La exigencia de entregar tierras, el robo de ganado y el control de los insumos para la producción agropecuaria forman parte de un nuevo frente de presión criminal que amenaza el patrimonio de los propietarios rurales en Tierra Caliente, región que abarca zonas de Guerrero y Michoacán.
En esa área, la Nueva Familia Michoacana habría pasado de imponer condiciones comerciales a buscar el control directo de los potreros para desarrollar su propio negocio ganadero.
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La información fue presentada por el periodista Óscar Balderas en su cápsula Nación Criminal, este miércoles 28 de octubre. La reconstrucción se basa en el testimonio de una fuente de Balderas, identificado como promotor educativo de la región.
De acuerdo con ese relato, las exigencias impuestas a los propietarios de potreros en Coyuca de Catalán, Guerrero, habrían cambiado entre 2013 y 2026: primero, el cobro de derecho de piso y la imposición de proveedores; después, el control de las compras de forraje y de la venta de ganado; y, más recientemente, el presunto robo de animales a gran escala y la presión para entregar las tierras.
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La fuente también refirió que más de 70 familias han sido desplazadas de la zona.
El señalamiento apunta a una transformación en la forma de obtener ganancias: en lugar de limitarse a cobrar cuotas sobre una actividad ajena, los criminales buscarían controlar directamente los terrenos y los recursos necesarios para producir. La hipótesis abre una línea de investigación sobre la posible apropiación de activos productivos y la presunta participación de autoridades en los procedimientos necesarios para consolidar el control de los predios.
De las cuotas a la imposición de proveedores
La secuencia descrita por Balderas sitúa alrededor de 2013 un esquema en el que los propietarios de potreros en Tierra Caliente debían pagar derecho de piso y comprar productos a proveedores designados por los responsables criminales de la zona.
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Para 2017, las exigencias habrían alcanzado una mayor parte de la cadena productiva. Según el testimonio de la fuente del periodista, los ganaderos debían adquirir granos, paja, pasto y forraje de los proveedores autorizados por el jefe de plaza, además de vender sus animales a las empresas que él permitía operar.
Actualmente, la dinámica habría cambiado de nuevo. La denuncia refiere robos de ganado a gran escala y presiones para entregar los terrenos, lo que permitiría al grupo criminal pasar de intervenir en los negocios de otros a buscar el control directo de los medios de producción.
La diferencia económica es relevante. El cobro de piso permite extraer una parte de las ganancias de una actividad ajena; imponer proveedores y compradores también permite intervenir en la circulación de mercancías. El despojo, en cambio, puede eliminar la autonomía de los productores y entregar a los agresores el control de los activos.
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De acuerdo con la fuente de Balderas, los propietarios de la tierra son citados —bajo amenazas de muerte— a reuniones del grupo criminal para obligarles a firmar la cesión de sus tierras.
Potreros, agua y ganado: los recursos en disputa
La ganadería depende de la disponibilidad de pastizales, agua, forraje e infraestructura para mantener a los animales y comercializar su producción. En el relato presentado por Balderas, los terrenos de la región representarían una oportunidad para desarrollar un negocio ganadero propio mediante el despojo de sus propietarios.
La hipótesis es que el control de superficies extensas permitiría concentrar los recursos necesarios para la actividad y reducir la dependencia de los productores locales.
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Las empresas fachada abren otra línea de investigación, pues, en un análisis del periodista, en la actualidad los criminales utilizan negocios establecidos legalmente para lavar dinero.
La extorsión como mecanismo de control económico
La imposición de proveedores y compradores descrita en Coyuca de Catalán tiene paralelismos con otros esquemas de extorsión documentados en regiones bajo influencia criminal.
El 31 de julio de 2025, Milenio publicó un reportaje sobre la expansión de las redes de extorsión de la Nueva Familia Michoacana. El texto describió cómo la organización extendió cobros y condiciones a distintas actividades económicas en zonas bajo su influencia. También documentó señalamientos sobre la infiltración de gobiernos locales y las redes de protección que pueden favorecer la operación criminal.
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Ese antecedente permite contextualizar el relato sobre los ganaderos, aunque no confirma el presunto despojo de potreros. La imposición de precios, proveedores o compradores puede permitir a una organización intervenir en la economía local sin poseer formalmente los negocios. La apropiación de tierras supondría un paso adicional: buscar el control directo de los activos que generan ingresos.
El caso también recuerda que la extorsión puede extenderse a distintos eslabones de una cadena comercial. En febrero de 2024, el propio Óscar Balderas publicó un reportaje sobre el control del rastro de Chilpancingo y su utilidad para calcular cuotas de extorsión a carnicerías, pollerías y otros comercios. La cobertura describió cómo conocer el volumen de carne que circula por un matadero puede facilitar la imposición de cobros a los negocios que la venden.
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El antecedente ilustra cómo el control de un punto de la cadena productiva puede proporcionar información y capacidad de presión sobre otros participantes. No demuestra que el esquema denunciado en Coyuca de Catalán opere de la misma forma, pero ofrece contexto para investigar cómo las organizaciones criminales intervienen en actividades económicas legales.
