Colectivos piden retirar cargos a manifestantes vinculados a proceso tras participar en marcha por agua en Jalisco

Colectivos de derechos humanos exigieron retirar los cargos contra Samuel, Alexis, Juan Darío y Teodoro, quienes fueron vinculados a proceso por presuntas lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad después de participar en la marcha por agua limpia del 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco.

Las organziaciones Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (RED TDT) y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) reclamaron su absolución y sostuvieron que no deben ser juzgados por participar en una protesta.

“Vincularon a proceso, con cargos por delitos y lesiones contra la autoridad, a Samuel, Alexis, Juan Darío y Teodoro”, escribieron en redes sociales.

La Red TDT informó que la vinculación a proceso se resolvió durante una audiencia celebrada en Guadalajara y pidió justicia para seis personas acusadas por los hechos relacionados con la movilización.

Esto último a pesar de que el 13 de octubre, dos días después de la manifestación, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció que el despligue policial para la marcha tuvo deficiencias y que incluso, elementos de la Policía estatal incurrieron en uso excesivo de la fuerza.

La organización dirigió su exigencia tanto al Gobierno de Jalisco como al Gobierno de México y solicitó que los imputados sean absueltos.

“¡Exigimos al @GobiernoJalisco y al @GobiernoMX justicia para los 6 acusados y absolución ya!”, añadió.

El CEPAD cuestionó la determinación judicial y afirmó que la vinculación a proceso de los cuatro manifestantes, a quienes se atribuyen lesiones y delitos contra representantes de la autoridad, respaldó la criminalización de la protesta social.

El colectivo vinculó el caso con la participación de los acusados en la defensa del derecho al agua.

“Hoy el Poder Judicial respaldó la criminalización de la protesta social. Termina audiencia de Samuel, Alexis, Juan Darío y Teodoro. Lamentablemente el juez ha vinculado a proceso, por lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad, a quienes se han manifestado por defender su derecho al agua”, señaló en su cuenta de X.

La organización exigió que Samuel, Alexis, Juan Darío y Teodoro queden libres de todos los cargos que enfrentan y sostuvo que ninguna persona debe ser procesada por ejercer el derecho a la manifestación. El llamado se concentró en la eliminación de las acusaciones que dieron lugar a la vinculación judicial.

“Exigimos la liberación por el total de los cargos. Nadie debe ser juzgado por ejercer su derecho a la protesta”.

Protesta por agua limpia derivó en detenciones en Casa Jalisco

La marcha “Agua Limpia para Guadalajara” se realizó el 11 de octubre en la Zona Metropolitana de Guadalajara, después de meses de denuncias ciudadanas por el deterioro del servicio.

Habitantes de diversas colonias reportaron que recibían agua con sedimentos, olor fétido y tonalidades café o negras, condiciones que, según señalaron, impedían actividades como bañarse, lavar ropa y cocinar.

“Los contingentes partieron desde la glorieta de La Minerva y avanzaron durante casi dos horas con la exigencia de contar con agua potable de calidad”.

La movilización partió de la glorieta de La Minerva y avanzó hacia Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus Navarro. Entre las consignas de los asistentes estuvieron “Queremos agua limpia” y “Fuera Lemus”; en el recorrido participaron familias con niñas y niños, personas con discapacidad y otros grupos ciudadanos.

“Entre las consignas se escucharon ‘Queremos agua limpia’ y ‘Fuera Lemus’. Familias con niñas y niños, personas con discapacidad y otros grupos ciudadanos participaron en la marcha”.

Al llegar a Casa Jalisco, la tensión aumentó después de que un grupo derribó las vallas instaladas en el perímetro. La Policía estatal respondió con chorros de agua y gas lacrimógeno para dispersar a los asistentes.

Los primeros reportes mencionaron al menos ocho detenciones, así como personas manifestantes y agentes lesionados, antes de que existiera un balance oficial definitivo.

“Frente a Casa Jalisco, la tensión aumentó cuando un grupo derribó las vallas colocadas en el perímetro del recinto. La policía estatal respondió con chorros de agua y gas lacrimógeno para dispersar a los asistentes”.

