Designan a Tania Morales como nueva presidenta de la COPRED en CDMX: extitular deja agenda de pendientes y acusa falta de recursos

La activista y abogada ejercerá el cargo en el periodo 2026-2030, en sustitución de Geraldina González de la Vega Hernández

Tania Morales fue nombrada nueva presidenta de la COPRED. | X-Copred CDMX
Tania Morales fue nombrada nueva presidenta de la COPRED. | X-Copred CDMX
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Tania Morales Olvera fue nombrada como nueva presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), para el periodo 2026-2030, en sustitución de Geraldina González de la Vega Hernández, quien ocupó el cargo durante ocho años.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció el nombramiento de Morales Olvera el miso día en que Geraldina González de la Vega presentó su informe de labores ‘Memoria Institucional 2018–2026′, que documenta 17 logros organizados en cuatro ejes de trabajo y reconoce los aprendizajes, avances y asuntos pendientes de la institución.

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“La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, @ClaraBrugadaM, anunció el nombramiento de Tania Rocío Morales Olvera como nueva titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) para el periodo 2026-2030″, escribió el organismo capitalino en sus redes sociales.

¿Quién es Tania Morales?

La nueva presidenta de la COPRED es activista feminista y defensora de derechos humanos.

Se ha destacado por su labor a favor de las infancias y juventudes trans en la capital del país.

Asimismo, es abogada, historiadora de arte y recientemente fungió como Directora de Vinculación Interinstitucional y Política en la Secretaría de las Mujeres.

Tania Morales será la nueva presidenta de la COPRED. | X- COPRED CDMX
Tania Morales será la nueva presidenta de la COPRED. | X- COPRED CDMX

Extitular reporta avances, pero señala falta de personal y presupuesto

Geraldina González de la Vega cerró su balance de gestión 2018-2026 con avances en la atención de denuncias, la construcción de criterios jurídicos, la investigación, la capacitación y la incidencia legislativa.

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Sin embargo, la institución advierte que esos resultados enfrentan una limitación estructural: el mandato del Consejo requiere más personal, presupuesto e infraestructura para sostener y ampliar sus funciones especializadas.

“El COPRED desarrolla un mandato amplio y especializado con una estructura humana, presupuestal y material reducida”, puntualizó.

Además, sostuvo que la insuficiencia de recursos “no debe normalizarse como modelo de funcionamiento institucional”..

El documento reconoce que varios avances se construyeron con equipos pequeños, pero alerta que esa condición compromete la continuidad de las capacidades desarrolladas.

“Las capacidades públicas requieren personas, conocimiento especializado, infraestructura, presupuesto y condiciones que permitan preservarlas, actualizarlas y evaluarlas”, indicó.

Avances en atención, criterios jurídicos e investigación

Uno de los principales resultados fue la consolidación del modelo de atención de denuncias por posibles actos de discriminación. El COPRED desarrolló procedimientos, matrices de análisis, un Manual de Atención y un sistema electrónico para registrar y dar seguimiento a expedientes.

También reforzó su capacidad para defender sus decisiones ante autoridades administrativas y judiciales. Según la memoria, cerca de 95% de las determinaciones impugnadas en mecanismos administrativos o jurisdiccionales fueron confirmadas.

En materia jurídica, el Consejo desarrolló una metodología para analizar conductas discriminatorias y considerar prejuicios, estereotipos, barreras institucionales, desigualdad estructural y afectaciones diferenciadas. Entre sus instrumentos se encuentra el Cuaderno de Opiniones Jurídicas 2019-2024.

Entre 2018 y 2026, presentó más de 25 intervenciones como amicus curiae ante órganos jurisdiccionales y elaboró cerca de 100 opiniones técnicas sobre iniciativas legislativas.

De igual forma reportó alrededor de 25 estudios y diagnósticos sobre discriminación laboral, perfilamiento racial, trabajo sexual, racismo, corporalidades y edadismo.

La memoria señala que históricamente 70% de los actos denunciados ante el COPRED ocurrieron en el sector privado. Para atender ese ámbito, el Consejo consolidó el Gran Acuerdo por el Trato Igualitario, integrado por 70 empresas al cierre del periodo.

El organismo revisó alrededor de 282 políticas y documentos empresariales, además de desarrollar cerca de 100 procesos de educación y sensibilización sobre igualdad y no discriminación en el trabajo.

En educación, creó la Red de Talleristas por la No Discriminación, que pasó de 10 integrantes en 2021 a 14 en 2026. También consolidó la plataforma “En Línea con la Igualdad”, con 16 cursos autogestivos y atención a 48 mil 250 personas desde 2021.

El COPRED también impulsó el Programa para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (PROPED), cuya propuesta 2026-2030 plantea acciones en trabajo, educación, salud, transporte, vivienda, seguridad y justicia.

Deja agenda pendiente

La agenda que deja el COPRED se concentra en consolidar las capacidades ya creadas y evitar que dependan de equipos reducidos, proyectos temporales o personas específicas.

En atención a la ciudadanía, plantea actualizar el Manual de Atención, las matrices de análisis, el sistema electrónico de expedientes y los criterios jurídicos; concluir la implementación de la herramienta digital; desarrollar un estándar probatorio para casos de discriminación, y mejorar el seguimiento de convenios, recomendaciones, reparaciones y medidas de no repetición.

El Consejo también propone reforzar la estructura especializada del área de Atención, donde dos personas sostienen una carga que incluye denuncias, investigaciones, determinaciones y requerimientos externos.

Además, busca revisar si el nombre de “opiniones jurídicas” refleja con precisión su carácter como determinaciones que cierran procedimientos administrativos.

En vinculación, el reto es institucionalizar las relaciones con organizaciones, colectivos, academia, empresas y redes nacionales e internacionales, para que no dependan de proyectos concretos.

La meta es crear mecanismos comunes para compartir antecedentes y aprendizajes, así como llevar esa información a las áreas de atención, investigación, educación, comunicación e incidencia.

En investigación, la prioridad es conectar las preguntas de las áreas del Consejo y de las poblaciones involucradas con las agendas de estudio, además de utilizar los resultados para orientar decisiones, herramientas y acciones institucionales. Para el GATI y la estrategia en establecimientos mercantiles, el documento plantea medir si las recomendaciones, capacitaciones y herramientas producen cambios reales en políticas y prácticas internas.

También busca reforzar la coordinación con alcaldías, INVEA, SEDECO y otras autoridades, consolidar el PROPED y lograr que el COPRED participe desde la planeación hasta la evaluación de las políticas públicas, en lugar de intervenir sólo mediante consultas posteriores.

Respecto de la EDIS, el Consejo plantea asegurar una periodicidad con respaldo técnico, operativo y presupuestal, además de preservar la consistencia metodológica para permitir comparaciones futuras.

En educación, cultura y comunicación, propone actualizar cursos y plataformas, evaluar los resultados más allá del número de asistentes, mantener la estrategia cultural de octubre y dotar de personal, recursos técnicos y presupuesto a funciones que crecieron durante el periodo.

La memoria concluye que el principal desafío no es sólo ampliar actividades, sino garantizar que los procedimientos, sistemas, redes, investigaciones y herramientas puedan mantenerse, evaluarse y fortalecerse con recursos y coordinación institucional suficientes.

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