
El almirante José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no reportó una sola propiedad a su nombre en su declaración patrimonial 2026, hecha pública el 18 de septiembre tras una desclasificación de emergencia. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno levantó la reserva que mantenía blindados esos documentos hasta el año 2030, luego de que una investigación periodística y la presión de legisladoras del Partido Acción Nacional (PAN) expusieron el doble candado sobre el patrimonio del exfuncionario.
Rafael Ojeda acumuló 17.4 millones de pesos en ingresos y no declaró propiedades
En los últimos 20 años, Ojeda Durán acumuló ingresos por al menos 17,4 millones de pesos, según sus propias declaraciones patrimoniales públicas. A la fecha, el almirante solo reporta deudas por dos créditos hipotecarios y una camioneta a su nombre.
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La declaración no incluye ningún inmueble propio, pese a que Latinus documentó la compra y venta de propiedades realizadas por el exsecretario junto con su esposa, Sandra Luz Laguna Rivera. La ley mexicana no obliga a los funcionarios públicos a revelar los bienes que comparten con sus cónyuges ni los de sus familiares directos.

En 2002, Ojeda Durán y Laguna Rivera adquirieron un departamento de 120 metros cuadrados en la alcaldía Álvaro Obregón por 1,15 millones de pesos, mediante un crédito hipotecario del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM). Esa operación tampoco figura en sus registros patrimoniales públicos.
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En julio de 2013, cuando Ojeda Durán ya ocupaba el cargo de comandante de la Octava Región Naval, su hija adquirió un departamento en la colonia Juárez por 900 mil pesos. El usufructo de ese inmueble quedó en beneficio de Sandra Luz Laguna Rivera.
La casa junto al campo de golf en Lomas de Cocoyoc y las ventas en Guaymas
En 2016, mientras Ojeda Durán era comandante de la Marina y su esposa se desempeñaba como ama de casa, Laguna Rivera compró una finca de 191 metros cuadrados en el Fraccionamiento Club de Golf México, en San Pedro Mártir, Tlalpan, por 5,3 millones de pesos, según antecedentes registrales del Registro Público de la Ciudad de México consultados por Latinus.
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En 2020, la pareja adquirió una casa junto a un campo de golf en el exclusivo fraccionamiento Lomas de Cocoyoc, en el estado de Morelos, por 7,25 millones de pesos. Para esa compra, Ojeda Durán solicitó dos créditos al ISSFAM y al Banco Nacional del Ejército por 1,8 y 4,5 millones de pesos, respectivamente.
Un terreno contiguo a esa propiedad, de dimensiones similares, tuvo un valor comercial de 20 millones de pesos en 2025. Ninguna de estas operaciones aparece declarada por el almirante en sus registros patrimoniales.
En marzo de 2019, a pocos meses de que Ojeda Durán fue nombrado secretario de Marina, él y su esposa vendieron dos propiedades de 326 y 324 metros cuadrados en el municipio de Guaymas, Sonora. El comprador fue su sobrino Fernando Farías Laguna, identificado ese mismo año como presunto integrante de una red de “huachicol” fiscal.
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La FGR no localizó a Ojeda Durán y el PAN exigió publicar sus declaraciones
El 16 de septiembre de 2026, el diario El Universal publicó una investigación del periodista Pedro Villa y Caña que documentó el doble blindaje sobre el patrimonio y el paradero del almirante. La nota reveló además que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró localizar a Ojeda Durán para una diligencia relacionada con el caso Farías Laguna.
Al día siguiente, diputadas federales y locales del PAN exigieron a Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la publicación urgente de las declaraciones patrimoniales del exfuncionario. La dependencia respondió en menos de 48 horas con el comunicado de desclasificación.
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La reserva original se remonta al 1 de enero de 2025, cuando el Comité de Transparencia de la SEMAR bloqueó por cinco años los expedientes patrimoniales de más de 2.000 elementos navales que causaron baja a partir del 1 de octubre de 2024. La institución sustentó esa decisión en el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que permite clasificar como reservada la información cuya divulgación comprometa la seguridad nacional.

El dictamen oficial argumentó que hacer públicas las finanzas del personal naval representaba un riesgo real ante la posibilidad de que integrantes del crimen organizado accedieran a datos sensibles. Bajo ese marco, la declaración de Ojeda Durán quedó bloqueada en Declaranet con el mensaje: “La información que corresponde a esta declaración patrimonial y de intereses se encuentra reservada en términos de las disposiciones legales aplicables en la materia”.
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Expertos en transparencia cuestionaron ese argumento desde el inicio. Excomisionados del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y especialistas advirtieron, según consignó El Universal, que los formatos de declaración patrimonial no contienen datos que afecten la seguridad del Estado mexicano ni información personal protegida constitucionalmente en su versión pública.
Adrián Alcalá Méndez, excomisionado presidente del INAI, señaló al diario que la autoridad competente para revisar la decisión del Comité de Transparencia de la Marina es Transparencia para el Pueblo, el organismo que sustituyó al INAI. El excomisionado recordó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que las declaraciones patrimoniales y de intereses deben ser públicas, salvo los rubros que puedan afectar la vida privada protegida por la Constitución.
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La desclasificación del 18 de septiembre abarcó las declaraciones de 78 funcionarios vinculados a la SEMAR: 69 militares en activo y nueve exfuncionarios, entre ellos Ojeda Durán. La Unidad de Transparencia de la Marina formalizó la solicitud de levantamiento de la reserva el 16 de septiembre ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y el Comité de Transparencia de la SEMAR aprobó el levantamiento.
Según datos consultados de forma exclusiva por Infobae México, Ojeda Durán se encuentra en retiro y no ejerce funciones como miembro en servicio activo de la Armada de México. Un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 1988 establece que todos los exsecretarios de Marina fungen como asesores del Alto Mando por su experiencia acumulada en el cargo.
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Esa función asesora es de carácter honorario y no genera una remuneración adicional. Las percepciones económicas que recibe el almirante corresponden a su jerarquía y a los tabuladores autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no a un nombramiento de la administración actual.

De 2010 a 2017, mientras Ojeda Durán fue subdirector del ISSFAM, ocupó la Oficialía Mayor de la Marina y asumió el cargo de comandante, no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales. La ley no lo obligaba en ese período a revelar esa información.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno subrayó que la publicidad de las declaraciones promueve los principios de transparencia, el acceso a la información pública y los mecanismos de participación ciudadana. Toda la información desclasificada está disponible en Declaranet en versión pública a partir del 18 de septiembre de 2026.
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