alto riesgo, su condición familiar y una posible relación de subordinación frente al otro acusado.

Un tribunal colegiado negó el amparo. La mujer impugnó esa resolución ante la SCJN al considerar que no se aplicó de manera integral la metodología para juzgar con perspectiva de género.

La Corte explicó que el análisis debe identificar si existieron condiciones de violencia, dependencia, subordinación o desigualdad que pudieran haber influido en la conducta atribuida, en la posibilidad real de decidir sobre su participación, en la valoración de las pruebas o en la individualización de la sanción.

Precisa la SCJN que una relación sentimental no demuestra participación delictiva ni coacción

El enfoque interseccional exige examinar conjuntamente factores como el embarazo, la maternidad, el estado de salud, la condición económica y las relaciones familiares, cuando sean útiles para comprender el contexto en que ocurrieron los hechos.

La metodología no significa presumir que una mujer embarazada o madre carece de capacidad para cometer un delito. Tampoco implica tener por cierta su versión únicamente por pertenecer a un grupo en situación de vulnerabilidad.

Además, la relación sentimental con otra persona acusada tampoco demuestra, por sí misma, participación delictiva, coacción o falta de autonomía. Esas circunstancias deben acreditarse mediante un estudio individualizado de las pruebas disponibles.

Concluyó la SCJN que el tribunal colegiado descartó las condiciones personales y relacionales de la mujer sin aplicar integralmente las metodologías de género e interseccionalidad. Por ello concedió el amparo para que se emita una nueva resolución.

La nueva determinación deberá examinar las pruebas existentes. Solo si se identifican circunstancias relevantes que no puedan aclararse con ese material, la autoridad podrá definir si es necesario reponer el procedimiento penal. El asunto corresponde al amparo directo en revisión 3320/2026.