Violencia contra madres buscadoras en México llegará a la ONU: colectivos presentarán informe especial en EEUU

La crisis de desapariciones en México vuelve a colocar a las madres buscadoras ante una doble amenaza: la ausencia de sus familiares y la violencia que enfrentan por intentar encontrarlos, en un escenario donde la presidenta ha argumentado que muchos casos corresponden a ausencias voluntarias.

Colectivos de familiares y organizaciones de derechos humanos llevarán este 19 de octubre a Nueva York el informe Desaparecer otra vez: Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México, elaborado por Amnistía Internacional sobre los riesgos que viven quienes sostienen la búsqueda ante la falta de respuesta institucional.

El documento señala que, al cierre de marzo de 2025, México registraba 128 mil 059 personas desaparecidas y no localizadas, una cifra que dimensiona la carga asumida por familias que mantienen las búsquedas en campo, ante fiscalías y frente a instituciones que, de acuerdo con el informe, no han garantizado protección suficiente.

Amnistía Internacional México publicó una invitación para seguir la transmisión de la presentación en Nueva York y sostuvo que buscar a una persona desaparecida no debería poner en riesgo la vida de quienes la buscan.

La organización plantea que la protección de las buscadoras forma parte de las exigencias de verdad y justicia.

Más de 90% de las colectivas están integradas por mujeres

El informe expone que existen al menos 234 colectivas de familiares de personas desaparecidas en el país y que más de 90% está integrado por mujeres. Entre las buscadoras predominan las madres, que representan 65% de las mujeres encuestadas, aunque también participan hermanas, hijas, parejas y amigas.

Amnistía Internacional sostiene que las mujeres han asumido estas tareas ante la ineficacia de las autoridades. El 71% de las buscadoras consultadas se reconoce como defensora de derechos humanos, aunque el documento establece que el Estado debe garantizar su protección por la actividad que realizan, sin depender de esa autoidentificación.

La presentación incluirá un diálogo dirigido a Estados, agencias de la ONU y organizaciones de la sociedad civil sobre el papel de la Asamblea General para frenar la impunidad y proteger a quienes buscan.

El encuentro ocurre después de la primera activación del artículo 34 de la Convención contra la Desaparición Forzada respecto de México.

La convocatoria indica que el acto será presencial en el Church Center for the United Nations. La organización Bildner Center también difundió una invitación bajo el título “Desapareciendo de nuevo: violencia contra las buscadoras de mujeres en México”.

En el encuentro participarán Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México; Bibiana Mendoza, buscadora del Colectivo Hasta Encontrarte de Guanajuato; y Desmond Arias, director del Bildner Center.

Amenazas, extorsiones y desplazamientos forman parte de la búsqueda

El informe reporta que 97% de las buscadoras encuestadas sufrió alguna violencia o afectación relacionada con las labores para localizar a sus familiares. Entre 2011 y mayo de 2025, al menos 30 familiares de personas desaparecidas fueron asesinados, incluidas 16 mujeres.

Las amenazas verbales o escritas alcanzaron a 45% de las mujeres consultadas, mientras que 39% reportó extorsiones. El documento también registra lesiones o ataques físicos en 14% de los casos y secuestros en 6%.

La violencia ha obligado a modificar la vida cotidiana de quienes buscan. El 27% de las encuestadas tuvo que cambiar de casa, 24% se mudó dentro de su entidad y 19% se trasladó a otra entidad federativa para reducir riesgos o continuar con las labores de localización.

Amnistía Internacional advierte que las desapariciones, incluidas aquellas que serían forzadas, afectan de forma continua a las familias y comunidades de las víctimas hasta que se conoce el paradero de la persona y se esclarecen los hechos.

La violencia también deteriora la salud y los ingresos de las buscadoras

Las consecuencias de la búsqueda se extienden a la salud física, emocional y económica de las mujeres. El 79% enfrentó al menos un problema de salud; la depresión fue reportada por 73%, el insomnio por 72% y el deterioro general de la salud por 70%.

El informe indica que 66% perdió recursos económicos y 28% dejó de tener un empleo remunerado después de la desaparición de su familiar. A ello se suma que 23% mencionó haber perdido su vivienda durante ese periodo.

Las afectaciones alcanzan los vínculos personales. El 57.3% de las buscadoras perdió amistades y 56.6% identificó un deterioro de sus relaciones familiares, mientras que 55% denunció haber sufrido revictimización por parte de autoridades que le pidieron relatar en varias ocasiones la desaparición.

La protección estatal alcanza a una minoría de las mujeres que buscan

Solo 55% de las buscadoras reportó ante autoridades al menos una de las violencias o afectaciones que padeció. Del total de los hechos sufridos, únicamente 17% fue denunciado, de acuerdo con los datos reunidos por Amnistía Internacional.

El 46% de las mujeres no recibió apoyo estatal y solo 15% contaba con medidas de protección o estaba incorporada a un mecanismo de seguridad. El informe también señala que las fiscalías mantienen prácticas como exigir una espera ilegal de 72 horas, investigar desde estereotipos y cambiar de forma constante al personal responsable de los casos.

Entre 2019 y 2022, la impunidad acumulada para el delito de desaparición fue de 99%, mientras que entre 2% y 6% de los casos habían sido judicializados a noviembre de 2021, según los datos incluidos en el informe que será presentado ante instancias de la ONU.