Siete mandos en dos años: la extorsión y la crisis policial ponen a prueba la estrategia de seguridad en Cuautla

Cuautla, Morelos, registró 96 denuncias por extorsión presencial entre enero y julio de 2026, mientras el Plan Cuautla desplegó a mil 708 elementos de distintas corporaciones para reforzar la seguridad en el municipio.

En paralelo, la estructura de la policía municipal está bajo cuestionamiento por la rotación de sus mandos y los señalamientos de presunta colusión con grupos criminales.

En este escenario, el 16 de octubre se difundió la petición de la regidora Anita Sánchez Guerra para disolver la corporación y que la Guardia Nacional asumiera las tareas de seguridad. Según afirmó, Cuautla tuvo siete responsables de seguridad entre 2025 y 2026, tres de los cuales reprobaron los exámenes de control y confianza. Además, sostuvo que el municipio cuenta con apenas 45 policías.

Sánchez Guerra, presidenta de la Comisión de Seguridad y Patrimonio Público del Ayuntamiento, también cuestionó la permanencia de funcionarios que trabajaron durante la administración del exalcalde Jesús Corona Damián, detenido en mayo de 2026 por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Los señalamientos abren preguntas sobre la integración de la corporación, los mecanismos de evaluación de sus mandos y la capacidad del municipio para responder a los delitos.

Siete responsables de seguridad y cuestionamientos a la corporación

La petición de disolver la Policía Municipal está vinculada con los señalamientos de Sánchez Guerra sobre la continuidad de mandos y funcionarios dentro de la estructura de seguridad local. La regidora afirmó que el municipio ha tenido siete responsables de esa área en dos años y que tres reprobaron las evaluaciones de control y confianza.

Entre los funcionarios que aparecen en la estructura municipal está Manuel Nieto Sotelo, encargado de despacho de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. El funcionario participó en la mesa de coordinación de seguridad celebrada el 20 de octubre, de acuerdo con el comunicado difundido por el Ayuntamiento.

La regidora ha cuestionado la permanencia de personal que trabajó durante la administración de Corona Damián. La continuidad de un funcionario no demuestra por sí misma que haya participado en actividades criminales, pero los señalamientos hacen relevante conocer los criterios con los que se designa a los mandos y los resultados de sus evaluaciones.

La cifra de 45 policías y la capacidad de respuesta local

Otro de los argumentos de Sánchez Guerra es que Cuautla dispone de apenas 45 policías municipales para atender a una población cercana a los 196 mil habitantes.

El balance del Plan Cuautla difundido el 11 de septiembre reportó el despliegue de mil 708 elementos de diferentes instituciones. La distribución informada incluyó mil 50 integrantes de la Guardia Nacional, 414 de la Secretaría de la Defensa Nacional, 88 policías municipales, 96 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y 50 policías estatales, además de personal de la Fiscalía General del Estado.

Los 88 policías municipales contabilizados en ese despliegue no deben interpretarse automáticamente como la plantilla permanente de la corporación ni como una refutación definitiva de la cifra mencionada por Sánchez Guerra.

El Plan Cuautla reporta detenciones y acciones contra la extorsión

El Plan Cuautla contempla la participación coordinada de autoridades municipales, estatales y federales para atender los problemas de seguridad en el municipio. En un balance presentado el 11 de septiembre, las autoridades informaron que más de 119 personas señaladas como presuntas generadoras de violencia habían sido detenidas dentro del despliegue general.

Esa cifra corresponde al conjunto de acciones del plan y no debe atribuirse exclusivamente a investigaciones por extorsión. En este delito, el reporte oficial enumeró 60 cateos, 28 detenciones en flagrancia y 18 vinculaciones a proceso. También informó de una red de protección para dos mil 336 establecimientos y de otra dirigida a comerciantes de seis mercados y de la Central de Abasto, integrada por 506 locatarios.

El gobierno estatal anunció además una inversión de 477 millones de pesos entre septiembre y diciembre para acciones relacionadas con seguridad, infraestructura, educación, economía, cultura y bienestar. El monto se presentó como parte de una estrategia más amplia para el municipio, por lo que no corresponde atribuirlo íntegramente a la operación policial o al combate de la extorsión.

Autoridades se reunieron el 20 de octubre para dar seguimiento al plan

Este martes, autoridades municipales y estatales participaron en una mesa de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad en las instalaciones del Quinto Regimiento Mecanizado, con el objetivo de dar seguimiento a las estrategias del Plan Cuautla.

