La actriz Maribel Guardia denunció a su exnuera Imelda Tuñón ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por presuntos delitos contra la salud y posible homicidio de su hijo Julián Figueroa.
El recurso penal busca investigar la obtención ilícita y el suministro de medicamentos de uso controlado antes del fallecimiento del cantante en abril de 2023.
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El abogado Alonso Beceiro confirmó la interposición del recurso legal en una entrevista televisiva.
La representación jurídica de la actriz actuó tras evaluar las inconsistencias en las narrativas ofrecidas sobre las horas previas a la muerte del joven músico.
La indagatoria penal contra la viuda de Figueroa incluye acusaciones por conseguir psicotrópicos mediante engaños a especialistas médicos.
La defensa de la costarricense sostuvo que el suministro de dichas sustancias ocurrió sin prescripción médica directa para el joven.
La iniciativa legal respondió a la falta de coherencia observada en la investigación preliminar del deceso. Alonso Beceiro señaló que detectaron un intento de desviar la atención hacia disputas testamentarias mientras ignoraban las causas reales del fallecimiento.
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El origen directo del procedimiento penal fueron las declaraciones públicas emitidas por Imelda Tuñón en el pódcast Mesa Cero.
Durante la transmisión, la joven admitió que engañaba a su especialista de salud mental para conseguir las recetas que posteriormente entregaba a su pareja.
La viuda declaró en el espacio digital: “Le mentí todo el tiempo a la psiquiatra. Julián tenía muchos problemas para dormir, entonces yo iba y le decía los síntomas. Y me daba las pastillas, o sea, así. Entonces, se las tomaba Julián, tenía mucha ansiedad”.
El equipo jurídico de la cantante costarricense argumentó que dicha confesión probó la comisión de delitos relacionados con el tráfico e ingreso no autorizado de estupefacientes al domicilio familiar.
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La defensa de Maribel Guardia señaló penas de hasta 30 años
La denuncia penal presentada en la capital del país contempló la posible responsabilidad de Tuñón por no solicitar asistencia médica oportunamente cuando el músico comenzó con malestares físicos.
Alonso Beceiro explicó que la conducta exhibida por la imputada puede encuadrarse en la figura de homicidio. “El tipo de medicamentos que conseguía, que le suministraba al momento que falleció, el cuadro que estaba presentando él, antes de fallecer y que ella, lejos de auxiliarlo, de pedir una ambulancia, lo que fuera, lo abandona, pueden demostrar, precisamente, la conducta de homicidio”.
El representante legal aclaró que el cuerpo de Julián Figueroa fue incinerado en 2023, situación que impide realizar una autopsia posterior.
La fiscalía capitalina deberá basar la investigación en las evidencias testimoniales, los peritajes clínicos previos y las contradicciones en los horarios notificados.
La legislación penal vigente en la Ciudad de México contempla penas de hasta 30 años de prisión para las personas declaradas culpables por delitos contra la salud combinados con omisión grave o responsabilidad penal en un deceso.
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Las investigaciones sobre la muerte de Figueroa, ocurrida a los 27 años de edad en su residencia, asignaron originalmente la causa del deceso a un infarto agudo al miocardio. La denuncia busca recalificar los hechos con base en los nuevos elementos aportados.
Imelda Tuñón abandonó México y se trasladó a Estados Unidos con su hijo
En medio del avance de la querella penal, Imelda Tuñón abandonó el territorio nacional para radicarse de forma intempestiva en la ciudad de Houston, Texas.
La salida del país de la joven junto a su hijo menor, José Julián, de siete años, ocurrió por recomendación directa de su equipo de abogados para reestructurar su estrategia de defensa jurídica.
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Reportes informativos confirmaron que la viuda dejó su residencia habitual en la capital mexicana tras gestionar un permiso especial de traslado para el menor de edad.
La partida al extranjero respondió a la acumulación de procedimientos judiciales abiertos en su contra, entre los que destacó una demanda por daño moral interpuesta en agosto de 2026 por el cantante José Manuel Figueroa, medio hermano del fallecido.
El proceso iniciado por el primogénito de Joan Sebastian radicó en la difusión de grabaciones de audio privadas donde Tuñón realizó imputaciones en su contra. Un juzgado de la capital emitió una orden para notificar formalmente a la imputada en su domicilio antes de su viaje.
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El historial judicial por violencia familiar y el reclamo de 3 millones de pesos
El conflicto entre la actriz costarricense y su exnuera sumó más de un año de disputas legales en diversas instancias administrativas y penales.
En enero de 2025, Maribel Guardia interpuso una denuncia por violencia familiar y omisión de cuidados ante la fiscalía de la capital del país.
En dicha demanda, la actriz señaló presuntos problemas de consumo de sustancias por parte de Tuñón que ponían en riesgo la integridad de su nieto.
Las autoridades del DIF intervinieron en el procedimiento y otorgaron la custodia temporal del menor a la abuela durante 10 días.
Concluido el periodo de evaluación, las autoridades entregaron nuevamente al niño a su madre, quien negó las acusaciones y promovió una queja ante la Secretaría de las Mujeres.
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La disputa escaló en marzo de 2026 cuando la viuda exigió públicamente el pago de una pensión alimenticia de 100,000 pesos mensuales a la abuela del menor para mantener el nivel de vida previo de su hijo.
La respuesta legal de Maribel Guardia consistió en promover una contra reclamación financiera donde exigió una indemnización superior a los 3 millones de pesos por los gastos de manutención, vivienda y artículos personales cubiertos a Tuñón durante los seis años que habitó en su inmueble.
El equipo legal de la cantante sostuvo que los recursos aportados durante la cohabitación superaron las pretensiones de la pensión solicitada.
Los juzgados familiares mantienen bajo análisis las aportaciones económicas previas para resolver las obligaciones de ambas partes.
La nueva denuncia penal radicada por delitos contra la salud situó el conflicto familiar en una instancia estrictamente criminal que involucra a la Fiscalía General de Justicia capitalina y a las autoridades migratorias.
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