
Un juez federal condenó a 41 años de prisión a cuatro integrantes de la banda de secuestradores conocida como “Los Carnales”, responsables de plagiar a tres víctimas en la carretera Xochimilco-Oaxtepec, en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México. La sentencia fue informada por la Fiscalía General de la República (FGR).
Los condenados son Jessica Miranda Rojas, Pedro de Jesús Mendoza Garavito, Gabriela Velasco García y Víctor Manuel Arámburo Lara. El juzgador los encontró responsables de los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado, les impuso una multa de 215 mil 352 pesos y ordenó el pago de 3 millones 359 mil pesos por reparación del daño material en favor de las tres víctimas.
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Qué pasó en el secuestro de Xochimilco
Los hechos ocurrieron en febrero de 2011, cuando los sentenciados privaron de su libertad a un matrimonio y a su hijo que circulaban en una camioneta sobre la carretera Xochimilco-Oaxtepec.
Las víctimas fueron trasladadas a una casa de seguridad en el municipio de Ecatepec, Estado de México, y tiempo después a otro inmueble en la colonia CTM-Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán.
En abril de ese mismo año, los familiares pagaron el rescate solicitado, pero los plagiarios solo liberaron al padre de familia, identificado como un empresario dedicado a la venta de mole. Un mes más tarde, la banda exigió una segunda entrega de dinero y únicamente soltó a la madre.
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El hijo de la pareja, en cambio, logró escapar de sus captores por sus propios medios y pidió el auxilio de las autoridades. En total, los afectados pagaron alrededor de tres millones de pesos en concepto de rescate, de los cuales las autoridades lograron recuperar 700 mil pesos.
El rol de la fiscalía en el proceso
La condena fue resultado del trabajo del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR). Esta unidad, luego de diversos procedimientos, aportó las pruebas que resultaron contundentes para demostrar la responsabilidad penal de los acusados.
La FGR explicó que ese trabajo probatorio permitió sostener la acusación tanto por el delito de delincuencia organizada como por el de secuestro agravado, cargos por los que finalmente se dictó la sentencia condenatoria.
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Como parte del fallo, la FGR obtuvo también el pago de la reparación del daño material en favor de las tres víctimas del secuestro, fijado en 3 millones 359 mil pesos. Este monto se suma a la multa impuesta a los sentenciados por 215 mil 352 pesos.
Quién es la banda de secuestradores “Los Carnales”
“Los Carnales” es el nombre con el que se identificó a la organización criminal dedicada al secuestro que operaba en la carretera Xochimilco-Oaxtepec, en la Ciudad de México. El grupo fue desarticulado originalmente en 2011, durante la gestión de Miguel Ángel Mancera como procurador de justicia del entonces Distrito Federal.
El exfuncionario reveló en su momento que la banda estaba encabezada por tres internos del penal de Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, quienes dirigían las operaciones del grupo desde prisión.
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La organización mantenía como método de operación la interceptación de víctimas sobre la carretera Xochimilco-Oaxtepec. Para presionar el pago de los rescates, enviaba a los familiares videos en los que se veía a los plagiarios disparar contra los secuestrados sin llegar a herirlos, ya que previamente les colocaban una placa de acero como protección.
Las personas secuestradas por el grupo eran trasladadas y confinadas en casas de seguridad ubicadas en Ecatepec, Estado de México, y en la colonia CTM-Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.
Otros casos de bandas de secuestradores en la Ciudad de México
En julio de 2026, ocho personas fueron vinculadas a proceso por operar una red de secuestro y extorsión activa en ocho estados del país. El grupo estaba liderado por Jorge “N”, un exagente del Ministerio Público federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo).
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Esa banda utilizaba documentos y uniformes oficiales para simular investigaciones, órdenes de captura y cateos, con el fin de privar de la libertad a sus víctimas bajo una apariencia de legalidad. El caso salió a la luz tras el rescate de una empresaria en Querétaro, por la que exigían un pago de 60 millones de pesos.
El grupo operaba en Querétaro, Estado de México, Tamaulipas, Morelos, Sinaloa, Sonora, Baja California y Chiapas. Los ocho implicados permanecen en prisión tras ser vinculados a proceso.
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