Cómo Amílcar Olán usó la notaría del senador Adán Augusto para acreditar los inmuebles que rentó al PJF

El Poder Judicial de la Federación destinó al menos 58 millones de pesos a las cuentas de Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño identificado como amigo cercano de Andrés Manuel López Beltrán —conocido como Andy—, por la renta de dos inmuebles en Villahermosa, Tabasco, entre 2018 y 2026. Los trámites que le dieron a Olán Aparicio el control legal sobre esas propiedades fueron acreditados ante la Notaría Pública número 27 del estado, cuyo titular es el senador de Morena Adán Augusto López Hernández, con quien el empresario mantiene un vínculo documentado de al menos 12 años.

El hilo que une al empresario con el senador no pasa por una sola escritura. En 2011 y en 2023, Olán Aparicio formalizó ante esa notaría sus facultades de arrendamiento sobre los dos predios que después rentó al Poder Judicial de la Federación (PJF), según documentos obtenidos por El Universal.

Amílcar Olán y la propiedad donada que se convirtió en negocio con el PJF

Uno de los dos inmuebles llegó a manos del empresario sin costo alguno. La Notaría 27 dio fe de un contrato de donación gratuita sobre el predio ubicado en Andador Gonzalo Ruiz Ruiz número 108, en Villahermosa, que Olán Aparicio entregó posteriormente en arrendamiento al PJF.

El segundo inmueble, un edificio en Prolongación de Paseo Usumacinta número 1122, fue objeto de un contrato de compraventa también formalizado ante ese mismo despacho notarial. Ambas propiedades conforman el edificio que aloja los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Décimo Circuito del PJF en la capital tabasqueña.

El contrato de arrendamiento VILLAHERMOSACTO01_2025, consultado en la Plataforma Nacional de Transparencia, establece que Olán Aparicio declaró sus facultades de arrendamiento con base en testimonios notariales de 2011 y 2023, formalizados ante la licenciada Adela Ramos López y el licenciado Gonzalo Humberto Medina Pereznieto de la Notaría 27, cuya titularidad pertenece a López Hernández.

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) entregó a El Universal, tras una solicitud de información presentada en junio de 2026, 57 comprobantes de transferencias electrónicas realizadas al empresario entre mayo de 2023 y mayo de ese mismo año. El órgano no proporcionó facturas de todos los meses del periodo.

Los pagos al empresario: de 597,000 pesos mensuales a más de un millón en 2025

Durante 2023, el PJF pagó 597,621 pesos mensuales a Olán Aparicio por renta y mantenimiento del inmueble. La tarifa se conservó en 2024, aunque el OAJ tampoco entregó recibos de febrero a julio de ese año.

En 2025 los montos variaron de forma considerable a lo largo del año. En abril el cobro subió a 1,109,229 pesos; en mayo alcanzó 1,499,581 pesos; en julio bajó a 863,964 pesos; en agosto registró 596,933 pesos, y el resto de los meses se fijó en 723,472 pesos, con 75,400 pesos de cuota de mantenimiento, cifra que se conservó para 2026.

El total de esos 36 meses suma 18,475,894 pesos. A esa cifra se agregan al menos 40 millones de pesos pactados en el primer contrato de arrendamiento firmado en 2018, lo que eleva el monto global a al menos 58 millones de pesos recibidos por el empresario.

Un avalúo de 2023 sobre el inmueble en Prolongación de Paseo Usumacinta fijó el valor de renta mensual en 915,000 pesos. El promedio real que Olán Aparicio cobró al PJF durante tres años fue 300,000 pesos menor a esa cifra, según los registros obtenidos por el diario.

El documento CAI/CAR/006/2024 de la Secretaría Ejecutiva de Administración del PJF autorizó un nuevo contrato con el empresario por 863,964 pesos mensuales, con vigencia de cinco años a partir del 27 de junio de 2024. El contrato desglosa ese monto en 788,564 pesos de renta y 75,400 de mantenimiento.

La Notaría 27, el tercer contrato sin entregar y el perfil de Olán Aparicio

En junio de 2026, el OAJ informó al medio azul que el arrendamiento se extendió hasta diciembre de 2025 y que el 1 de enero de 2026 se suscribió un tercer contrato. El órgano no entregó copia de ese tercer instrumento, pese a la solicitud presentada vía transparencia.

