La Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejercer acción penal contra Fernando Salgado Chávez, empresario de Baja California que había sido investigado a partir de una denuncia anónima en la que se le señalaba por presuntos delitos relacionados con lavado de dinero, tráfico de armas, posibles vínculos con organizaciones criminales, influencia en aduanas y actividades relacionadas con el robo de combustible.
De acuerdo con la información proporcionada, la Fiscalía revisó documentación financiera y patrimonial presentada por Salgado durante la investigación y concluyó que no existían elementos suficientes para ejercer acción penal en su contra.
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El propio empresario declaró que entregó documentos y no solamente testimonios para acreditar el origen de sus recursos. Según su versión, proporcionó información relacionada con sus cuentas, patrimonio y actividades empresariales, misma que fue revisada por las autoridades.
La determinación de la FGR implica que, respecto de los hechos analizados en esa investigación, la institución decidió no llevar el caso ante un juez. Salgado conserva, en consecuencia, la presunción de inocencia y no existe una sentencia penal en su contra por los señalamientos contenidos en la denuncia.
¿Qué investigó la FGR a Fernando Salgado?
La denuncia anónima que dio origen a la investigación contenía cinco señalamientos principales: presunto lavado de dinero, tráfico de armas, supuestos vínculos con dos organizaciones criminales, influencia en operaciones aduaneras y actividades relacionadas con el robo de combustible.
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Sin embargo, la información disponible sobre la resolución de la Fiscalía señala que uno de los principales aspectos revisados fue la correspondencia entre los ingresos del empresario y su patrimonio.
También se analizó si Salgado o empresas vinculadas con él tenían contratos con el Ayuntamiento de Tijuana. La conclusión difundida fue que no se encontraron contratos de esa naturaleza.
La resolución, de acuerdo con la información proporcionada, no se hizo pública de manera íntegra por la Fiscalía. La versión conocida fue exhibida por el propio empresario, por lo que existen aspectos de la investigación cuyo contenido completo no se encuentra disponible públicamente.
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La Familia Presenta y las sociedades relacionadas
Uno de los elementos que forman parte del contexto empresarial del caso es La Familia Presenta, marca utilizada para la organización de ferias, carnavales, conciertos y otros espectáculos en Baja California.
De acuerdo con información del Registro Público citada por Zeta, La Familia Presenta está relacionada con dos sociedades.
Una de ellas es Eventfest Co., cuyos socios señalados son Rodrigo Ampudia Gudiño y José Rogerio Ampudia. La segunda es FJP & M, S.A. de C.V., registrada a nombre de Fernando Salgado Díaz y Julia Graciela Chávez García, identificados como padres de Fernando Salgado Chávez.
La existencia de estas sociedades y sus vínculos corporativos constituye información registral, pero por sí misma no acredita la comisión de un delito ni implica que los accionistas hayan participado en actividades ilícitas.
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El propio Salgado explicó al Semario Zeta que La Familia es un nombre comercial y que sus integrantes realizan negocios con personas cercanas.
La concesión de la Feria Nacional Tijuana
El 20 de junio de 2026, el Cabildo de Tijuana aprobó por unanimidad una concesión de 20 años para la organización de la Feria Nacional Tijuana.
La concesión fue otorgada a Eventfest Co., una de las sociedades relacionadas con La Familia Presenta. El hecho cobró relevancia debido a que cuatro días después se hizo pública la determinación de la FGR sobre la investigación contra Fernando Salgado.
La información proporcionada señala además que el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, aparecía como imputado en la misma carpeta federal en la que se investigaba a Salgado, según información publicada por Semanario Zeta.
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No obstante, la coincidencia temporal entre la concesión municipal y la resolución de la Fiscalía no permite establecer por sí misma una relación causal entre ambos acontecimientos. También debe considerarse que una concesión administrativa y una investigación penal son procedimientos de naturaleza distinta.
Relación empresarial con Jesús González Lomelí
Otro de los elementos mencionados en torno al caso son las relaciones empresariales entre integrantes de la familia Salgado y Jesús González Lomelí, empresario de Baja California.
El 18 de septiembre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a González Lomelí en su lista de personas sancionadas.
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De acuerdo con el señalamiento de las autoridades estadounidenses, el empresario habría participado en actividades relacionadas con una estructura de extorsión y protección de operaciones de un grupo criminal.
La información del Registro Público citada por Zeta señala que los padres de Fernando Salgado aparecen como socios de González Lomelí en Alimentos CISGO.
Sin embargo, la empresa no fue incluida en la lista de sanciones de OFAC. Además, una relación societaria no constituye por sí misma una prueba de participación en las actividades que Estados Unidos atribuyó a González Lomelí.
Empresas vinculadas con Marco Antonio Moreno también fueron sancionadas
El 29 de septiembre de 2026, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones contra varias personas y empresas relacionadas, según esa autoridad, con una red de lavado de dinero.
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Entre los señalados se encuentra Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, así como diversas compañías vinculadas con actividades de seguridad privada, bienes raíces, servicios financieros y espectáculos.
De acuerdo con la información proporcionada, Moreno tuvo relación empresarial con Facundo Gámez Fernández, quien había sido anunciado en 2025 como productor de la Feria Nacional Tijuana. Gámez, a su vez, habría sido socio de Moreno en Wermak Publired, según información publicada por Zeta.
La OFAC sostuvo que la red empresarial estaba relacionada con operaciones de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
Estos señalamientos corresponden a la autoridad estadounidense y no equivalen a una sentencia emitida por un tribunal mexicano.
También aparecen los hermanos Torres Torres
La investigación federal contra Salgado no era el único expediente mencionado en la información proporcionada.
De acuerdo con Zeta, en otra carpeta de la FEMDO se encontraban los hermanos Carlos y Luis Torres Torres. Ese expediente no contaba con una resolución pública al momento de los hechos descritos.
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Posteriormente, el 29 de septiembre de 2026, ambos fueron incluidos en las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La coincidencia entre las investigaciones mexicanas y las posteriores designaciones estadounidenses forma parte del contexto del caso, aunque no implica que las determinaciones de una autoridad sean automáticamente equivalentes a las de la otra.
¿Qué elementos permanecen pendientes?
La resolución de la FGR estableció el no ejercicio de la acción penal contra Fernando Salgado Chávez respecto de los hechos investigados. Sin embargo, la información disponible deja preguntas sobre el alcance de las diligencias realizadas.
Entre los aspectos señalados se encuentran la revisión de las sociedades mercantiles relacionadas con sus familiares, las relaciones empresariales con personas posteriormente sancionadas por Estados Unidos y la concesión otorgada a Eventfest Co. para organizar la Feria Nacional Tijuana.
También permanece como un punto de interés conocer qué diligencias realizó la Fiscalía respecto de los señalamientos originales relacionados con tráfico de armas, operaciones aduaneras, combustible y supuestos vínculos con organizaciones criminales.
Hasta ahora, estos elementos deben distinguirse de la resolución que favoreció a Salgado: la FGR determinó no ejercer acción penal en su contra, mientras que las sanciones emitidas posteriormente por Estados Unidos corresponden a procedimientos distintos y están dirigidas contra otras personas y empresas.
Por ello, cualquier conclusión sobre posibles responsabilidades deberá sustentarse en nuevas investigaciones, documentos oficiales o resoluciones de las autoridades competentes.
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