
Un tribunal federal de Nueva York rechazó todas las mociones previas al juicio presentadas por la defensa de Naasón Joaquín García, líder de la organización religiosa La Luz del Mundo, junto con las de su madre, Eva García de Joaquín, y su sobrino, Joram Núñez. La decisión fue emitida el 27 de octubre de 2026 por la jueza federal Loretta Preska, del Tribunal Federal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
El fallo permite que la fiscalía continúe adelante con el proceso que enfrentan los tres acusados por cargos de crimen organizado, tráfico sexual y delitos financieros.
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Qué decidió la jueza del caso
El 27 de octubre de 2026, tras una audiencia oral, la jueza Preska denegó el conjunto de mociones presentadas por la defensa de Joaquín García, García de Joaquín y Núñez. La determinación permite a la fiscalía avanzar con los cargos de tráfico sexual y crimen organizado contra los tres acusados, según se informó.
La audiencia se desarrolló de forma presencial y abarcó distintos planteamientos legales que la defensa había acumulado desde julio de este año, cuando la misma jueza ya había negado una solicitud previa para acceder a transcripciones del gran jurado.
Con este nuevo rechazo, el proceso judicial contra los tres acusados continúa su curso dentro del Distrito Sur de Nueva York, sin que se hayan producido cambios en la jurisdicción ni en los cargos que enfrentan.
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Los argumentos que planteó la defensa
Los abogados de Joaquín García, García de Joaquín y Núñez cuestionaron la autoridad de la fiscalía para perseguir acusaciones que, según sostuvieron, implican conductas ocurridas fuera de la jurisdicción del distrito neoyorquino.
Según el comunicado difundido por La Luz del Mundo, la defensa “planteó argumentos legales y constitucionales sustanciales” para impugnar esa autoridad. La organización religiosa afirmó que esos desafíos legales “están sólidamente fundamentados” y adelantó que continuará disputándolos.
El escrito de la iglesia también señaló lo que describió como “la evidente falta de entrega de información básica para controvertir los cargos”, en referencia a material que la defensa había solicitado previamente, incluida la divulgación de transcripciones y pruebas del gran jurado, pedido que Preska ya había negado en julio.
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La respuesta de La Luz del Mundo
A través de un comunicado firmado por su Ministerio de Comunicación Social y Relaciones Públicas, La Luz del Mundo manifestó su “respetuosa discrepancia” con la decisión del tribunal.
El texto expresó mayor preocupación por lo que calificó como la dependencia de la fiscalía en una teoría de “coerción espiritual”, que, según la organización, “amenaza con convertir enseñanzas y prácticas religiosas en conductas criminales”. La iglesia rechazó “categóricamente cualquier intento de criminalizar creencias religiosas”.

El comunicado sostuvo que “las creencias religiosas son una elección libre” y que no pueden constituir coacción, al tiempo que invocó los derechos que otorga la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La organización agregó que considera inconstitucional que un tribunal sostenga que las creencias religiosas pueden equivaler a coacción.
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La Luz del Mundo aclaró que el fallo “no valida las falsas acusaciones, no establece la culpabilidad ni resuelve las graves cuestiones constitucionales planteadas por la defensa”. El texto añadió que la decisión “suscita serios cuestionamientos sobre el respeto a las garantías constitucionales, el derecho a una defensa adecuada y la observancia plena del debido proceso”.
La organización reiteró su respaldo a los tres acusados y vinculó el caso con la conmemoración de su Centenario, al señalar que, durante 100 años, la iglesia “ha servido a Dios, unido a las familias, fortalecido comunidades y promovido la paz”.
Cuándo se realizará el juicio
El juicio con jurado contra Joaquín García, García de Joaquín y Núñez estaba programado originalmente para el 15 de marzo de 2027 en Manhattan. Una orden judicial del 3 de septiembre de 2026 pospuso esa fecha al 29 de marzo de 2027, debido a un conflicto de agenda del tribunal. La decisión de Preska de rechazar las mociones de la defensa no modifica ese calendario.
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El proceso continúa con la fecha de juicio reprogramada, mientras ambas partes avanzan en la etapa previa, que incluye la entrega de notificaciones y pruebas adicionales por parte de la fiscalía.
Los cargos y los antecedentes del caso
El caso contra Naasón Joaquín García se originó con una acusación formal revelada el 10 de septiembre de 2025 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. El entonces fiscal federal, Jay Clayton, anunció cargos contra seis personas: Joaquín García, Rosa Sosa, Azalia Rangel García, Eva García de Joaquín, Joram Núñez Joaquín y Silem García Peña.
Según la Fiscalía, los seis integraron una organización criminal denominada “Empresa Joaquín LLDM”, que habría operado durante décadas dentro de la Iglesia La Luz del Mundo para facilitar el abuso sexual sistemático de niños y mujeres. Clayton declaró que “se aprovecharon de la fe de sus seguidores para abusar de ellos”.
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El día de la revelación de los cargos, Joaquín García fue detenido en Chino, California, donde cumplía una condena estatal por abuso sexual de menores. García de Joaquín fue arrestada en Los Ángeles y Núñez Joaquín en las afueras de Chicago. Sosa, Rangel García y García Peña permanecían prófugos, presuntamente en México, por lo que el Gobierno estadounidense anunció que solicitaría su extradición. El caso quedó asignado a la jueza federal Loretta A. Preska.

