Aumentó 140% el número de adolescentes desaparecidos en jalisco desde 2019

El investigador de la Universidad de Guadalajara Jorge Ramírez vinculó el aumento de desapariciones de adolescentes en Jalisco y otros estados del Pacífico con un posible incremento del reclutamiento forzado por organizaciones criminales. Su análisis ubicó una concentración atípica de víctimas varones en el corredor que va de Michoacán a Baja California, una zona atravesada por la disputa armada entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Ramírez, doctor en Ciencias Sociales, describió al Cártel Jalisco Nueva Generación como una empresa criminal que suministraba reclutas para ese conflicto. Según el gobierno federal, Los Chapitos contaban con apoyo del CJNG, mientras La Mayiza era la facción rival dentro del Cártel de Sinaloa.

El académico revisó fichas de desaparición de adolescentes publicadas en 2024 y 2025, las contrastó con información proporcionada por colectivos de búsqueda de Jalisco y las comparó con notas de prensa estatal y nacional. El resultado fue una concentración de casos en entidades del occidente y noroeste del país.

“El reclutamiento está mutando rápidamente”, observó Ramírez. “Se ha vuelto más intenso, indiscriminado, coercitivo, con adiestramientos más breves y en movilización permanente”.

Las desapariciones de adolescentes crecieron en Jalisco

El investigador sostuvo que la captación no involucraba únicamente al CJNG, sino también a grupos de otros estados aliados o socios que participaban de forma directa o indirecta en los enfrentamientos de Sinaloa. La necesidad de nuevos integrantes habría aumentado ante la confrontación entre cárteles.

El hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, ocurrido en marzo de 2025, llevó a Ramírez a identificar rutas de traslado de jóvenes reclutados desde Jalisco. Las madres buscadoras señalaron que el sitio, atribuido al CJNG como campo de adiestramiento, también habría operado como centro de exterminio.

“Desaparecen en Jalisco, se les conduce a Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas, Nayarit, Sinaloa, para adiestramiento, reforzar posiciones o participar en confrontaciones abiertas”, explicó el especialista.

Víctor Manuel González Romero, exrector de la UDG entre 1995 y 2001 y autor del portal Desaparecidos en Jalisco, publicó que los registros estatales mostraron un alza de 140% en las desapariciones de adolescentes entre 2019 y 2026. La cifra pasó de 734 a 1,764 víctimas, de acuerdo con datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas.

Las edades de 15 a 17 años concentraron más fichas de búsqueda

González Romero advirtió que las cédulas de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco ubicaron a los adolescentes de 15, 16 y 17 años como los grupos con más desapariciones durante 2026. En promedio, se emitieron 1.2 fichas diarias por menores de edad.

El analista añadió que, hasta el 23 de octubre de 2026, el 46.4% de las fichas de mujeres desaparecidas correspondía a menores de edad. Entre los hombres, ese grupo representaba 14.4% de las cédulas publicadas.

La revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas también mostró un cambio en los grupos de edad con mayor número de reportes. Durante el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, el segmento de 25 a 29 años concentró 14.7% de los casos; en el segundo año, el mayor porcentaje correspondió a personas de 15 a 19 años, con 16.2%.

Hasta el 30 de septiembre, el Registro Estatal contabilizaba 16,247 personas desaparecidas en Jalisco: 89% eran hombres y 11% mujeres. El registro nacional sumaba 130,729 víctimas al 27 de octubre, de las cuales 79% eran hombres y 21% mujeres.

La Cámara de Diputados aprobó penas de hasta 25 años por reclutamiento

El 20 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó incorporar el reclutamiento forzado a la Ley General de Trata de Personas. La reforma estableció penas de 10 a 20 años de prisión, que podrían aumentar a 25 años cuando existieran amenazas, intimidación, coacción, violencia o abuso de poder.

Ramírez consideró acertado que la norma se centrara en quien realizara acciones para incorporar a una persona a un grupo delictivo y no en quien aceptara incorporarse. También respaldó el incremento de sanciones cuando mediara violencia física, amenaza o coacción.

“Con esta distinción terminará por perder peso el falso dilema en torno a si el reclutamiento fue voluntario o forzado”, afirmó. Propuso valorar el uso de las expresiones “reclutamiento ilegal” o “reclutamiento ilícito”, como ocurre en Colombia, y destacó que la reforma también castigaría la utilización o invitación para realizar actividades delictivas.

Tejiendo Redes Infancia consideró limitada la modificación legislativa porque el delito quedó incluido en la Ley General de Trata de Personas y no como una figura autónoma dentro del Código Penal Federal. La organización señaló que la legislación no incidía en la investigación de redes criminales, su financiamiento ni la colusión institucional, además de que no garantizaba protección para las víctimas.

La UDG alertó sobre el alza desde mayo de 2025

El Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la UDG alertó en mayo de 2025 sobre el crecimiento de casos entre jóvenes de 15 a 19 años. El aviso ocurrió dos meses después del descubrimiento del Rancho Izaguirre y no provino del gobierno estatal.

El órgano consultivo calculó que el promedio mensual de desapariciones en ese grupo de edad fue de 9.8 en 2023 y de 11.8 en 2024. Entre enero y mayo de 2025, el promedio subió a 25.3 casos mensuales, más del doble del registrado el año previo.

Dolores del Carmen Chinas Salazar, coordinadora del comité universitario, dijo que colectivos como Luz de Esperanza y Guerreros Buscadores habían advertido sobre reclutamientos mediante falsas ofertas de empleo. De acuerdo con los testimonios, jóvenes recibían llamadas desde otros estados y eran citados en la Central Camionera de Tlaquepaque, donde sus familias les perdían el rastro.

Ramírez detectó además un subregistro sistemático de niñas, niños y adolescentes en reportes de algunas entidades durante 2024. Aguascalientes, Estado de México, Yucatán y Campeche informaron que al menos 50% de sus registros correspondían a ese grupo, mientras Zacatecas, Coahuila, Jalisco, Sinaloa, Michoacán y Guerrero no superaron 25%.

González Romero consideró grave esa diferencia y sostuvo que varios gobiernos estatales no informaban correctamente los casos. Añadió que el gobierno federal conocía esa omisión, pero no la cuestionaba porque un menor número de desapariciones favorecía su narrativa.

Said Emanuel tenía 16 años cuando fue asesinado durante un convivio en Zapopan, la madrugada del 15 de septiembre de 2026. Dos hombres que viajaban en motocicleta le dispararon; la Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que no tenía ficha de búsqueda ni reporte de desaparición e investigaba si una organización criminal lo había reclutado de manera forzada.