En el encuentro estuvieron el alcalde Salvador Molina Martínez; el secretario de Gobierno de Morelos, Édgar Maldonado Ceballos; el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, José Luis Bucio Quiroz; el fiscal general del estado, Fernando Blumenkron Escobar, y Manuel Nieto Sotelo, encargado de despacho de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

La reunión confirmó que la coordinación entre las instituciones continúa como uno de los ejes de la estrategia. Sin embargo, el comunicado sobre el encuentro no detalló nuevas detenciones, operativos específicos contra la extorsión ni indicadores actualizados sobre la incidencia delictiva.

Cuautla encabezó las denuncias por extorsión presencial

Entre enero y julio de 2026, Cuautla registró 96 denuncias por extorsión presencial, con una tasa de 51.3 por cada 100 mil habitantes. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y un análisis de la organización Morelos Rinde Cuentas, el municipio presentó la cifra más alta entre las localidades del país con más de 100 mil habitantes.

La diferencia con otros municipios de Morelos también destaca en los registros: Yautepec acumuló 24 denuncias en el mismo periodo, con una tasa de 22.7 por cada 100 mil habitantes. La comparación muestra que Cuautla concentró una incidencia denunciada mayor bajo ese criterio, aunque no permite establecer por sí sola cuántos casos ocurrieron realmente en cada localidad.

Las denuncias registradas tampoco representan necesariamente la totalidad de los hechos. Los expedientes por extorsión puede no llegar a las autoridades por miedo a represalias, desconfianza o dificultades para presentar una denuncia. Por ello, las cifras oficiales deben leerse como casos registrados y no como un conteo exhaustivo de todas las víctimas.

La detención de Jesús Corona y los cuestionamientos sobre la policía

Jesús Corona Damián, exalcalde de Cuautla, fue detenido en Acapulco el 30 de mayo de 2026, después de permanecer prófugo durante diez días. Su captura ocurrió dentro del Operativo Enjambre y se relacionó con acusaciones de presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

La detención colocó bajo escrutinio a la administración municipal anterior y a los funcionarios que formaron parte de ella. De acuerdo con Sánchez Guerra, alrededor de 20 policías habían sido asignados a la protección del exalcalde.

Las acusaciones contra el exalcalde no implican que todos los integrantes de la policía municipal estuvieran involucrados ni permiten extender responsabilidades a funcionarios que no han sido señalados formalmente. Para establecer si hubo colaboración de servidores públicos con grupos criminales se requieren investigaciones individualizadas y resultados judiciales.

El caso forma parte del contexto en el que se discute la confianza en la institución municipal. La solicitud de disolver la corporación refleja la propuesta de Sánchez Guerra ante los problemas que identifica, pero su viabilidad y sus consecuencias dependerían de decisiones legales, administrativas y operativas.

Qué falta para medir los resultados del Plan Cuautla

Los datos disponibles permiten identificar dos dimensiones del problema: las acciones operativas anunciadas por las autoridades y el volumen de denuncias por extorsión registrado durante los primeros siete meses de 2026. Sin embargo, no son suficientes para determinar si el plan ha reducido el delito.

El primer elemento pendiente es una actualización comparable de las denuncias. Para establecer una tendencia, las autoridades tendrían que publicar cifras de meses posteriores y contrastarlas con los mismos periodos de años anteriores, con una metodología que distinga las modalidades de extorsión y evite atribuir cambios a la estrategia sin evidencia adicional.

También se requiere información verificable sobre la plantilla municipal, los resultados de los exámenes de control y confianza y los procedimientos de ingreso, permanencia y separación de los mandos. Esos datos permitirían evaluar los cuestionamientos sobre la capacidad de la policía sin depender exclusivamente de declaraciones políticas o de cifras generales de despliegue.

Un tercer componente es el seguimiento de los casos judiciales: cuántas personas detenidas por extorsión fueron vinculadas a proceso, cuántas recibieron sentencia y qué resultados tuvieron las investigaciones sobre posibles redes de protección. La cifra global de detenciones del Plan Cuautla no sustituye ese desglose.

La propuesta de disolver la Policía Municipal y trasladar las tareas de seguridad a la Guardia Nacional abre una discusión sobre la capacidad institucional del municipio.

Mientras no se conozcan los resultados de las investigaciones sobre presunta colusión, la situación real de la plantilla y la evolución de las denuncias, no es posible concluir que la disolución sea la única salida ni que la estrategia vigente haya fracasado.

La permanencia del Plan Cuautla y la reunión de coordinación del 20 de octubre muestran que las autoridades mantienen el esquema de trabajo conjunto.