La Fiscalía sostuvo que el patrón de abuso se extendió durante generaciones dentro de la estructura familiar que lidera La Luz del Mundo desde su fundación en Guadalajara, México, en 1926. Tanto el fundador, Eusebio Joaquín González (“Aarón”), como su hijo Samuel Joaquín Flores (padre de Naasón, fallecido en 2014) y luego Joaquín García se habrían aprovechado de su posición como “apóstoles” para abusar sexualmente de feligreses, manipulándolos con la promesa de una “bendición” especial a cambio de servirles.
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El documento alega que Joaquín García ordenó a sus cómplices producir fotografías y videos de abuso sexual infantil para su gratificación, material que las fuerzas del orden habrían incautado. También sostiene que instruyó a colaboradores para seleccionar adolescentes de la iglesia bajo el pretexto de actividades religiosas. Sosa habría preparado y abusado directamente de menores junto a Samuel Joaquín Flores; García de Joaquín, esposa de Samuel, habría acicalado a menores para el abuso de su esposo y cometido abusos ella misma; Rangel García es descrita como una de las principales cómplices de Joaquín García.
Las finanzas de la organización y los cargos específicos
El caso incluye cargos por delitos financieros. Según la Fiscalía, los diezmos de los feligreses, aportados bajo la creencia de que financiarían actividades legítimas de la iglesia, se habrían destinado a viajes de lujo para Joaquín García y jóvenes que lo acompañaban, juguetes sexuales, productos de limpieza para destruir evidencia, autos, joyas y vuelos en jets privados.
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Tras el arresto de Joaquín García en California en 2019 por cargos estatales, miembros de la organización habrían presionado a sobrevivientes para que declararan falsamente que no habían sido abusadas, y destruido pruebas mediante trituración de archivos, quema de documentos e inmersión de dispositivos electrónicos en agua. Núñez Joaquín se habría hecho pasar por abogado de la iglesia para impedir denuncias ante las autoridades, función que García Peña, jefe de relaciones públicas de Joaquín García y de LLDM, habría cumplido de forma similar.

La acusación formal contempla seis cargos. El primero, conspiración de crimen organizado, alcanza a los seis acusados y prevé cadena perpetua para Joaquín García, Sosa, Rangel García y García de Joaquín, y 20 años de prisión para Núñez Joaquín y García Peña. El segundo, conspiración de tráfico sexual, recae sobre Joaquín García, Sosa, Rangel García y García de Joaquín, con cadena perpetua y un mínimo obligatorio de 10 años.
Un tercer cargo, trata sexual mediante fuerza, fraude y coacción, afecta a Joaquín García y Rangel García con penas idénticas. Ambos enfrentan además un cuarto cargo por inducción a viajar para actividades sexuales ilegales (20 años de prisión), un quinto cargo por conspiración para explotar sexualmente a menores (hasta 30 años, con mínimo de 15 años) y un sexto cargo por conspiración de explotación infantil, con cadena perpetua y mínimo obligatorio de 20 años.
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