Exportaciones agrícolas ganan terreno en México, pero agravan la desigualdad entre mujeres rurales

La agricultura agroexportadora mexicana ha ampliado la presencia de los alimentos del país en los mercados internacionales, pero también ha modificado las condiciones sociales y ambientales de varias regiones rurales. El crecimiento de cultivos destinados al exterior plantea efectos sobre el acceso a la tierra, el agua y el empleo.

México exporta alimentos a más de 190 países gracias a su condición sanitaria, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Estados Unidos concentra la mayor demanda, mientras entidades como Chiapas, Oaxaca y Michoacán destinan parte de sus territorios a producciones orientadas al comercio internacional.

El avance de este esquema afecta con mayor intensidad a las mujeres rurales, quienes enfrentan desigualdades previas por género, lugar de residencia y condiciones laborales. La expansión agrícola puede ofrecer empleo, aunque también reproduce bajos ingresos, falta de protección social y menor acceso a recursos productivos.

Mujeres rurales tienen menor acceso a la tierra y al trabajo remunerado

Las brechas de género atraviesan la actividad agrícola en distintas regiones del mundo, donde las mujeres representan el 43% de la fuerza laboral del sector, aunque solo poseen el 15% de las tierras, según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.

En el país, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estimó en 2021 que había cerca de 323 mil mujeres jornaleras, ocupación suele quedar marcada por la precariedad y por una participación limitada en la propiedad de los terrenos.

Los datos de ONU Mujeres muestran que el 58% de la adultas, adolescentes y niñas rurales realiza trabajo sin remuneración; mientras que el 21% se desempeña como peón, y el acceso a la tierra permanece reducido: el 27% es posesionaria y el 21% ejidataria.

Asimismo, la condición de las trabajadoras agrícolas se vuelve más frágil cuando viven en comunidades alejadas de las ciudades. La exclusión de derechos y oportunidades afecta tanto a quienes cultivan la tierra como a quienes dependen de los sistemas alimentarios locales.

El desplazo de cultivos tradicionales en el noroccidente de Michoacán

La doctora Adriana Sandoval Moreno, investigadora de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estudió estos cambios en una zona del noroccidente de Michoacán, cercana a Jalisco.

Hace casi un siglo, esa área se distinguía por la siembra de granos, maíz, sorgo y trigo. Desde mediados del siglo pasado, los agricultores incorporaron cultivos de exportación, como fresa, arándanos, zarzamora, frambuesa y agave.

La especialista identificó una transición desde los sistemas agrícolas familiares hacia un modelo dominado por grandes empresas trasnacionales. Según su análisis, esas compañías contratan mano de obra con bajos salarios, sin seguridad social ni garantías laborales.

La mayor parte de esas trabajadoras participa en la producción de berries y caña, provienen de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y comunidades purépechas cercanas, aunque también hay profesionistas que no encontraron empleo en sus áreas de formación.

De acuerdo con la académica, el agronegocio se puede definir como un modelo expansivo, acelerado y extractivo. La finalidad de esas redes comerciales se concentra en la ganancia de las grandes empresas y no en las condiciones de quienes trabajan el campo.

El acceso al agua enfrenta a cultivos de exportación y producción nacional

La agroexportación ha priorizado el uso de terrenos y recursos hídricos para los cultivos con mayor capacidad económica. En la región analizada, la producción ganadera y lechera cedió espacio frente al agave tequilero, las berries y el aguacate destinado al exterior.

Sandoval Moreno señaló que hace cinco o seis años se registró un nuevo auge del agave para tequila. Este cultivo necesita cerca de seis años para alcanzar productividad y ya supera las mil hectáreas sembradas, con una expansión que afecta a otras actividades agrícolas y al ganado.

En el caso de las berries, el problema central radica en la disponibilidad de agua sin contaminación. Los productos exportables deben cumplir filtros fitosanitarios, por lo que las grandes compañías consiguen permisos para extraer agua subterránea.

Los pequeños productores y quienes siembran alimentos para el consumo nacional utilizan agua contaminada, de acuerdo con la investigadora. La competencia incluye a Los Reyes, conocida como la capital mundial de la zarzamora, y a municipios dedicados a la fresa, frente a productores de granos y maíz.