Policías de Ensenada son señalados de desaparecer a jornaleros en Maneadero: usaron patrullas y uniformes oficiales para cometer delito

Policías de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Ensenada fueron señalados de participar en la desaparición forzada de tres trabajadores agrícolas de la empresa Viva Orgánica, en Maneadero, en la noche del 20 de agosto de 2026. Los elementos fueron identificados por testigos a bordo de vehículos oficiales, con uniformes, armas y placas, cuando ingresaron a los dormitorios de la empresa y se llevaron a los trabajadores atados de pies y manos.

El hecho se suma a dos casos previos de desaparición forzada con presunta participación policial en la misma región. Los tres episodios acumulan 13 personas desaparecidas, 12 hombres y una mujer, y derivaron en la detención de 13 policías municipales, además de órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.

La noche del 20 de agosto en Viva Orgánica, Maneadero

Poco antes de la medianoche del 20 de agosto, varios hombres que viajaban en vehículos oficiales y civiles ingresaron a las instalaciones de la empresa Viva Orgánica hasta el área de dormitorios. El personal de seguridad privada en la caseta de vigilancia permitió el acceso de los vehículos y luego los dejó salir con los trabajadores atados.

Las personas desaparecidas quedaron identificadas como Jesús Alexandro Sánchez Gerardo y David Alberto Ortiz Quintal, ambos originarios de Mexicali, y José Alfredo Morales Martínez, de Playas de Rosarito. Uno de ellos se comunicó telefónicamente con un familiar antes de desaparecer, y esa llamada motivó la denuncia que inició la búsqueda.

Los testigos declararon que los sujetos portaban uniformes oficiales, armas y placas, por lo que los identificaron como elementos de la Policía Municipal de Ensenada. Las autoridades de investigación recabaron testimonios, videos y fotografías donde se observa a varios hombres armados y uniformados en el interior de las cuarterías.

Los elementos municipales también fueron identificados a bordo de unidades del extinto Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y de la actual Unidad de Respuesta Inmediata (URI). Hasta el 5 de septiembre, un juez liberó una orden de cateo para que la Fiscalía General del Estado (FGE) inspeccionara las instalaciones de la empresa en busca de evidencias.

Una de las líneas de investigación apunta a la venta de drogas dentro de las agrícolas, dado que los desaparecidos tenían varios días que salían de las instalaciones y al regresar solo usaban los dormitorios, comedores y baños, sin presentarse a trabajar. Las carpetas de investigación incorporan esa hipótesis como parte del contexto del caso.

Dos antecedentes previos con policías municipales señalados en Valle de Guadalupe y Maneadero

En febrero de 2024, cinco personas desaparecieron en un terreno campestre conocido como Mi Ranchito. Entre las víctimas figuran Karla Estefanía Soto García, de 32 años; su pareja sentimental, Ignacio Faviel López Méndez, alias el Nacho y/o el Güero, de 37 años; Juan Carlos Barreras Goycolea, de 57 años; y José Ángel Martínez Castillo, alias el Dólar, de 35 años. Las autoridades relacionaron a uno de los desaparecidos con el Cártel Arellano Félix (CAF).

Un agente de la Unidad de Investigación de Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas declaró en ese momento: “En varios asuntos de la Unidad de Desaparecidos están mencionados policías municipales y compañeros nuestros, pero no hay consecuencias para nadie”. La frase expone una percepción de impunidad dentro de las propias filas policiales.

El segundo antecedente ocurrió en marzo de 2025, en la intersección de las calles Tierra Santa y Monte Parnaso, camino hacia Los Olivares, en el ejido El Porvenir, en el Valle de Guadalupe. Policías municipales y civiles vestidos como agentes ingresaron a un rancho y sustrajeron a cinco trabajadores, mientras otros seis fueron detenidos.

Las personas desaparecidas en ese episodio fueron identificadas como Rigoberto Rivera Rangel, Rubén Efrén Ray Ordaz y Ángel “N”, originarios de Sinaloa, así como Josué Fernando Tiznado Vidaca y Juan Edgar Mayorga Pérez, ambos de Tijuana. Ninguno fue localizado.

Ese crimen fue atribuido a un grupo armado del Cártel de Sinaloa que opera en las delegaciones de Maneadero y Valle de Guadalupe, presuntamente dirigido por Leopoldo Lizárraga Ochoa, alias el Polo o el Pantera. Lizárraga Ochoa fue aprehendido en Torreón, Coahuila, en julio pasado.

Los tres casos comparten un patrón: se trata de trabajadores agrícolas alojados en propiedades ubicadas en zonas rurales de Ensenada, donde la vigilancia y las condiciones de seguridad son escasas. Maneadero es una zona dominada por el Cártel de Sinaloa, que controla el trasiego de droga, el narcomenudeo, los permisos de venta de alcohol y el tráfico de personas, según informó Zeta Tijuana.

El director Alejandro Monreal Noriega ordena rotación de mandos y niega declaraciones sobre el caso

Tras la detención del oficial Antonio Cota junto con el Pantera en Torreón, el director de Seguridad Pública, Alejandro Monreal Noriega, inició una rotación de mandos en la delegación de Maneadero. También reforzó los operativos de vigilancia en las empresas agrícolas de la zona.

Monreal Noriega se negó a pronunciarse sobre la participación de sus oficiales en la privación ilegal de la libertad de los trabajadores de Viva Orgánica, con el argumento de que existe una investigación abierta. Sí declaró al medio que instruyó a su personal para colaborar con las investigaciones de la FGE, que encabeza el proceso.

El funcionario explicó que el trabajo de la Policía Municipal es preventivo y detalló los operativos implementados en Maneadero, que se extenderán a las empresas agrícolas de San Quintín. Las visitas de vigilancia a las empresas agrícolas iniciaron en marzo de 2025 y abarcan un total de 23 establecimientos de diversos giros comerciales en los sectores de Maneadero y Esteban Cantú, con un promedio de 6.14 servicios diarios.

La DSPM también proporciona custodia institucional para el traslado de valores destinados al pago de nómina desde bancos hasta las instalaciones de las empresas. Además, distribuyó 33 botones de pánico de forma exclusiva a establecimientos para prevenir robos y asaltos, según declaró la fiscal Elena Andrade.

Los agricultores de la región han solicitado mayor seguridad y prevención al gobierno estatal ante la escalada de hechos violentos. Los familiares y personas cercanas a Sánchez Gerardo, Ortiz Quintal y Morales Martínez mantienen la búsqueda activa y esperan que las autoridades esclarezcan qué ocurrió la noche del 20 de agosto.