La presunta colusión de autoridades, otra línea de investigación
Uno de los señalamientos más delicados del relato expuesto por Balderas es que consolidar el despojo de terrenos podría requerir la intervención de funcionarios o intermediarios con acceso a procedimientos agrarios y registros de propiedad.
La hipótesis plantea una pregunta central: ¿cómo podría un grupo criminal pasar de expulsar a los propietarios a consolidar el control de sus tierras?
Para responderla se necesita identificar si los predios son ejidales, comunales o de propiedad privada; revisar las actas y los documentos que acreditan su titularidad; y comprobar si existen procedimientos de transmisión, reconocimiento de derechos o modificación de registros relacionados con las propiedades denunciadas.
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La participación de autoridades no puede comprobarse únicamente porque un cambio de titularidad requiera trámites administrativos. Para sostener que hubo colusión se necesitan documentos, expedientes, testimonios independientes o actuaciones que permitan identificar a los funcionarios involucrados y precisar cómo habrían facilitado el despojo.
Sin embargo, la información compartida en la cápsula no incluye nombres de empresas, expedientes agrarios ni funcionarios identificados. Esos vacíos impiden afirmar que el presunto despojo ya se haya traducido en cambios de propiedad formalmente acreditados o en una estructura empresarial controlada por la organización.
Un negocio que va más allá del narcotráfico
La información presentada por Óscar Balderas abre una línea de investigación sobre la posible diversificación de las economías criminales en el campo mexicano. El cobro de piso permite imponer costos a los productores, mientras que el control de proveedores y compradores puede condicionar la circulación de mercancías. El despojo, de confirmarse, permitiría aspirar al control directo de los activos productivos.
En Coyuca de Catalán, la denuncia apunta a ese segundo escenario: apropiarse de potreros para criar ganado, disponer de los recursos necesarios para mantenerlo y comercializarlo bajo condiciones impuestas por el grupo criminal.
Por ahora, la cronología de 2013, 2017 y 2026, el desplazamiento de más de 70 familias y la presunta colusión de autoridades forman parte de una denuncia que requiere corroboración independiente. Los antecedentes publicados por La Jornada documentan disputas territoriales y desplazamientos en la región, mientras que los reportes de Milenio e InSight Crime permiten contextualizar la expansión de la extorsión y las transformaciones de las organizaciones criminales.
Despojo y desplazamiento: los antecedentes en Tierra Caliente
Las denuncias sobre los potreros se conocen en una región donde habitantes de distintas comunidades han reportado amenazas, expulsiones y disputas por el control territorial.
El 10 de diciembre de 2023, La Jornada publicó un reporte del corresponsal Sergio Ocampo Arista sobre habitantes de al menos 100 comunidades de San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso, Técpan de Galeana y Heliodoro Castillo, en Guerrero, quienes denunciaban despojos y desplazamientos atribuidos a integrantes de La Familia Michoacana.
La publicación reconstruyó agresiones y salidas forzadas de habitantes de sus localidades. Entre los antecedentes mencionados estaba el ataque armado del 11 de diciembre de 2022 en El Durazno, Coyuca de Catalán, en el que murieron siete personas, incluido un niño de 11 años.
La situación volvió a generar alertas en 2026. El 14 de junio, dirigentes del ejido Guajes de Ayala, ubicado en Coyuca de Catalán, denunciaron un intento de incursión de integrantes de la Nueva Familia Michoacana.
Según el comunicado de los pobladores, un convoy de hombres armados avanzó por el único acceso de terracería a la zona y bloqueó el camino con maquinaria pesada. Los habitantes solicitaron la intervención de las autoridades federales y estatales ante el riesgo de enfrentamientos.
El 9 de julio, pobladores hicieron nuevas denuncias de ataques armados y explosivos lanzados desde drones en Guajes de Ayala, atribuidos por los habitantes a La Familia Michoacana. Según el reporte, varias familias abandonaron sus hogares y buscaron refugio en otra comunidad.
Estos antecedentes muestran la continuidad de las denuncias de violencia y desplazamiento en Tierra Caliente.
La Familia Michoacana y la Nueva Familia Michoacana: una distinción necesaria
La trayectoria del crimen organizado en Michoacán y Guerrero incluye fracturas, alianzas y reconfiguraciones que hacen indispensable precisar qué organización es señalada en cada caso.
La Familia Michoacana surgió en la década de 2000 y alcanzó una posición de poder en Michoacán. La muerte de Nazario Moreno González, alias El Chayo, en marzo de 2014, y las fracturas previas y posteriores contribuyeron a modificar el panorama criminal de la región.
La Nueva Familia Michoacana es una denominación asociada a estructuras surgidas de ese proceso de reconfiguración. Según Óscar Balderas, esta organización surge de la escisión de Los Caballeros Templarios y de Familia Michoacana ‘original’.
El medio especializado InSight Crime ha documentado las transformaciones y disputas entre las estructuras criminales que surgieron de las fracturas de La Familia Michoacana. La organización conocida como La Nueva Familia Michoacana está vinculada con los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, conocidos como El Pez y El Fresa, y mantiene presencia reportada en Guerrero y otras entidades.
Por ello, los reportes sobre La Familia Michoacana no deben atribuirse automáticamente a la Nueva Familia Michoacana. En el caso de los potreros, la denuncia presentada por Balderas apunta específicamente a la segunda organización.
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