EEUU presenta cargos contra 24 integrantes de una red vinculada al Cártel de Sinaloa, con operación en Tennessee

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este miércoles 28 de octubre cargos formales contra 24 personas señaladas de integrar una organización de narcotráfico vinculada al Cártel de Sinaloa que distribuyó grandes cantidades de metanfetamina, fentanilo, cocaína y otras drogas en el centro de Tennessee.

El fiscal federal Braden H. Boucek anunció la acusación en una conferencia de prensa en Nashville, derivada de una investigación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF).

Los documentos judiciales alegaron que la organización en Tennessee operaba bajo la dirección de sujetos en México y otros lugares, conocidos como “La Oficina”, quienes coordinaban las actividades de narcotráfico y conspiraron para distribuir cientos de kilogramos de droga mientras lavaban millones de dólares mediante transacciones financieras y el contrabando de efectivo hacia proveedores en México.

Según las acusaciones, dos de sus líderes dirigieron las operaciones desde prisiones estatales de Tennessee.

El comunicado de EEUU no precisó a qué facción del Cártel de Sinaloa es afín la organización. Los documentos judiciales no mencionan si la red operaba bajo “Los Chapitos”, liderados por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el grupo encabezado por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, o alguna otra fracción con menor relevancia.

Estos son los 24 acusados por EEUU

La acusación formal, de 33 cargos, identificó a los siguientes 24 imputados por conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir 50 gramos o más de metanfetamina, 400 gramos o más de fentanilo, cinco kilogramos o más de cocaína, además de cantidades de heroína y marihuana:

Humberto Morales, alias “Pelón”, “Homie”, “Big Homie”, “Jefe”, de 34 años; José Martín Pérez, alias “JR”, “Junior”, de 30 años; Roger Dale Floyd, alias “Crow”, de 65 años; Eric Colon, de 36 años; Montay Batey, de 27 años; Monterrey Batey, de 34 años; Danielle Nuno, de 32 años; Tynerick D. Turner, de 26 años; Reginald Dante Samuels, de 37 años; Geovany José Rápalo Hernández, de 43 años; Juan Ramón Padilla-Torres, de 40 años; Johnny Mason, de 33 años; Quanshala Harper, de 30 años; César Carrillo Polina, de 23 años, y Hannah Ireland Thornton, de 24 años.

Nueve de los imputados enfrentaron, además del cargo de conspiración, cargos individuales por tráfico de drogas y posesión de armas de fuego, que conllevan una sentencia mínima obligatoria adicional de cinco años, consecutiva a cualquier otra pena: Chason Lipscomb, alias “Kilo”, de 29 años; David Joseph Kelsey, de 48 años; Héctor Alexis Rodríguez Sánchez, alias “Toly”, de 27 años; José Pablo Gachuz-Zamora, de 36 años; José Antonio Araujo-Rivas, de 32 años; Jesús Alberto Vázquez Rodríguez, de 35 años; José Antonio Olivas-Ávila, de 22 años; Magdiel Pina Ramírez, alias “Big Show”, “Menique”, “Moisés Rojas Rodríguez”, de 33 años, y José Cano Alonso, también identificado como “Heriberto Alonso Sánchez”, de 42 años.

Humberto Morales y José Martín Pérez, los dos señalados como líderes de mayor rango, enfrentaron además el agravante de haber dirigido las operaciones de la organización desde centros penitenciarios del Departamento Correccional de Tennessee, donde permanecían recluidos por delitos no relacionados con este caso.

Autoridades aseguraron más de 500 kilogramos de metanfetamina y 375 mil dólares en efectivo al grupo criminal

Según datos oficiales, la pesquisa culminó con la incautación de más de 500 kilogramos de metanfetamina, 20 kilogramos de fentanilo, 60 kilogramos de cocaína, más de 375 mil dólares en efectivo, varias armas de fuego y cinco vehículos.

El jefe de policía de Nashville, John Drake, señaló que la mayor parte de las drogas se decomisó en el condado de Davidson.

“No debemos olvidar que esta investigación resultó en la incautación de una enorme cantidad de drogas, incluyendo más de media tonelada de metanfetamina, además de cantidades menores de cocaína y fentanilo”, dijo Drake. Agregó que los detectives, agentes y oficiales que participaron en el caso “salvaron vidas gracias a estas incautaciones” y “evitaron el sufrimiento de las familias”.

La acusación fue presentada por un gran jurado federal en Nashville el 21 de octubre de 2026 y desclasificada el 27 de octubre.

Según datos revelados por autoridades estadounidenses, para evadir a las fuerzas de seguridad, la organización criminal cambiaba de mensajeros y vehículos, además de usar automóviles registrados a nombre de terceros e intercambió matrículas con frecuencia.

Cuando las dependencias de seguridad localizaban o detenían a un integrante, otros participantes trasladaban las drogas, las armas y el dinero de los escondites antes de que los agentes pudieran actuar.

Humberto Morales y José Martín Pérez dirigieron la red desde prisiones de Tennessee

Los documentos judiciales indicaron que la organización operó bajo la dirección personas en México y otros lugares identificados como “La Oficina”, quienes coordinaron las actividades de narcotráfico en nombre del Cártel de Sinaloa.

Los clientes realizaron pedidos a través de “La Oficina” o sus representantes, frecuentemente Morales o Pérez, quienes negociaron precios y coordinaron los lugares de entrega.

La red dependió casi exclusivamente de Signal, una aplicación de mensajería cifrada, para coordinar las transacciones y evitar la detección de las fuerzas del orden. Después de cada negociación, La Oficina coordinó con los mensajeros y con las personas que supervisaban los depósitos de droga para completar las entregas.

De ser declarado culpable, Morales se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 25 años y hasta cadena perpetua. Cada uno de los 23 acusados restantes enfrentaría una pena mínima obligatoria de 10 años y hasta cadena perpetua en una prisión federal.

Dieciséis de los 24 acusados permanecen bajo custodia estatal por cargos no relacionados y serían presentados ante el tribunal federal en relación con este caso.

El gobierno solicitó la detención preventiva de todos, al alegar peligro para la comunidad, riesgo de fuga y posible obstrucción a la justicia.