450 multihomicidios en 24 meses: la cifra que contradice el discurso oficial de seguridad en México

México registró más de 450 multihomicidios entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026, según un conteo del semanario ZETA que documentó los hechos en 12 estados del país. Los ataques masivos derivaron de disputas territoriales entre estructuras del crimen organizado y de confrontaciones directas contra autoridades de los tres niveles de gobierno.

El fenómeno se desarrolló durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, un periodo en el que las autoridades federales anunciaron de manera constante la reducción de los delitos violentos en el territorio nacional. Los datos recopilados por el semanario evidenciaron una concentración de episodios mortales en regiones específicas donde operan cárteles y células delictivas.

Guanajuato, Sinaloa y Michoacán encabezan la lista de multihomicidios

Guanajuato, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Tabasco, el Estado de México, Zacatecas, Chiapas, Chihuahua, Querétaro, Veracruz y Jalisco concentraron la mayor densidad de eventos violentos durante el periodo analizado. Campeche, Coahuila, Baja California Sur, Aguascalientes, San Luis Potosí y Quintana Roo, en contraste, registraron la menor cantidad de episodios multihomicidas en los 24 meses revisados.

La violencia en las zonas de mayor incidencia se originó en disputas territoriales entre organizaciones armadas por el control de corredores de transporte, plazas de distribución de estupefacientes y la extracción ilegal de recursos naturales. En Sinaloa, la fractura interna del Cártel de Sinaloa (CDS) enfrentó a la facción de Los Chapitos contra la de La Mayiza y detonó buena parte de los ataques masivos registrados en la entidad.

Las agresiones masivas registradas en el país respondieron principalmente a la disputa entre cárteles por el control de corredores de transporte, plazas de narcomenudeo y recursos naturales en 12 estados. El conflicto también incluyó enfrentamientos directos entre estas organizaciones y fuerzas de seguridad federales y estatales desplegadas en las zonas de mayor violencia.

En la región del Bajío, integrada principalmente por Guanajuato y zonas limítrofes de Querétaro, el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) mantuvo una confrontación constante contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el dominio de vialidades y expendios de bebidas. En Michoacán, el CJNG combatió contra células regionales agrupadas en Los Viagras y el Cártel de Los Reyes, y extendió sus ataques contra mandos y patrullas de las fuerzas de seguridad pública.

En Guerrero, las agrupaciones Los Tlacos y Los Ardillos protagonizaron choques violentos por el asedio a poblados rurales de la Montaña Alta. En Tabasco, células del CJNG se enfrentaron al grupo local La Barredora en zonas urbanas y establecimientos nocturnos de la entidad.

En la frontera sur de Chiapas, el Cártel de Sinaloa y el CJNG disputaron rutas de paso en municipios agrícolas y ejidales. En la Ciudad de México, la violencia homicida respondió a operaciones de La Unión Tepito y de bandas dedicadas a la extorsión y el narcomenudeo, mientras que en Veracruz, Tamaulipas y Sonora se reportaron incursiones violentas del Cártel del Golfo, Los Zetas y el Cártel del Noreste.

La masacre del 22 de febrero de 2026 tras el abatimiento de El Mencho fue la más letal

El episodio de mayor letalidad registrado en el periodo ocurrió el 22 de febrero de 2026 en los estados de Jalisco y Michoacán, tras el operativo de abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del CJNG. Las acciones armadas iniciaron en el municipio de Tapalpa, Jalisco, y se extendieron a diversas zonas de ambas entidades.

El saldo total del hecho ascendió a 88 personas muertas, entre ellas 42 integrantes de fuerzas de seguridad y 46 miembros abatidos de la organización criminal, además de un civil ajeno a los hechos. Entre las víctimas de las corporaciones se contabilizaron 25 elementos de la Guardia Nacional, 15 policías de Michoacán, un agente de la Fiscalía de Jalisco y un custodio penitenciario.

En el poblado El Verde, municipio de Concordia, Sinaloa, las autoridades desenterraron 14 cuerpos de una fosa clandestina el 5 de febrero de 2026. Entre los fallecidos identificaron a nueve de los 10 trabajadores mineros de la empresa Vizsla Silver Corp., privados de la libertad en enero previo.

El 24 de junio de 2025, en el municipio de Irapuato, Guanajuato, 12 personas murieron y 20 resultaron heridas por disparos de arma larga durante las festividades de la Natividad de San Juan Bautista. Las autoridades atribuyeron la agresión a la confrontación entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el CJNG.