El Gobierno de Jalisco reportó después 39 personas detenidas, 28 policías lesionados —dos de gravedad— y 31 civiles atendidos médicamente.

Más de 30 personas detenidas recuperaron su libertad, aunque las investigaciones continuaron abiertas por presuntos ataques a las vías de comunicación, lesiones y delitos contra representantes de la autoridad.

“El Gobierno estatal reportó 39 personas detenidas, 28 policías lesionados —dos de gravedad— y 31 civiles atendidos médicamente. Más de 30 detenidos recuperaron su libertad, aunque las investigaciones continuaron abiertas”.

Cepad pide investigar las detenciones como desapariciones forzadas de corta duración

El CEPAD afirmó que las detenciones durante la marcha constituyeron desapariciones forzadas de corta duración y señaló que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas emitió las Acciones Urgentes 2396-2402/2026.

Según el colectivo, el organismo internacional instó al Estado mexicano a investigar y sancionar los hechos.

“Las detenciones en la marcha ‘Agua Limpia para Guadalajara’ constituyen desapariciones forzadas de corta duración. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió las Acciones Urgentes 2396-2402/2026 en la que instó al Estado a investigar y sancionar estos hechos”, publicó en su cuenta de X.

De acuerdo con la información difundida por el Cepad, las desapariciones forzadas de corta duración se configuran cuando una persona es privada de su libertad por agentes estatales, o con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, y se niega esa privación o se oculta el paradero de la víctima, incluso durante unas horas.

“Las desapariciones forzadas ‘corta duración’ ocurren cuando una persona es privada de su libertad por agentes del Estado, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, y se niega esa privación de libertad o se oculta su paradero, aunque sea por unas horas”.

El colectivo sostuvo que las autoridades no pueden justificar esos hechos por razones de seguridad, emergencia pública o combate al delito, ni descartar la desaparición porque la persona hubiera recuperado su libertad poco después. También pidió al Gobierno de Jalisco cumplir con lo señalado por el comité internacional.

“Las autoridades no pueden justificarlas por razones de seguridad, emergencia pública o combate al delito, ni alegar que no hubo desaparición porque la persona fue liberada poco después”.

La CNDH atrajo la investigación y Jalisco identificó a 17 policías

El 14 de octubre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atrajo la investigación por las presuntas violaciones a derechos humanos ocurridas durante la marcha.

El organismo informó que indagaría acusaciones de represión atribuidas a elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco y pidió esclarecer las detenciones, las presuntas agresiones y las responsabilidades correspondientes.

“La CNDH señaló que buscaría garantizar una indagatoria expedita, imparcial y con perspectiva de derechos humanos. También pidió a las autoridades de Jalisco esclarecer las condiciones de las detenciones, investigar las presuntas agresiones y sancionar a quienes resultaran responsables”.

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó una investigación para determinar quién ordenó el uso de chorros de agua y gases lacrimógenos, además de revisar las denuncias de tortura contra jóvenes detenidos.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco abrió 41 actas de investigación y dictó medidas cautelares para acompañar a las personas detenidas, sus familias y los policías heridos.

“También solicitó que la CNDH entrevistara a las víctimas y determinara responsabilidades”.

El 15 de octubre, el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, informó que 17 policías fueron identificados por presuntamente actuar fuera de los protocolos y emplear de forma indebida la fuerza durante la movilización.

Los agentes fueron citados a declarar ante asuntos internos después de que la dependencia revisó más de 200 videos y recabó declaraciones de los participantes en el operativo.

“Los elementos identificados fueron citados ante asuntos internos para rendir su declaración y explicar su actuación”.

Hernández González indicó que los agentes podrían recibir desde una amonestación hasta la separación del cargo, de acuerdo con el grado de responsabilidad que se estableciera en cada expediente.

La Secretaría de Seguridad solicitó a la población entregar fotografías y videos que permitieran integrar las investigaciones internas contra los policías identificados.

“Podían recibir sanciones que iban desde una amonestación hasta la separación del cargo, según su grado de responsabilidad”.