Estos fueron los argumentos que la defensa de Ernesto Ruffo presentó para lograr la prisión domiciliaria del exgobernador

El abogado Arturo Germán Rangel, defensor de Ernesto Ruffo Appel, detalló los argumentos que permitieron revertir la prisión preventiva del exgobernador de Baja California y sustituirla por prisión domiciliaria. Ruffo Appel fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, y vinculado a proceso el 23 de julio con esa medida cautelar.

El pasado 22 de septiembre se reveló una suspensión definitiva contra la resolución que negó la apelación presentada por la defensa, luego de que en la audiencia inicial la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, consideró que la edad de Ruffo Appel, por sí sola, no era suficiente para otorgar el beneficio de prisión domiciliaria.

Este 25 de septiembre, tras una audiencia que inició a las 11:00 horas en los juzgados del penal del Altiplano, Rangel salió antes de las 14:00 horas con la confirmación de que Ruffo Appel cumplirá la medida en su domicilio de Ensenada, del cual Ruffo es copropietario por una herencia familiar. Según las estimaciones, el lunes 28 de septiembre Ruffo ya estaría en Baja California.

Rangel aclaró que no se trató de un triunfo, sino del cumplimiento de requisitos legales

Rangel explicó a reporteros que el resultado de la audiencia no debía leerse como una victoria de la defensa, sino como la aplicación de los requisitos que marca la ley. “No es propiamente un triunfo, sino que la ley establece ciertos requisitos”, dijo el abogado.

Recordó que en la audiencia inicial se planteó únicamente la edad de Ruffo Appel, de 74 años, como argumento para la prisión domiciliaria. En ese momento, Ramírez de la Vega consideró que ese dato, por sí solo, no era suficiente para otorgar el beneficio.

La defensa aportó dictámenes médicos forenses y documentos de arraigo que no existían en la primera audiencia

En esta segunda oportunidad, Rangel señaló que aportaron dictámenes médicos y forenses que documentan el deterioro de salud de Ruffo Appel desde el inicio de sus padecimientos. También presentó testimoniales de familiares y vecinos.

El abogado agregó documentos que acreditan el arraigo de su representado en Ensenada, el mismo municipio donde fue detenido y donde ejerció como presidente municipal entre 1986 y 1989. Precisó que el domicilio donde vivirá tiene más de 14 años de habitarlo, que Ruffo Appel es copropietario del inmueble y que se trata de una herencia de sus padres, elementos que descartaban un riesgo de sustracción.

“Todo eso no se había presentado con anterioridad y la Fiscalía, repito, fue sensible, lo valoró, lo ponderó y consideró que era procedente la solicitud de la defensa”, dijo Rangel.

Sobre el estado de salud de su representado, el abogado detalló que en dos meses de reclusión bajó cerca de seis kilos, resultado de las condiciones de alimentación y descanso dentro del penal. “Estamos contentos porque venía él en una situación de venir bajando de peso. Se venía deteriorando su salud”, expresó.

Rangel indicó que el juez ordenó un plazo aproximado de 48 horas para iniciar el trámite de excarcelación. Estimó que Ruffo Appel estaría en su domicilio de Ensenada hasta el lunes 28 de septiembre, debido a los tiempos que implica el traslado a cargo de la Guardia Nacional.

El abogado precisó que Ruffo Appel no es accionista mayoritario ni tiene funciones de dirección en la empresa

En la misma entrevista, el abogado precisó que su representado no es accionista mayoritario de la empresa señalada en la investigación, identificada por la FGR como Ingemar, firma que señalada por obtener en el 2023 un permiso de la Comisión Reguladora de Energía para importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel. Ubicó la participación económica de Ruffo Appel entre el 39% y el 40% del capital.

Ante la pregunta sobre si Ruffo Appel es tomador de decisiones dentro de la compañía, el abogado fue tajante: “No, no, no, él, él no tiene ni oficina en la empresa”. Con esa respuesta descartó cualquier injerencia operativa de su representado en la administración del negocio.