El OAJ también comunicó que “la Administración Regional evalúa desde hace varios meses la posible reubicación a fin de conseguir mejores condiciones de arrendamiento por el mismo o más espacio que el que actualmente se tiene”. La declaración fue incluida en la respuesta a la consulta del medio en junio pasado.

El acuerdo fue suscrito por María Fernanda Casanueva de Diego, Francisco Rodríguez Ramírez y Sergio Rodrigo Navarro Loubet, en representación del PJF. Casanueva de Diego fue señalada en mayo de 2023 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador por haber sido directora general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre 2009 y 2011, cuando Genaro García Luna encabezaba esa secretaría.

La misma notaría acumula señalamientos adicionales. En octubre de 2025, El Universal reveló que ese despacho dio fe de la constitución de empresas con contratos millonarios en dependencias federales, entre ellas Escudero Construcciones, que junto a Constructora Elvic obtuvo un contrato con Pemex por 986 millones de pesos para obras en Tabasco.

Infobae documentó en febrero de 2026 que cinco notarías encabezadas por López Hernández y personas cercanas a él ayudaron a crear empresas que obtuvieron contratos con gobiernos de Tabasco y el federal por un valor de 11 mil millones de pesos, para obras y servicios como trabajos en la refinería Dos Bocas, renta de maquinaria a Pemex y venta de equipo al IMSS-Bienestar. En la Notaría 27 y en la 13, a cargo de su hermano Melchor, se constituyeron 13 empresas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó en su lista negra de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que en la Notaría 27 también se constituyeron CCTI, S.A. de C.V.; Surface Technology y Grupo Consultor de Tabasco, S.A. de C.V. Surface Technology fue identificada por MCCI y Animal Político como parte de La Estafa Maestra, una red de triangulación de recursos públicos de 11 dependencias federales a 128 empresas por 7,760 millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Olán Aparicio no es un personaje nuevo en las investigaciones sobre la red de negocios vinculada a la familia López Beltrán. Infobae publicó en agosto de 2026 que grabaciones filtradas de 2023 lo muestran encargando a su hermano Luis Alberto asociarse con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada a la extorsión y al robo de combustible en Veracruz, según reveló Latinus. El vínculo era Iván Cazarín Molina, alias el Tanque, señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como operador central del cártel en ese estado.

En esos mismos audios, obtenidos también por MCCI, Olán Aparicio refiere instrucciones directas de Gonzalo López Beltrán —conocido como Bobby— para operar el negocio del balasto destinado al Tren Maya y al Tren Interoceánico. “A mí Bobby la instrucción que me dio, literal, fue: ‘Tú tienes que producir 500 mil metros cúbicos de aquí al 30 de noviembre. ¿Cómo le vas a hacer? Ese es tu pedo’”, se escucha decir al empresario en una de las grabaciones, de acuerdo con lo publicado por Infobae.

El perfil de Olán Aparicio también incluye a Portacelis Gas and Oil, una importadora de diésel fundada en agosto de 2024 en Villahermosa cuyo administrador único es Juan Carlos de la Cruz Murillo, identificado como el contador de confianza del empresario. El SAT documentó que esa firma subdeclaró el equivalente a más de 83 millones de litros de combustible importado entre febrero y junio de 2025, en una modalidad señalada como huachicol fiscal, según MCCI.

De la Cruz Murillo aparece además en actas mercantiles como operador de al menos cuatro empresas del entorno de Olán, entre ellas Romedic —que recibió más de 490 millones de pesos en contratos del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI)— y Poyago, ferretera que obtuvo 20 contratos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por 344 millones de pesos, de acuerdo con Infobae.

La relación entre Olán Aparicio y Andy López Beltrán data de al menos 2014, año en que ambos fueron fotografiados juntos en una boda en Villahermosa. El 13 de agosto de 2026, López Beltrán anunció que Estados Unidos le canceló la visa por instrucción de Marco Rubio, secretario de Estado, y Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia, según documentó Infobae.

López Beltrán rechazó los señalamientos en su contra y los calificó como actos políticos sin sustento. La Fiscalía General de la República (FGR) publicó un comunicado el 17 de agosto en el que negó tener “ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria” por delitos en materia de hidrocarburos contra el hijo del expresidente, de acuerdo con la misma cobertura de Infobae.