
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso contra cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con fines de acopio de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Los imputados fueron identificados como Juan Manuel Brambila Brindas, Diego Chávez Hernández, Amado Montiel Sánchez y Jaime Navarro Mora, quienes fueron detenidos en septiembre de 2024 en el municipio de Huajicori, Nayarit.
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De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, durante el operativo en el que fueron capturados se les aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores y granadas de fragmentación, entre otros objetos.
La nueva resolución judicial ocurre después de que los cuatro hombres ya habían sido sentenciados por delitos relacionados con el armamento asegurado durante su detención.
Ya habían recibido una sentencia por armas
En julio de 2025, el Ministerio Público de la Federación (MPF) obtuvo mediante un procedimiento abreviado una sentencia condenatoria contra los cuatro individuos por los delitos de acopio de armas, posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como portación de arma de fuego sin licencia.
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Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía continuaron para determinar si existían otros elementos que permitieran establecer la posible participación de los detenidos en una estructura de delincuencia organizada.
Como resultado de esas indagatorias, la Fiscalía Federal en Nayarit, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), formuló una nueva imputación contra los cuatro hombres.
La autoridad ministerial presentó ante el juez de Control los elementos de prueba que, de acuerdo con la FGR, permiten establecer de manera probable la participación de los imputados en el delito de delincuencia organizada con fines de acopio de armas de fuego de uso exclusivo.
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Luego de analizar los datos presentados por el Ministerio Público, el juez determinó que existían elementos suficientes para dictar la vinculación a proceso.
La autoridad judicial fijó además un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía y la defensa podrán continuar con la presentación de elementos relacionados con el caso.

La nueva imputación no sustituye la sentencia obtenida en 2025 por los delitos relacionados directamente con las armas y municiones aseguradas al momento de su captura, sino que corresponde a una investigación distinta relacionada con la probable pertenencia a una organización criminal.
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El caso ocurre tras la detención de “El Tanque”
La resolución contra los cuatro presuntos integrantes del CJNG se conoce pocos días después de la detención de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, señalado por autoridades como operador regional del grupo criminal y presunto líder de una red dedicada al robo de hidrocarburos.
Cazarín Molina fue detenido el 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, y posteriormente trasladado ante autoridades federales. El pasado jueves 8 de octubre, un juez federal le impuso prisión preventiva oficiosa y ordenó su traslado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
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La audiencia inicial se realizó mediante videoconferencia desde instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México.
La FGR imputó a “El Tanque” cuatro delitos: delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, delitos contra la salud, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y posesión de cartuchos.

La acusación presentada durante esa audiencia se concentró en los hechos documentados tras su captura en Zapopan y no incorporó por el momento otros señalamientos que distintas autoridades le han atribuido, entre ellos homicidio, extorsión y robo de hidrocarburos.
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De acuerdo con información de Milenio, la defensa de Cazarín Molina cuestionó que los argumentos de la Fiscalía fueran suficientes para sostener la imputación. El juez, sin embargo, consideró que los datos presentados por el Ministerio Público permitían establecer una probable participación en los delitos señalados.
En ese procedimiento, el juez otorgó un plazo de 144 horas para resolver la situación jurídica de fondo. La audiencia para determinar si “El Tanque” sería vinculado a proceso estaba prevista para el 13 de octubre.
Los dos casos forman parte de investigaciones federales relacionadas con presuntas estructuras del CJNG, aunque corresponden a expedientes, hechos y acusaciones diferentes.
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