Trabajadores denuncian presuntas prácticas de Uber para no reportar su salario real ante el IMSS

En México, el trabajo a través de aplicaciones de transporte y entrega se consolidó como una fuente de ingreso para miles de personas durante la última década, siendo Uber una de las empresas más populares. Dicho crecimiento dio origen a una reforma laboral que en 2021 estableció la incorporación de estos trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La reforma laboral buscó que conductores y repartidores tuvieran, al menos, atención médica ante accidentes durante su jornada laboral, y cuando su ingreso supera cierto límite, también pudieran acceder a otros derechos como: vivienda, ahorro para el retiro y guarderías. Es decir, el ingreso reportado por cada persona determina si accede únicamente a esa protección básica o si alcanza el resto de los derechos laborales.

Para que estos derechos funcionen, el ingreso que se reporta ante el IMSS debe reflejar lo que la persona realmente gana. Si el monto reportado es menor al real, el trabajador puede quedar por debajo del límite necesario para recibir todas las prestaciones.

Aunque la reforma simbolizó un gran avance, diversos trabajadores han comenzado a denunciar presuntas prácticas en la plataforma Uber para disminuir los montos que se reportan ante el IMSS, entre las que se encuentran: no contar los incentivos, ni los prepagos, ni las propinas, ni las cuotas de solicitud que cobra la aplicación a la hora calcular cuánto reporta ante el IMSS; lo cual estarían impidiendo a conductores y repartidores acceder al conjunto completo de derechos laborales.

Quienes son los afectados

El esquema funciona de la siguiente manera: existe un primer sector, cuyos ingresos a través de Uber les permiten calificar como empleados y cotizar ante el IMSS; mientras que un segundo sector con ingresos menores, son calificados como trabajadores independientes sin posibilidad de incorporarse al seguro social.

Ambos sectores se ven afectados por la disminución en los cálculos de Uber, pues los trabajadores que sí cotizan, lo hacen con un monto menor y se quedan sólo con la cobertura básica; mientras que los llamados trabajadores independientes, ven aún más lejana la posibilidad de incorporarse al IMSS.

Un informe elaborado por trabajadores de la plataforma, dio a conocer que esta práctica funcionaría como una variante de la subcontratación, un esquema que la reforma laboral de 2021 buscó limitar en México. En lugar de contratar personal externo para evadir obligaciones patronales, la estrategia consistiría en reportar ingresos incompletos para que menos personas alcancen el estatus de empleado.

El resultado sería similar al que buscaba prevenir la ley contra el outsourcing: menos trabajadores con acceso pleno a seguridad social y menores cargas tributarias para la empresa. La diferencia está en el mecanismo, que no depende de terceros contratistas, sino del cálculo del ingreso que se reporta ante el IMSS.

Qué dice la ley sobre estos ingresos

El artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 27 de la Ley del Seguro Social establecen que el salario incluye la cuota diaria, las comisiones y cualquier otro pago relacionado con el trabajo realizado. No se trata solo del pago base: también cuentan los ingresos adicionales que dependen de la actividad laboral.

En 2023, el IMSS emitió el Criterio 02/2023/NV/SBC-LSS-27-IV, que aclaró que bonos, incentivos, comisiones y gratificaciones forman parte del salario base de cotización. La razón es simple: si el trabajador no trabaja, no recibe esos pagos, por lo que están directamente ligados a su labor.

El informe de los trabajadores explica que el contrato de la plataforma define el “monto bruto generado” únicamente como el dinero obtenido por los viajes realizados. Bajo esta definición, quedarían fuera los incentivos y una cuota de solicitud que la aplicación cobra a los usuarios. Las propinas tampoco entrarían, porque provienen directamente de los pasajeros.

Según los cálculos, excluir estos conceptos puede reducir entre 19% y 20% el ingreso que se reporta ante el IMSS. Es decir, 1 de cada 5 pesos que el conductor realmente gana no aparecería en su registro de seguridad social.

