Amnistía Internacional exhibe que a 12 años de Ayotzinapa, el ejército aún no entrega información clave pese a mandato judicial

Este sábado 26 de septiembre de 2026 se cumplen 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, tiempo en que sus familias han mantenido la búsqueda activa, llenos de obstáculos, sin acceso a la verdad ni a la justicia, sumado al bloqueo y ocultamiento de la información por parte del Ejército Mexicano, así lo destaca Amnistía Internacional México.

A través de un comunicado, la organización destaca la persistencia de obstáculos importantes para el desarrollo de la investigación de un caso que ya ha pasado por tres administraciones federales: Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo.

Ejército no acata orden del Poder Judicial

La principal negativa se encuentra en el ejército, institución que se niega a entregar información pese a que el paso 4 de marzo de este año el Poder Judicial ordenó la acción, “videos que podrían aportar elementos importantes para la misma fueron borrados y, si bien las diligencias continúan, la lentitud con que se desarrollan ha conducido a más de una década de impunidad”.

“Amnistía Internacional acompaña la exigencia de las familias de los estudiantes, para que el ejército entregue la totalidad de la información generada durante 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Centro” (CFRI), con sede en Iguala, Guerrero. Como lo ordenó el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al resolver el juicio de amparo 1350/2023 que le fue presentado”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional.

También detalla que la información solicitada por los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se centra en los 853 folios “que no han sido entregados y respecto de los cuales debe facilitarse el acceso para garantizar una búsqueda efectiva de la verdad”. Al llamado de los padres se ha sumado el de organizaciones sociales y el Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Ocultamiento y falta de transparencia, lo que más afecta al caso de los estudiantes desaparecidos en 2014

Amnistía Internacional reitera que las principales acciones que han llevado a la falta de justicia por más de diez años están el ocultamiento de información y la falta de transparencia, dos constantes en el desarrollo de las investigaciones.

En 2023, el GIEI señaló en su mensaje final que durante el tiempo de investigación el proceso fue “parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas, por lo que hemos insistido en que debe ser puesta a disposición de la investigación y la búsqueda de los jóvenes”.

Olivares Ferreto advirtió que en este caso “paradigmático de desaparición forzada” el tema de la transparencia tiene un peso mayor y fundamental en la responsabilidad que tiene el Estado mexicano.

Ángel Aguirre y la implicación del borrado de videos para el caso Ayotzinapa

El pasado 6 de agosto de 2026 fue detenido el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa del “ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes, por lo cual fue solicitada, obtenida y cumplimentada una orden de aprehensión en su contra”.

Seis días después fue vinculado a proceso por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, quien concedió 120 días para la investigación complementaria.

El caso es resaltado como un tema prioritario por la organización internacional, quien señala que el borrado de los videos tomados por las cámaras del Palacio Municipal de Igual, se le atribuye al exgobernador y a dos personas más, un tema que debe ser investigado por el grado de “gravedad que implica la desaparición de pruebas y el posible encubrimiento que puede existir en esa decisión”.

Amnistía Internacional concluye el comunicado respaldando el llamado de las familias de los jóvenes desaparecidos, quienes mantienen la exigencia al ejército para que entregue toda la información con la que cuenta sobre el caso Ayotzinapa.