La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) ofreció recompensas de hasta 500 mil pesos por información que permitiera localizar a varias personas reportadas como desaparecidas y a una víctima de secuestro, además de solicitar datos para capturar a un imputado prófugo. Los 11 acuerdos se publicaron el lunes 22 de septiembre de 2026 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y reunieron una bolsa que podía alcanzar 5 millones 250 mil pesos.
La medida buscó obtener información veraz que condujera al paradero de las víctimas y, en los expedientes donde correspondiera, facilitara la identificación, localización, detención y puesta a disposición de las personas probablemente relacionadas con las desapariciones o el secuestro.
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Los acuerdos formaron parte de los mecanismos de investigación y búsqueda de la fiscalía capitalina. La dependencia abrió dos rubros de pago por cada caso: uno por datos que llevaran directamente a la víctima y otro por información que permitiera ubicar a los probables responsables.
Nueve personas desaparecidas y una víctima de secuestro fueron incluidas
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México incluyó en los avisos de recompensa a María Camila Díaz Grajales, Rodrigo Ricardo Rico Fernández, Fernando Bravo Villanueva, Luis Oscar Ayala García, Yanet Zepeda González, David Pineda Rosas, Ariel Espinosa Fuentes, Eduardo Espinosa Fuentes y Ángel Moreno Mosco, quienes habían sido reportados como desaparecidos.
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También solicitó información para ubicar a Santiago García Loaiza, identificado como víctima de secuestro. En ese caso, la búsqueda contempló tanto la localización de la persona como la aprehensión de quienes lo habrían privado de la libertad.
Además de los 10 expedientes vinculados con desaparición y secuestro, la fiscalía pidió apoyo para localizar y detener a Diego Alexander López García, un imputado que permanecía prófugo. El documento no detalló en el material difundido el monto específico asociado a su localización.
Las recompensas por los casos de las víctimas podían ascender a 500 mil pesos cada una. La suma máxima se dividió en dos pagos de 250 mil pesos: el primero para quien aportara datos que permitieran establecer el paradero de la persona buscada y el segundo para quien proporcionara información determinante para identificar, localizar, detener y presentar ante la autoridad a los probables responsables.
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El esquema no planteó un pago automático por cualquier aviso recibido. La información debía ser útil para la investigación, conducir a resultados verificables y contribuir de manera directa a localizar a las víctimas o a las personas presuntamente involucradas en los hechos.
La información pudo entregarse de forma confidencial
La FGJ-CDMX habilitó vías presenciales, telefónicas y electrónicas para recibir datos sobre los casos incluidos en los acuerdos. La atención presencial se ofreció en las oficinas de la Dirección General de Derechos Humanos, ubicadas en República de Cuba número 43, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Las personas que contaran con información también pudieron escribir al correo electrónico recompensas@fgjcdmx.gob.mx o comunicarse al número telefónico 55 5345 5400. La dependencia señaló que los reportes podían realizarse de manera confidencial y protegida.
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Los avisos publicados establecieron que el mecanismo de recompensa se utilizó para ampliar las posibilidades de obtener datos fuera de las diligencias ordinarias de investigación. La información recibida podía ser valorada en cada expediente para determinar si aportaba elementos que ayudaran a conocer el paradero de las víctimas o a avanzar contra los posibles responsables.
La fiscalía ya había empleado este recurso meses antes. El 25 de mayo de 2026 publicó recompensas de hasta 500 mil pesos por expediente para buscar a 29 personas desaparecidas y dos víctimas de secuestro.
En aquella lista apareció el nombre de Ana Amelí García Gámez, joven cuyo paradero se desconocía desde el 12 de julio de 2025. La última referencia sobre ella indicó que había acudido a realizar senderismo al Pico del Águila, en la zona del Ajusco.
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El catálogo de mayo también incluyó los casos de Alondra Valeria García Montealegre y Marco Antonio Balderas García, ambos identificados como víctimas de secuestro. La fiscalía ofreció entonces recompensas para obtener datos sobre su ubicación y lograr la captura de sus captores.
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