Como ejemplo, el informe muestra los recibos de un conductor entre el uno de junio y el seis de julio de 2026. En esas cinco semanas, el monto bruto generado sumó $24 mil 773.76 pesos, mientras que los incentivos y prepagos alcanzaron $3 mil 383.88 pesos. Si esos incentivos se hubieran incluido, el ingreso considerado para seguridad social habría sido 13.7% más alto.

El límite que decide quién accede a más derechos

Para 2026, el límite que separa a un trabajador independiente de uno empleado equivale a $ 9 mil 582.47 mensuales. Quien no llega a esa cifra mantiene solo la cobertura por accidentes, sin acceso a Infonavit, Afore ni guarderías.

Al 30 de junio de 2026, el IMSS reportó 1 millón 663 mil 147 personas trabajadoras de plataformas digitales registradas. De ese total, sólo 237 mil 627 superaron el límite necesario para ser consideradas empleadas. Esto significa que apenas 1 de cada 7 personas registradas accede al conjunto completo de derechos.

Zoé Robledo, titular del IMSS, señaló en agosto de 2025 que 52% de estos trabajadores pertenece al segmento de movilidad y 48% al de entrega. Con base en esa proporción y en estimaciones de participación de mercado, el análisis realizado por los trabajadores calcula que Uber tendría 545 mil 513 conductores y repartidores registrados, de los cuales 77 mil 941 habrían superado el límite mencionado.

El documento aclara que estas cifras son estimaciones, ya que el IMSS no publica datos separados por empresa. El cálculo parte de que Uber tiene al menos 40% del mercado de movilidad y 25% del mercado de entrega, según registros públicos disponibles.

Cuánto dinero está en juego

Para medir el impacto económico, el documento elaborado por los trabajadores usa un salario base de cotización promedio de $13 mil 341 pesos mensuales, reportado por el IMSS para todo el sector. Si se suma un 15% correspondiente a incentivos no reportados, el salario real promedio subiría a $15 mil 342 pesos.

Con estos números, los 77 mil 941 conductores que ya son empleados estarían cotizando poco más de 2 mil pesos menos cada mes de lo que realmente ganan. Multiplicado por el total de personas, esto genera una diferencia mensual de $156 millones de pesos en el monto que debería usarse para calcular las cuotas de seguridad social.

Aplicando una carga patronal de 25%, la omisión relacionada solo con estos empleados equivale a $39 millones de pesos al mes. Esta cifra se mantiene igual en todos los escenarios que plantea el análisis.

El segundo grupo afectado son las personas que deberían ser empleadas, pero quedan fuera del límite porque sus incentivos no se cuentan. Como no hay una cifra oficial de cuántas personas están en esta situación, el documento plantea tres escenarios: 10%, 15% y 20% adicionales sobre los 77 mil 941 empleados actuales.

En el escenario intermedio, 11 mil 691 personas adicionales deberían estar registradas como empleadas. Esto representa una base contributiva mensual de $179. 4 millones de pesos, con $44.8 millones mensuales en cuotas de seguridad social que no se estarían pagando.

Al sumar ambos grupos, el escenario intermedio calcula una omisión total de $83.8 millones cada mes, lo que equivale a $1.006 millones al año. El escenario más bajo estima $826.6 millones anuales, mientras que el más alto llega a $1,185.4 millones.

El análisis también señala que esta práctica podría contravenir el artículo 291-S, fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo, que prohíbe manipular los ingresos reportados para evitar que un trabajador sea clasificado como empleado. De igual forma, citan una posible violación al artículo 27 de la Ley del Seguro Social por reducir la base de cotización real.

Si se considera que 545 mil 513 personas trabajan como conductores o repartidores de Uber, el impacto no se limita a ellas. Con un promedio de 3.6 integrantes por hogar en México, el documento estima que cerca de dos millones de personas podrían verse afectadas de forma indirecta por el menor acceso a prestaciones de seguridad social.