La despenalización del aborto en 25 de los 32 estados de México no ha eliminado la criminalización en contra de las mujeres y personas gestantes que deciden interrumpir su embarazo, tanto en clínicas públicas como privadas, pues en pleno 2026 las fiscalías continúan abriendo carpetas de investigación.
De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la despenalización parcial no ha impedido que las fiscalías mantengan registros por este delito, incluso en las entidades donde ya está legalizado.
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El registro de GIRE, elaborado con información de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y publicado en su micrositio: Aborto en papiroflexia, cómo se vive la criminalización, de enero a junio del 2026 se han registrado 466 carpetas y averiguaciones previas por el delito de aborto en todo el país.
Estas se suman a las 8 mil 078 carpetas que se han acumulado desde 2015 hasta el presente año, principalemente en cinco estados, entre estos la Ciudad de México, donde el aborto está despenalizado desde hace 19 años.
Edomex suma 117 registros en 2026
El Estado de México registra 117 carpetas y averiguaciones previas por aborto entre enero y junio de 2026. La entidad suma 139 en 2025, 108 en 2024, 156 en 2023, 144 en 2022 y 149 en 2021.
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La cifra de los primeros seis meses de 2026 se acerca al total de 2024 y supera los registros completos de varios años previos. En 2020, el Estado de México reportó 145 casos; en 2019, 155; en 2018, 107, y en 2017, 72.
Desde 2015, el Estado de México mantiene cifras de dos dígitos. Ese año registró 71 carpetas y averiguaciones previas; en 2016 fueron 66. La serie presenta un aumento a 107 en 2018 y a 155 en 2019.
La información difundida por GIRE plantea que, aun bajo esquemas de despenalización parcial mediante causales y plazos, las personas que abortan y quienes las asisten pueden ser denunciadas. La apertura de una carpeta no debe derivar en una sentencia condenatoria, pero implica desgaste físico, económico y emocional para las personas investigadas.
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CDMX acumula 111 carpetas en seis meses
Ciudad de México reporta 111 carpetas y averiguaciones previas por aborto hasta junio de 2026. Durante todo 2025, la entidad registró 244, la cifra más alta de su serie anual desde 2015.
La capital tuvo 187 registros en 2024, 181 en 2023 y 192 en 2022. En 2021 contabilizó 102, después de 79 en 2020. Un año antes reportó 132 y en 2018 fueron 110.
GIRE señaló que, pese a que en Ciudad de México ya se había despenalizado el aborto voluntario hasta la semana 12 de gestación, la entidad concentró mil 028 denuncias por el delito de aborto entre 2012 y 2020.
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Y desde 2015 también lidera el número de carpetas y averiguaciones previas sobre aborto.
La organización advirtió que la apertura de investigaciones también puede ocurrir cuando las autoridades ministeriales y sanitarias desconocen el marco normativo.
En esos casos, las personas enfrentan al sistema penal después de haber padecido obstáculos para acceder a servicios de aborto, información precisa o atención libre de estigmas.
Las carpetas continúan en entidades con distintos registros
Después de Estado de México y Ciudad de México, Nuevo León reporta 84 carpetas y averiguaciones previas por aborto en el primer semestre de 2026.
En el mismo periodo, Baja California sumó 35, Tamaulipas 23 y Guanajuato 18, mientras que Michoacán registró 13 casos y Morelos, siete.
Baja California Sur, Hidalgo, Quintana Roo y San Luis Potosí, resgitraron seis cada una. Aguascalientes, Jalisco, Oaxaca y Sonora reportan cinco por entidad.
Veracruz y Zacatecas acumulan 4 carpetas y averiguaciones previas cada uno. Puebla tiene 3; Chiapas, 2; Tabasco, uno. Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán aparecen sin registros hasta junio.
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Reprtan más de 8 mil carpetas desde 2015
México acumula 8 mil 078 carpetas de investigación y averiguaciones previas por aborto entre 2015 y junio de 2026, según los datos de GIRE con base en el SESNSP.
Del total que se registaron en dicho periodo, mil 236 corresponden a Nuevo León; 583 a Baja California; 486 a Tamaulipas, y 287 a Guanajuato.
Les siguen Veracruz, con 281; Querétaro, con 233; Jalisco, con 181; Hidalgo y Michoacán, con 174 cada uno; Oaxaca, con 127; Morelos, con 120; Chiapas, con 114; San Luis Potosí, con 109; Baja California Sur, con 107; Chihuahua, con 100, y Aguascalientes, con 96.
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En el resto de las entidades, Quintana Roo suma 76 registros; Sonora, 67; Puebla, 66; Sinaloa, 54; Guerrero, 47; Zacatecas, 44; Tabasco, 42; Coahuila, 29; Colima y Yucatán, con 27 cada uno; Durango, con 17; Campeche, con 14; Nayarit, con 13; Tlaxcala, con 12, y Querétaro no reporta carpetas ni averiguaciones previas durante 2025 y hasta junio de 2026, aunque acumula 233 en todo el periodo.
¿En qué consiste la criminalización?
Según GIRE, la criminalización puede comenzar en los servicios de salud cuando una sospecha de aborto inducido desplaza la atención médica y coloca a la persona usuaria bajo una presunción de culpabilidad, lo cual denomina como “protocolo de criminalización”.
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El mecanismo puede incluir la imposición de una versión de los hechos, negligencia médica, incertidumbre para la persona usuaria y su entorno, o la alteración de información clínica, como aumentar las semanas de gestación en el expediente.
En casos extremos, señala GIRE, pueden surgir acusaciones por otros delitos, como infanticidio, aun sin una carpeta de investigación.
La organización sostiene que estas prácticas no sólo alcanzan a quienes requieren atención médica, pues familiares y acompañantes también enfrentan desinformación, temor a citatorios o posibles procesos judiciales, incluso cuando no se ha cometido un delito.
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