
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aprehendió y logró la vinculación a proceso de un hombre identificado como Luis “N” por su probable participación en el delito de extorsión agravada continuada, cometido en contra del dueño de un negocio de mudanzas y su padre. Según las autoridades, los hechos señalados ocurrieron en la colonia Pedregal de San Nicolás, alcaldía Tlalpan, y derivaron en amenazas de muerte, golpes y un atropello contra la familia del mudancero.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía capitalina, la extorsión se prolongó por más de un año, entre febrero de 2025 y julio de 2026. En ese periodo, el imputado exigió en distintos momentos pagos que iban de 50 mil pesos hasta 300 mil pesos, bajo amenazas de muerte y con el respaldo de un grupo armado.
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El expediente inició en febrero de 2025
Según datos compartidos por la FGJCDMX este 26 de septiembre, la víctima recibió una llamada de un número desconocido en febrero de 2025. Un hombre le exigió dinero por concepto de “derecho de piso” y lo amenazó de muerte si no cumplía con el pago. Un mes después, en marzo, presuntamente Luis “N” acudió el negocio de mudanzas acompañado de dos mujeres y exigió 50 mil pesos, monto que la víctima no entregó.

El caso escaló el 11 de octubre de 2025, cuando Luis “N” habría regresado al establecimiento acompañado de otras cinco personas armadas. El grupo fue señalado por amenazar, golpear y hasta apedrear al mudancero y a sus familiares, además de exigirle 300 mil pesos y otros 300 mil pesos a su madre.
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Durante la agresión, según reportes, locatarios de la zona intervinieron para auxiliar a los afectados. Cuando el grupo intentó huir, el padre de la víctima se colocó frente al vehículo para impedir su paso y fue atropellado presuntamente por Luis “N”. Ese mismo día, la familia presentó la denuncia ante la FGJCDMX, que otorgó medidas de protección a las víctimas, las cuales permanecieron vigentes durante todo el proceso.
Las amenazas continuaron pese a las medidas de protección
El 14 de julio de 2026, el padre de la víctima se encontraba en el negocio cuando, según declaraciones, observó a Luis “N” circular a bordo de una motocicleta sin placas. Al pasar frente al establecimiento, el imputado lo amenazó de muerte para exigirle dinero nuevamente, pese a las medidas de protección ya otorgadas por la fiscalía capitalina.
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Un día después, el 15 de julio, el padre de la víctima amplió su entrevista ante el Ministerio Público. Este testimonio, sumado a las declaraciones previas de víctimas y testigos, así como a diligencias de reconocimiento y trabajos de campo de la Policía de Investigación, integró el expediente que sustentó la solicitud de orden de aprehensión.
Con esos elementos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo la orden de aprehensión contra Luis “N” el 30 de julio de 2026. La orden fue ejecutada por agentes de la PDI el 21 de septiembre de este año en la alcaldía Tlalpan, casi un año después de que la familia presentara la primera denuncia.
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El juez impuso prisión preventiva y fijó dos meses para cerrar la investigación
En la audiencia inicial contra Luis “N” celebrada el pasado 22 de septiembre, la FGJCDMX formuló imputación y presentó los datos de prueba recabados durante la investigación. Con base en ese material, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Luis “N” por el delito de extorsión agravada continuada.
El juez impuso al imputado la medida de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante ese periodo, la fiscalía capitalina deberá reunir los elementos necesarios para determinar si existe responsabilidad penal en el caso.

La FGJCDMX informó tras el logro que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la posible participación de otras personas, en referencia al resto del grupo armado que acompañó al imputado durante la agresión de octubre de 2025. Hasta el momento se desconoce si los otros involucrados en el crimen fueron detenidos.
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La dependencia también señaló que mantendrá las medidas de protección otorgadas a las víctimas para salvaguardar su integridad durante el desarrollo del proceso penal, las cuales estuvieron vigentes desde octubre de 2025.
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