Colectivos de buscadores acusan rechazo de SEGOB por revisión al Registro Nacional de Desaparecidos: exigen reunión con Rosa Icela Rodríguez

Colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas exigieron a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, detener la revisión unilateral del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNDPNO). A través de una carta abierta, las organizaciones denunciaron su total exclusión en el reciente nombramiento de expertos nacionales e internacionales encargados de auditar y evaluar dicho censo.

Las familias cuestionaron que la dependencia federal haya designado a especialistas en inteligencia artificial, políticas públicas y estadística sin entablar un diálogo previo con quienes llevan años en las labores de búsqueda. “Una vez más se nos está dejando fuera, a pesar de que nadie conoce mejor que nosotras, los retos y revisiones que son necesarias hacer”, señalaron las madres buscadoras en el documento.

Ante la falta de claridad, los colectivos solicitaron una reunión pública urgente con los expertos designados y las autoridades de Segob para transparentar los términos de referencia, la metodología que se utilizará y garantizar la independencia del proceso.

Subrayaron su desconfianza debido a que en la revisión pasada, realizada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se implementaron categorías que no existen en la ley —como “información insuficiente”— lo que derivó en acusaciones sobre un intento de “borrar” a personas desaparecidas de las listas oficiales.

El reproche de las organizaciones ocurre a unos días de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) rinda su informe ante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se evaluará la magnitud de la crisis en México y la posible creación de un mecanismo de asistencia internacional para hacer frente a un flagelo que supera las 135 mil víctimas.

La exigencia fue respaldada por organizaciones civiles, académicos y colectivos de búsqueda de más de 15 estados del país, entre ellos Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México, quienes demandaron que no se repliquen las malas prácticas institucionales al tratar a sus seres queridos como simples “cifras que van y vienen”.

Segob ya había revisado el Registro Nacional de Desaparecidos: ¿Qué pasó en ese momento?

El pasado mes de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su informe actualizado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, a la vez que presentó los avances derivados de la revisión y depuración del sistema, en donde confirmó que 130 mil personas se encontraban desaparecidas en México.

Ante esto, distintos colectivos defensores de derechos humanos, así como instituciones académicas, señalaron que las cifras presentadas por el gobierno Sheinbaum mostran inconsistencias, también acusaron la falta de participación de las familias en la construcción del diagnóstico oficial.

Asimismo, rechazaron el intento de reducir la cifra de personas desaparecidas, al recordar que el registro histórico supera los 130 mil casos, resultado —señalaron— de años de búsqueda impulsada por las propias familias.

Mientras que al principio del 2026, el CED de la ONU, dijo que en México atraviesa por una crisis de desaparición forzada, situación que fue desistimada por la mandataria, pues reprochó que no reconocieron sus estarategias de atención a la problemática.