Destituyen a delegado de la FGR en Guanajuato por anomalías en operativo contra presunto huachicol

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta la investigación sobre Gas Natural del Noreste, empresa vinculada al aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, luego del operativo realizado el pasado 17 de septiembre en las inmediaciones de la empresa que derivó, días después, en la destitución del entonces delegado estatal de la FGR, Juan Francisco Vera Ayala.

En conferencia de prensa desde Villahermosa, Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la dependencia aún revisa los permisos de la compañía. Según relató, todo el aseguramiento partió de la delegación de la FGR en Guanajuato, sin intervención inicial de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Además, detalló que la investigación original se centró en el control de entradas y salidas de pipas, las cuales ingresaban al predio sin contar con toda la documentación requerida.

La mandataria precisó que la delegación estatal de la FGR en Guanajuato actuó de manera autónoma en las primeras diligencias. Ninguna fiscalía especializada de la Ciudad de México participó en el arranque del procedimiento.

Sheinbaum relató que la FGR informó al Gobierno federal sobre el caso mientras ella se encontraba en Guanajuato y adelantó que las diligencias continuarían, con posibles detenciones posteriores. Sin embargo, la fiscal general atrajo después el expediente y lo turnó a la FEMDO, luego de que los propietarios del predio afirmaron que contaban con toda la documentación en regla.

Esa unidad especializada ya conducía una investigación más amplia sobre ilícitos con combustible en el país. A partir de esa atracción comenzó el escrutinio detallado del caso.

“Todavía no termina”, afirmó la presidenta sobre el estado del expediente, mientras las autoridades verifican si la operación de la empresa se ajusta a los permisos vigentes o si existe alguna irregularidad.

Omar García Harfuch detalla la cronología del caso y la destitución del delegado

Durante su intervención, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó la cronología del operativo. El hallazgo ocurrió dos semanas antes de que se diera a conocer públicamente, y no derivó de una sola acción sino de dos o tres diligencias distintas.

Harfuch subrayó que el caso no partió de la FEMDO, la instancia que habitualmente conduce los operativos relevantes con detenidos y aseguramientos de hidrocarburo. El origen estuvo en la delegación estatal, con apoyo de informes de la Policía Estatal.

El funcionario explicó que la delegación y la Policía Estatal fueron quienes dieron a conocer el aseguramiento. Fue en ese punto cuando la Fiscalía General de la República detectó observaciones que motivaron la atracción del caso.

García Harfuch confirmó que fuerzas federales participaron desde el arranque de las diligencias. La delegación de la FGR en Guanajuato fue la que abrió la investigación con base en los informes estatales.

El secretario reconoció que, hasta ese momento, no se había podido comprobar que se tratara de huachicol. Por esa razón el expediente pasó a manos de la FEMDO y de la dirección de hidrocarburos, instancias responsables de esclarecer el origen del producto.

Harfuch detalló el motivo de la destitución de Vera Ayala. El equipo de la fiscal general encontró anomalías en el manejo del operativo, entre ellas el hecho de que se informara dos semanas después del hallazgo sin haber verificado toda la documentación.

La Fiscalía General de la República revisa ahora, desde el primer aseguramiento, toda la documentación entregada por las empresas involucradas. Esa revisión busca establecer si existe alguna irregularidad en los permisos de operación.

Antecedentes del caso: del cateo del 17 de septiembre a la postura de Simsa

El operativo original se ejecutó en un predio de la comunidad de La Fragua, en San José Iturbide, tras una autorización judicial. Ahí quedaron asegurados diez tanques de almacenamiento, tres unidades de carga y documentación relacionada con los hechos.

La pesquisa había comenzado meses antes, a partir de la detención de un chofer el 3 de julio en una gasolinera de San Luis de la Paz. Ese conductor no pudo acreditar la procedencia de 33 mil litros de diésel que transportaba.

Esa primera detención derivó en tres órdenes de cateo ejecutadas por la FGR. La segunda diligencia se realizó en un despacho de gas LP en Dolores Hidalgo, y la tercera, la de mayor magnitud, en el predio de San José Iturbide.

El volumen total asegurado en esa tercera intervención se distribuyó en tres tipos de combustible: 33,5 millones de litros de gasolina regular, 7,2 millones de litros de gasolina premium y 18,2 millones de litros de diésel. La cifra equivale a llenar 371 mil barriles de Pemex.

El conglomerado Simsa, operador de la terminal, negó ser propietario del hidrocarburo hallado en sus instalaciones. La empresa sostuvo que su función se limita al almacenamiento de combustible de terceros con permisos vigentes desde 2016.

Gas Natural del Noreste, propietaria de Simsa, afirmó que sus clientes son permisionarios de la Comisión Nacional de Energía. Según la compañía, esos clientes deben acreditar ante la terminal la propiedad y la procedencia legítima de los productos que depositan.

Especialistas en energía consultados por este medio señalaron que este tipo de instalaciones opera mediante contratos de depósito. Los expertos añadieron que el volumen almacenado, por sí mismo, no permite concluir que se trate de combustible de contrabando.

La cifra de 59 millones de litros representa el mayor aseguramiento de hidrocarburo con origen no comprobado en la historia reciente del país. El volumen supera en 35 veces el mayor decomiso de huachicol registrado previamente en Guanajuato, ocurrido en octubre de 2025.

El caso también superó al aseguramiento de 15.480.000 litros realizado en julio de 2025 en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila. Aquella intervención había sido calificada entonces por el gobierno federal como la de mayor magnitud de la actual administración.

La presidenta Sheinbaum también descartó, durante la misma conferencia, que el caso guarde relación con el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel. El expediente continúa centrado en establecer el origen y el destino del combustible asegurado.

García Harfuch adelantó que podrían producirse detenciones conforme avance la investigación. La definición de responsabilidades penales dependerá de si la FGR acredita irregularidades en la documentación revisada.

El caso queda ahora en manos de la FEMDO y de la dirección de hidrocarburos de la FGR. Ambas instancias deberán determinar si Gas Natural del Noreste y sus clientes cumplieron con la normativa vigente o si existió alguna operación irregular con el combustible asegurado.