
Este 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, llega con deudas para las mujeres y personas gestantes en México. El pendiente en materia de despenalización de la interrupción del embarazo aún persiste en al menos 8 entidades.
Sin embargo, pese a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2023, la cual declaró la inconstitucionalidad de la criminalización del aborto en el país, las mujeres se siguen enfrentando a un panorama lejano, así lo destaca el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) que exhibe la existencia de 466 carpetas y averiguaciones previas por el delito de aborto.
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Veinte años de lucha por el derecho a decidir
El avance por el derecho a decidir ha sido impulsado por la Marea Verde del país, mujeres activistas, colectivas y organizaciones que se han lanzado a confrontar a legisladores y gobiernos que siguen negándose a que las mujeres decidas sobre sus cuerpos.
A veinte años de que la Ciudad de México se convirtiera en pionera, las mujeres se han visto obligadas a seguir viajando a la capital para acceder a un servicio que debería estar garantizado en sus estados, pero que por falta de políticas públicas el derecho sigue coartando su decisión.
En los 24 estados donde el aborto está permitido, las leyes habilitan el acceso al derecho bajo ciertas causales y no basta la voluntad de las mujeres para llevar a cabo el procedimiento: violación, estupro, inseminación artificial no consentida, peligro de vida, alteraciones genéticas o situación económica precaria.
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El procedimiento puede practicarse desde el momento en que se detecta el embarazo y hasta el límite de semanas que fije cada entidad, con una temporalidad máxima que oscila entre las 6 y las 13 semanas según el caso.
Además, las sanciones pueden llegar a penas de entre 6 meses y 2 años de prisión, según la entidad y las semanas de gestación involucradas; también se contemplan medidas como trabajo comunitario, multas, tratamientos psicológicos y de salud, éstas dependerán del código penal de cada entidad.
Así el panorama de la despenalización del aborto en México
La mayoría de las 24 entidades han despenalizado el aborto hasta las doce semanas, sin embargo, los derechos de las mujeres en entidades conservadoras como Aguascalientes han retrocedido, permitiendo el procedimiento solo hasta las seis semanas, una acción que fue impulsada desde el gobierno de la panista, María Teresa Jiménez Esquivel.
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- Comparten ese tope de doce semanas:
- Yucatán, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Estado de México, Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana Roo, Baja California, Baja California Sur y la pionera Ciudad de México.
- Sinaloa extiende el plazo hasta las 13,6 semanas.
En Chihuahua, Coahuila y Colima la despenalización llegó por vía judicial o mediante regulación en las leyes locales, sin un tope de semanas definido en esos términos, situación que se repite en Hidalgo y Veracruz, este último con programas específicos para la atención del aborto.

Por su parte, en Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala se mantienen la penalización.
Los pendientes por el derecho a decidir continúan
“El caso de Aguascalientes nos recuerda que la lucha por los derechos no termina cuando se consigue un avance. También hay que resistir y defender lo ganado frente a los retrocesos y asegurarnos de que nuestros derechos puedan ejercerse en la vida real, sin importar dónde vivas ni cuáles sean tus circunstancias”, señala Angie Contreras, portavoz de la colectiva Mujeres Vivas, Mujeres Libres.
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La organización de mujeres detalla que uno de los pendientes principales de los gobiernos se centra en la criminalización de las mujeres, debido a que el aborto sigue siendo un delito en los códigos penales, razón por la que una mujer puede enfrentar una investigación o un proceso penal, cuando lo que necesita es acceso a un servicio de salud.
Lizeth Mejorada, vocera de la colectiva, también retoma un punto relevante en cuanto a la aprobación del procedimiento en la capital del país, donde “sacar el aborto del Código Penal sigue pendiente. En 2024 se presentó una iniciativa para cambiarlo, pero nunca llegó a votarse. Casi dos años después, es fundamental que el Congreso discuta la iniciativa. CDMX debe ser piedra de lanza en el avance de los derechos”.
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Los fallo de la SCJN se han vuelto fundamentales, por ejemplo, en 2025, la Corte instó a las autoridades de salud a garantizar el acceso al servicio sin discriminación, un año después, el IMSS dio a conocer la Guía Técnica para la Interrupción Legal del Embarazo y habilitó herramientas de orientación y localización de unidades que brindan acceso a este servicio.
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