Estas son las condiciones para el arraigo domiciliario

Rangel confirmó que el juez estableció como condición que Ruffo Appel no tenga comunicación con ninguna de las personas involucradas en la causa. Calificó la medida como correcta, “porque, este, por la propia dinámica de que ahorita estamos en la investigación complementaria, no está cerrada y hay órdenes de aprehensión pendientes de cumplir”.

Sobre las cuentas bancarias de su representado, el abogado precisó que el bloqueo ya lo tiene impuesto la Unidad de Inteligencia Financiera, y que la medida se limita a un solo banco. Señaló que, aunque en la audiencia se había solicitado una garantía económica adicional, el juez no la impuso por la imposibilidad de Ruffo Appel para cubrirla mientras esas cuentas permanezcan congeladas.

Rangel adelantó que la defensa buscará una vía jurídica para que Ruffo Appel tenga acceso a alguna de sus cuentas y pueda subsistir. Confirmó también que la prohibición de salir del país fue una propuesta planteada por la propia defensa, no una condición impuesta por la Fiscalía General de la República.

La restricción para dirigir la empresa se mantiene mientras continúa la investigación complementaria

Respecto a la prohibición de que Ruffo Appel ejerza funciones de dirección en Ingemar, Rangel la calificó también como correcta. Argumentó que, mientras continúe la etapa de investigación, corresponde a la defensa aportar los datos y medios de prueba necesarios para establecer que su representado no tuvo participación en los hechos investigados.

El abogado recordó que Ramírez de la Vega fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria. “Es lo que sigue. Está abierta y la juez original dictaminó seis meses. Ahora nos vamos a abocar a eso”, concluyó Rangel sobre los siguientes pasos del proceso legal.

La FGR libró órdenes de aprehensión contra 25 presuntos integrantes de la red y suma nueve detenidos

Dentro de la causa penal 253/2026, la Fiscalía General de la República identificó a 25 presuntos integrantes de la red de contrabando de hidrocarburos y libró las órdenes de aprehensión correspondientes. Con la vinculación a proceso de Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de Ingemar, el pasado 12 de agosto, suman nueve las personas aprehendidas por el caso de huachicol fiscal ferroviario.

Los nueve detenidos son Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Guillermo de la Peña Rosales, José María de la Peña Ramos, Luis Antonio Barrientos Juárez, Adriana Magali Bárcenas Guillén, José Merino Valdés Cuervo y Guadalupe Hernández Hinojosa.

La jueza Ramírez de la Vega vinculó a proceso a Ruffo Appel, Thompson Navarro, Merino Valdés Cuervo, Chávez Rodríguez y Barrientos Juárez. Con la resolución de este 25 de septiembre, Ruffo Appel dejará el penal del Altiplano para continuar el proceso en su domicilio de Ensenada, mientras Thompson Navarro, Merino Valdés Cuervo, Chávez Rodríguez y Barrientos Juárez permanecen recluidos ahí. De la Peña Ramos y De la Peña Rosales enfrentan el proceso en prisión domiciliaria por sus padecimientos de salud, y Bárcenas Guillén y Hernández Hinojosa cumplen prisión preventiva en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl Sur.

Según la FGR, la red habría cruzado combustible desde refinerías en Texas por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas, declarando apenas 10 mil litros por ferrotanque cuando en realidad transportaba hasta 110 mil. En otros cargamentos, los integrantes de la estructura habrían registrado un producto distinto al hidrocarburo para evadir las obligaciones fiscales.

La fiscal general Ernestina Godoy reveló que la investigación identificó en una primera etapa 162 carros tanque y 4 mil 238 operaciones de importación irregular entre enero y julio de 2025. La evasión de IEPS e IVA sumó más de 106 millones de pesos en una parte de los cargamentos analizados, mientras que el daño total a la hacienda pública superó los 4 mil millones de pesos.

De manera paralela, la FGR rastreó movimientos por más de 3 mil 75de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales y operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares. Las cuentas habrían recibido recursos y los transferían casi de inmediato hacia empresas extranjeras, manteniendo saldos mínimos, patrón que los investigadores identificaron como cuentas puente.