Cinco eventos violentos adicionales registraron un saldo individual de 11 personas fallecidas cada uno. El 12 de septiembre de 2024, en Huajicori, Nayarit, 11 jóvenes con indumentaria táctica murieron en un enfrentamiento entre el CJNG y La Mayiza, mientras que el 20 de septiembre siguiente, en Ojinaga, Chihuahua, 11 cuerpos con marcas de violencia física aparecieron cerca de instalaciones eléctricas.

El 7 de noviembre de 2024, en Chilpancingo, Guerrero, 11 integrantes de una familia, entre ellos cuatro menores de edad y dos mujeres, aparecieron sin vida dentro de una camioneta en el Bulevar Vicente Guerrero. El 8 de abril de 2025, en Tecoanapa, Guerrero, otras 11 personas perdieron la vida en un ataque armado que incluyó el incendio de vehículos.

El 25 de enero de 2026, en Salamanca, Guanajuato, 11 personas fallecieron y 12 resultaron heridas en una cancha de fútbol de la colonia Loma de Flores tras recibir más de 100 disparos. El hecho se sumó a la lista de agresiones con saldo de 11 víctimas registradas en el periodo.

Otros cinco episodios sumaron 10 víctimas mortales cada uno en distintas entidades del país. El 9 de noviembre de 2024, un ataque contra un presunto líder del CJNG en el bar Los Cantaritos, en la ciudad de Querétaro, dejó 10 personas muertas y 13 heridas.

En enero de 2025, un enfrentamiento entre cárteles en la sierra de Chicomuselo, Chiapas, provocó más de 10 fallecimientos, y el 17 de mayo de 2026, en Tehuitzingo, Puebla, 10 integrantes de una familia, incluida una bebé de un mes, fueron ejecutados en un rancho de la localidad de Texcalapa. El 18 de julio de 2026, 10 personas murieron suspendidas en puentes y sitios públicos de Pánuco, Morelos, y de Saín Alto, Zacatecas.

El 21 de julio de 2026, las autoridades localizaron de manera simultánea 10 cuerpos con signos de violencia, principalmente colgados, en diversos municipios de Zacatecas. El hallazgo cerró la lista de los episodios con mayor número de víctimas documentados por el semanario en el periodo de 24 meses.

Tijuana y Ensenada concentran los multihomicidios registrados en Baja California

En el estado de Baja California, los ataques mortales se concentraron en sectores urbanos y periurbanos de los municipios de Tijuana y Ensenada entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026. El primer hecho documentado en la entidad ocurrió el 22 de septiembre de 2025 en Tijuana, cuando elementos policiales hallaron tres hombres sin vida en un paraje desértico junto al Bulevar 2000.

Las periciales determinaron que las víctimas recibieron impactos de arma de fuego en un contexto de disputas entre células locales por la venta al menudeo de drogas y el control de accesos hacia la frontera con Estados Unidos. Dos meses después, en noviembre de 2025, un grupo armado ingresó a una vivienda del fraccionamiento Playas de Tijuana y disparó contra los ocupantes, con un saldo de cuatro personas muertas y dos heridas.

El 18 de marzo de 2026, en la delegación de Maneadero, del municipio de Ensenada, cuatro personas murieron a balazos en un terreno rústico cercano a dos planteles de educación básica. Las carpetas de investigación señalaron como posible causa un desacuerdo legal vinculado con la propiedad del terreno donde ocurrieron los hechos.

En abril de 2026, la violencia volvió a Tijuana dentro de una frutería de la colonia Castillo, donde tres personas murieron atacadas de forma directa con arma de fuego. Los informes de las corporaciones de seguridad atribuyeron el atentado a la rivalidad entre células armadas por el dominio de calles para el expendio de drogas.

El 17 de agosto de 2026, en las inmediaciones del Estadio Caliente, en Tijuana, aparecieron los cuerpos de cuatro personas ejecutadas a bordo de vehículos en un lapso de ocho horas. Un quinto cuerpo apareció al día siguiente dentro de otro automóvil, y el 20 de agosto un sexto hombre fue asesinado dentro de una camioneta en el mismo cuadrante.

Las líneas de investigación iniciales vincularon estos crímenes con la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa por el control de actividades ilícitas en la frontera. A escala nacional, el semanario documentó además la colocación de minas terrestres en caminos de Michoacán, el uso de explosivos lanzados con drones en Guerrero y la detonación de coches bomba contra corporaciones policiales.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y corporaciones estatales como la Fuerza Civil de Nuevo León para contener la violencia. La persistencia de ataques contra trabajadores agrícolas, mineros y comunidades indígenas evidenció, según la publicación, la insuficiencia de los esquemas locales de prevención frente al conflicto territorial.