La Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) condenó la criminalización de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hacia organizaciones defensoras de derechos humanos tras la Recomendación 208VG/2026 sobre el caso Ayotzinapa, en la que la comisión calificó a estas agrupaciones de “derechistas” e “injerencistas”.
Las organizaciones participantes en la Asamblea Nacional número 68 de la red, realizada en Ciudad de México, reconocieron la grave situación de violencia que atraviesa el país en materia de derechos de los pueblos indígenas, gobernabilidad, criminalidad, desaparición forzada, desplazamiento forzado, megaproyectos, género y movilidad humana.
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La CNDH eximió al Ejército de responsabilidades en Ayotzinapa
Durante la asamblea, la Red TDT analizó la Recomendación 208VG/2026, emitida el 9 de julio de 2026 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre los hechos en Iguala, Ayotzinapa, ocurridos en septiembre de 2014.
La red reprobó particularmente el contenido del Apartado II.2, titulado “Incidencia de las organizaciones civiles”, por reflejar, según su lectura, una postura parcial y sesgada que buscó eximir al Ejército Nacional Mexicano de sus responsabilidades institucionales.
El documento también habría excusado al gobierno en turno frente a su responsabilidad conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Para la red, esta posición confirmó el “grave retroceso” de la CNDH como organismo garante y exhibió el deterioro sostenido de su autonomía e independencia.
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El apartado cuestionado mencionó a cinco organizaciones por nombre
El Apartado II.2 hizo referencia directa a las organizaciones que acompañaron durante 12 años el caso de los 43 estudiantes desaparecidos: el Centro ProDH, Tlachinollan, Artículo 19, Fundar y la propia Red TDT.
Según la red, estas menciones denostaron el trabajo y la trayectoria de las organizaciones civiles y confirmaron una tendencia a criminalizar la labor de defensa de derechos humanos, al calificarlas como “de derecha”, “conservadoras” e “injerencistas”.
La red rechazó “rotundamente” esta difamación, “máxime cuando provienen del ombudsman de este país”, según el texto leído durante la asamblea.
Durante el encuentro, las organizaciones integrantes también dieron a conocer otros casos de criminalización contra personas defensoras: cierre de expedientes, archivo de denuncias, recursos de improcedencia y persecución judicial, entre otras acciones y omisiones documentadas en los últimos meses.
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La ONU exigió actuar sin demora ante la estigmatización
Frente a este panorama, la Red TDT retomó el llamado público que realizó Andrea Bolaños Vargas, relatora especial de Naciones Unidas sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Bolaños Vargas advirtió: “Recuerdo, con carácter de urgencia, que el derecho a promover, proteger y defender los derechos humanos está protegido, y que los Estados tienen la obligación de actuar sin demora frente a la estigmatización y criminalización que enfrentan quienes lo ejercen”.
Las organizaciones sostuvieron que el conjunto de estas acciones y omisiones colocó en estado de indefensión, vulnerabilidad y riesgo a las personas defensoras de derechos humanos en México.
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La Red TDT se sumó al encuentro entre el EZLN y familias buscadoras
La asamblea tuvo conocimiento del comunicado emitido el 9 de agosto por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en el que anunció su intención de reunirse con los colectivos de buscadoras y buscadores en Ciudad de México durante diciembre de este año.
El EZLN extendió la invitación a sumarse a esta iniciativa a distintas organizaciones, incluida la Red TDT. Tras las valoraciones políticas y éticas realizadas por las organizaciones civiles participantes, la Asamblea General determinó aceptar la invitación.
La participación de la red se enmarcó en las actividades de la Gira por la Vida – Capítulo México, que se desarrollará entre diciembre de 2026 y enero de 2027.
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Las organizaciones justificaron su decisión en que el Estado mexicano no garantizó respuestas efectivas para las familias buscadoras durante el periodo analizado. Por ello, saludaron las iniciativas civiles y políticas que priorizaron el encuentro y el diálogo directo con las familias de personas desaparecidas en todo el país.
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