Audiencia de Mario Marín por tortura contra Lydia Cacho es clave para la prensa: Artículo 19 pide sentencia apropiada

La organización Artículo 19 México y Centroamérica hizo un llamado a que hoy se dicte una sentencia apropiada contra Mario Marín, exgobernador de Puebla acusado de ordenar secuestrar y torturar a la periodista Lydia Cacho en 2005, por denunciar una red de pederastía en su libro ‘Los demonios del Edén’.

En un comunicado, la organización recordó que hoy se realizará en Quintana Roo la audiencia de vista en el proceso penal iniciado contra el exmandatario, conocido como ‘El Gober precioso’, por la probable comisión del delito de tortura.

Destacó que en la audiencia se emitirá una sentencia condenatoria o absolutoria a Marín, Por ello, la consideró un hecho “clave” tanto para la prensa como para la comunidad internacional, pues “lo que se resuelva determinará si en México quienes ejercen el poder político y privado pueden seguir violentando y torturando a periodistas sin consecuencias”.

En este sentido, Artículo 19 también exhortó a que la resolución “se sustente en los más altos estándares internacionales de protección a la libertad de expresión y de prensa”, y ello se traduzca en una sanción apropiada y proporcional a la gravedad de los hechos.

Cuestiona resoluciones y penas previas

La organización acusó que las penas impuestas a mandos operativos implicados en el caso han sido insuficientes frente a la gravedad del delito e incluso diversas resoluciones han supuesto nuevas vulneraciones institucionales contra la periodista.

Recordó que el 27 de julio de 2021, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Cancún concedió un amparo a Kamel Nacif Borge y lo liberó de responsabilidad por tortura. La resolución dio lugar a denuncias de presunta corrupción en ese tribunal, de acuerdo con Artículo 19.

En julio de 2025, el mismo tribunal exoneró a Juan Sánchez Moreno, excomandante de la entonces Procuraduría de Puebla, cuya pena había aumentado en apelación a 7 años y 6 meses de prisión. En agosto de 2024, Hugo Karam Beltrán salió de prisión tras un cambio de medidas cautelares derivado de un amparo; su proceso continúa pendiente.

El 14 de octubre de 2026, el excomandante Alejandro Rocha Laureano fue liberado tras cumplir una condena de cinco años y seis meses. Artículo 19 señaló que su salida no implica un reconocimiento de inocencia, pero muestra que la justicia ha sido lenta y ha impuesto penas reducidas pese a la gravedad de los delitos.

Lydia Cacho ha esperado justicia más de dos décadas

Artículo 19 recordó que Cacho fue detenida arbitrariamente el 16 de diciembre de 2005 en Cancún y trasladada por tierra a Puebla durante más de 20 horas. Según la organización, en el trayecto sufrió amenazas de muerte, incomunicación, violencia sexual, tortura física y psicológica.

La organización señaló que la agresión ocurrió como represalia por Los demonios del Edén, libro en el que la periodista expuso redes de explotación sexual infantil vinculadas con empresarios y autoridades mexicanas. En 2018, el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que el Estado mexicano violó sus derechos y exigió reparar el daño y sancionar a los responsables.

Aunque el Estado ofreció una disculpa pública en 2019, Artículo 19 sostiene que la justicia para Cacho ha llegado “a cuentagotas y en medio de múltiples violencias”. Ese año, sujetos armados allanaron su casa, envenenaron a sus mascotas y robaron material periodístico sensible, hechos que forzaron su exilio.

Desde entonces, Cacho ha seguido recibiendo amenazas en línea, sin garantías para ejercer su labor ni regresar en condiciones dignas, según la organización. La periodista y su familia cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 10 de agosto de 2009.

Ante esto, Artículo 19 convocó a la sociedad, los medios y los organismos internacionales a dar seguimiento público a la audiencia.

Asimismo, exigió que el proceso sea independiente e imparcial, con apego al debido proceso, protección a las víctimas y estándares internacionales de libertad de expresión y protección a periodistas.

Recordó que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ordenó investigar el caso de Lydia Cacho de forma “imparcial, pronta y exhaustiva”, así como procesar, juzgar y sancionar apropiadamente a los responsables. También pidió una sentencia proporcional a la gravedad de los hechos, que reconozca la agresión contra la libertad de prensa.

Artículo 19 solicitó medidas efectivas de seguridad, garantías de no repetición y condiciones para el retorno digno de Cacho. La periodista y su familia cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 10 de agosto de 2009, por lo que el Estado mexicano debe protegerlas.