Movimiento Ciudadano pide descentralizar la atención jurídica en la CDMX: estas son sus propuestas

Movimiento Ciudadano (MC) pidió al Gobierno de la Ciudad de México revisar la distribución de los servicios jurídicos y fortalecer la infraestructura destinada a garantizar el acceso a la justicia, particularmente para los habitantes de las zonas periféricas de la capital.

Durante la comparecencia de la consejera jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruz Villegas, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada, el coordinador de la Bancada Naranja en el Congreso capitalino, Royfid Torres González, expuso una serie de pendientes relacionados con la Defensoría Pública, la atención ciudadana, el Registro Público de la Propiedad y la reforma de Justicia Cívica.

El legislador consideró que, aunque existen esfuerzos para acercar los servicios del gobierno a la población, todavía hay obstáculos que dificultan el acceso de las familias a la asesoría y representación jurídica.

Entre sus principales planteamientos destacó la necesidad de descentralizar los gabinetes ciudadanos que se realizan en el Zócalo, debido a que los habitantes de algunas zonas de la periferia deben invertir varias horas en trasladarse al centro de la ciudad para presentar sus solicitudes y posteriormente dar seguimiento a sus casos.

MC pide llevar los servicios jurídicos a las periferias de la CDMX

Uno de los puntos centrales de la intervención de Royfid Torres fue la ubicación de los gabinetes ciudadanos de atención que se realizan los lunes y martes en el centro de la capital.

El diputado reconoció que estos ejercicios permiten establecer contacto directo entre las autoridades y los habitantes; sin embargo, advirtió que concentrar la atención en el Zócalo representa una dificultad para quienes viven en las alcaldías más alejadas.

De acuerdo con lo expuesto por el legislador, algunas personas deben recorrer trayectos de dos o hasta tres horas para llegar a estos encuentros, a lo que se suman los desplazamientos posteriores que necesitan realizar para conocer los avances de sus solicitudes.

Por ello, planteó la posibilidad de descentralizar estos mecanismos y llevarlos a distintos puntos de la ciudad, con el propósito de evitar que la población tenga que trasladarse hasta el primer cuadro para recibir atención.

La propuesta busca que los servicios gubernamentales tengan mayor cobertura territorial y que las personas puedan acceder a ellos sin que la distancia se convierta en una barrera adicional.

Defensoría Pública necesita más presupuesto: hay 642 defensores

Otro de los temas señalados por Movimiento Ciudadano fue la situación de la Defensoría Pública, cuya capacidad operativa, según Royfid Torres, enfrenta una carga considerable de trabajo.

Durante su participación, el legislador indicó que la institución cuenta con 642 defensores que atienden cerca de 270 expedientes cada uno, una cantidad que, a su consideración, requiere atención presupuestal y administrativa.

Torres González sostuvo que no es viable exigir mayores resultados al personal jurídico sin proporcionarles las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones.

En ese sentido, pidió considerar un incremento presupuestal para mejorar la infraestructura, ampliar la capacidad de atención y reducir el rezago de asuntos que enfrenta la dependencia.

El objetivo, explicó, es garantizar el derecho a una defensa jurídica gratuita para las personas que no cuentan con los recursos económicos suficientes para contratar servicios legales particulares.

El coordinador de Movimiento Ciudadano insistió en que el fortalecimiento de esta área debe contemplar tanto recursos humanos como materiales, pues la demanda de servicios requiere condiciones adecuadas para ofrecer una representación legal oportuna.

Piden modernizar el Registro Público de la Propiedad ante casos de despojo

La modernización del Registro Público de la Propiedad también formó parte de los planteamientos presentados ante la consejera jurídica.

Royfid Torres reconoció que se han registrado avances en materia de modernización del Registro Civil, pero consideró que también es necesario acelerar los cambios en la institución encargada de inscribir y dar certeza jurídica sobre los bienes inmuebles.

El legislador relacionó esta necesidad con la problemática del despojo de propiedades en la capital, al señalar que existen oportunidades para mejorar los mecanismos de registro, digitalización y diagnóstico de la situación inmobiliaria.

Asimismo, pidió identificar cuáles son las barreras que enfrentan las familias para regularizar sus propiedades, ya que los trámites y obstáculos administrativos pueden provocar que los inmuebles permanezcan durante años sin una situación jurídica actualizada.

De acuerdo con su planteamiento, mejorar los procedimientos del Registro Público de la Propiedad permitiría atender rezagos estructurales y facilitar que los propietarios cuenten con documentación en regla.

MC pide avances en el reglamento del Sistema de Cuidados

Durante la comparecencia, el diputado también abordó los pendientes legislativos relacionados con la elaboración de reglamentos, particularmente el correspondiente a la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México.

Torres González señaló que existe interés de su bancada en avanzar en esta agenda y preguntó a la Consejería Jurídica cuál es el estado actual del reglamento y de qué manera el Congreso capitalino puede colaborar para concretar su elaboración.

Aunque reconoció que la responsabilidad de emitirlo corresponde al Gobierno de la Ciudad de México, manifestó la disposición de Movimiento Ciudadano para trabajar de manera conjunta en un tema que, aseguró, ha generado coincidencias entre distintas fuerzas políticas.

Justicia Cívica en CDMX: piden aclarar alcances y presupuesto de la reforma

Finalmente, Royfid Torres expresó preocupación por la reforma de Justicia Cívica anunciada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y pidió conocer cómo se implementarán los cambios en los juzgados cívicos.

El legislador consideró necesario explicar con mayor claridad los alcances del nuevo modelo, así como las condiciones materiales y presupuestales que permitirán ponerlo en funcionamiento.

Advirtió que modificar los procedimientos o la estructura de los juzgados no garantiza por sí mismo una transformación de fondo si no se acompaña de recursos suficientes para mejorar las instalaciones y la capacidad operativa.

En particular, cuestionó que las reformas puedan quedar sujetas a disposiciones presupuestales que no contemplen recursos adicionales, pues esto limitaría la posibilidad de concretar los cambios anunciados.

También planteó la importancia de que el nuevo esquema ofrezca alternativas para las personas infractoras y contribuya a evitar la reincidencia, además de proporcionar mejores condiciones para la atención de la ciudadanía.

Con estos señalamientos, Movimiento Ciudadano puso sobre la mesa una agenda que abarca desde la atención jurídica gratuita y la descentralización de servicios hasta la modernización de los registros inmobiliarios y la implementación de la Justicia Cívica en la capital.